El proyecto de la Ley Orgánica de Aguas fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de 2020 en junio de 2021. Un año y nueve meses después aún aguarda por su segunda discusión en la plenaria, pese a que ya habría pasado por la fase de consulta pública.
Durante la sesión del Parlamento con mayoría del chavismo, este martes 14 de marzo, la fracción de la Alianza Democrática recordó la fecha del primer debate en la Cámara y advirtió que la sanción de la ley es importante para abordar el problema de la escasez de este servicio público en todo el país y que ha desmejorado la calidad de vida de la población.
«El acceso al agua es un derecho humano y nadie en Venezuela escapa a esa realidad (…) Quiero pedir a la Cámara que se agilice ya que está en la agenda legislativa la discusión de esta ley», instó el diputado de 2020, Carlos Melo, durante su intervención.
El parlamentario recordó que en algunas zonas el agua solo llega algunas horas a diario y en otras tarda días y que sobran los motivos por los cuales debe retomarse la discusión de la propuesta legislativa. Pidió un derecho de palabra ante la Comisión de Administración y Servicio, responsable de presentar el informe para su segunda discusión para conocer el estatus del texto legal y exponer su punto de vista.
Ante la petición de Melo, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, ordenó a la mencionada Comisión enviar un informe a la junta directiva con el estatus de la ley.
El proyecto de Ley Orgánica de Aguas unifica en un solo texto la Ley Orgánica de Aguas y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, vigentes desde el año 2007. Fue incluido en la agenda legislativa «básica» de este año junto a otros 27 instrumentos legales.
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El texto aprobado en primera discusión el 8 de junio de 2021, plantea según explicaron los diputados, un sistema de cobro según el cual las mayores tarifas serían canceladas por grandes consumidores tales como los industriales y comerciantes. También se propone mantener el subsidio para el servicio residencial. El texto publicado en la página web de la AN de 25 artículos no detalla cómo sería dicho sistema de cobro.
Durante la primera discusión, los diputados atribuyeron la crisis del agua en Venezuela a una mala distribución, lo cual aseguraron, busca resolver la nueva ley. También se culpó a las sanciones internacionales que impiden la entrada de más recursos al país a fin de que sean invertidos en el mantenimiento de los sistemas de saneamiento y distribución. Se destacó que también se promueve la educación para el uso racional de las aguas.
En su informe del mes de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 107 protestas en comunidades para exigir agua potable, electricidad y gas doméstico. De dichas acciones de calle, 84 fueron específicamente por la falta del líquido.
«Es común que vecinos se vean obligados a pagar valores en moneda extranjera para recibir dotación de agua por camiones cisternas, o tener que recorrer largas distancias para abastecerse de tomas improvisadas, ríos, playas o quebradas. Cabe resaltar que la falta de agua traspasa la esfera doméstica, afectando la prestación de servicios de salud, asistencia médica, actividades académicas entre otras actividades habituales», reza el balance de la ONG.
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Durante la sesión del Parlamento con mayoría del chavismo, este martes 14 de marzo, la fracción de la Alianza Democrática recordó la fecha del primer debate en la Cámara y advirtió que la sanción de la ley es importante para abordar el problema de la escasez de este servicio público en todo el país y que ha desmejorado la calidad de vida de la población.
«El acceso al agua es un derecho humano y nadie en Venezuela escapa a esa realidad (…) Quiero pedir a la Cámara que se agilice ya que está en la agenda legislativa la discusión de esta ley», instó el diputado de 2020, Carlos Melo, durante su intervención.
El parlamentario recordó que en algunas zonas el agua solo llega algunas horas a diario y en otras tarda días y que sobran los motivos por los cuales debe retomarse la discusión de la propuesta legislativa. Pidió un derecho de palabra ante la Comisión de Administración y Servicio, responsable de presentar el informe para su segunda discusión para conocer el estatus del texto legal y exponer su punto de vista.
Ante la petición de Melo, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, ordenó a la mencionada Comisión enviar un informe a la junta directiva con el estatus de la ley.
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Durante la primera discusión, los diputados atribuyeron la crisis del agua en Venezuela a una mala distribución, lo cual aseguraron, busca resolver la nueva ley. También se culpó a las sanciones internacionales que impiden la entrada de más recursos al país a fin de que sean invertidos en el mantenimiento de los sistemas de saneamiento y distribución. Se destacó que también se promueve la educación para el uso racional de las aguas.
En su informe del mes de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 107 protestas en comunidades para exigir agua potable, electricidad y gas doméstico. De dichas acciones de calle, 84 fueron específicamente por la falta del líquido.
«Es común que vecinos se vean obligados a pagar valores en moneda extranjera para recibir dotación de agua por camiones cisternas, o tener que recorrer largas distancias para abastecerse de tomas improvisadas, ríos, playas o quebradas. Cabe resaltar que la falta de agua traspasa la esfera doméstica, afectando la prestación de servicios de salud, asistencia médica, actividades académicas entre otras actividades habituales», reza el balance de la ONG.