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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el hostigamiento contra 58 viviendas de disidentes de la administración de Nicolás Maduro y comunicadores sociales, durante los primeros meses del estado de alarma en Venezuela.

Su informe de patrones de violación de derechos civiles durante los dos meses del estado de alarma en Venezuela, publicado el pasado jueves, 21 de mayo, indica que 58 viviendas ubicadas en 19 estados fueron marcadas como «enemigos del gobierno nacional». De los agraviados, 51 pertenecen a partidos políticos, dos son defensores de derechos humanos, cuatro son comunicadores sociales y uno es familiar de un exalcalde (del municipio El Tigre).

Explican que el 28 de marzo, el gobernante Nicolás Maduro pidió, a través del programa La Hojilla de Venezolana de Televisión (VTV),  a los consejos comunales y demás organizaciones chavistas que ayuden a identificar «cualquier lugar sospechoso donde ustedes creen que puede haber un grupo de mercenarios y paramilitares«. Al día siguiente, amanecieron 48 hogares con marcas que las identificaban como opositoras.

Detenidos y asesinados

Provea contabilizó 85 detenciones arbitrarias, de las cuales 22 se hicieron contra trabajadores de la prensa, 11 contra funcionarios públicos o personas vinculadas a la oposición, 12 profesionales de la salud, tres trabajadores de empresas públicas, cuatro defensores de derechos humanos y tres educadores.

Se registraron detenciones arbitrarias contra familiares de personas solicitadas por los cuerpos de seguridad del Estado, como mecanismo de presión para que se entreguen o digan dónde están sus allegados. Ocho detenciones se hicieron contra personas de «perfil diverso», cinco de ellas están relacionadas con el foco de contagio de COVID-19 en la academia de béisbol Valhis Academy.

La organización defensora de los derechos humanos contabilizó 51 personas detenidas en protestas por mejoras de los servicios públicos. Sin embargo, «hay subregistro ya que han ocurrido detenciones masivas sin que quede registro o sin que las personas posteriormente hagan las denuncias correspondientes».

Dos personas fueron asesinadas en manifestaciones, una en Upata (Bolívar) y otra en Mérida. En ambos casos, no se conocen resultados de investigaciones del Ministerio Público.

«Exigimos el cese de la represión, la persecución y el hostigamiento frente a la crítica y un abordaje, diferenciado, participativo, universal y con transparencia en los datos y las cifras de casos, que permitan disminuir las violaciones a derechos humanos en tiempos donde la concertación, la promoción y garantía de derechos es la forma adecuada de enfrentar la pandemia», concluye el informe de Provea.

Persecución en cuarentena

Venezuela se encuentra en estado de alarma desde el 13 de marzo, cuando se anunció la detección de los primeros casos de COVID-19. Cuatro días después, el 17 de marzo, el país entró en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad. Mientras transcurre el «aislamiento social», los ciudadanos deben sortear los retos que implica convivir con las fallas de servicios públicos, situación que se agrava en el interior del país.

El pasado 5 de mayo, fue asesinado Rafael Hernández, de 21 años de edad, mientras protestaba por las fallas del suministro de energía eléctrica. Los vecinos indican a Leonardo Léon, periodista de la región, que los desconocidos dispararon contra las personas que allí protestaban.

El 23 de abril, una protesta por falta de comida culminó con una persona muerta, dos heridos de bala, 10 detenidos y  saqueos a comercios de alimentos en la población de Upata, en el estado Bolívar.