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La Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre aprobó, en primera discusión, la Ley de Aguas, que plantea un sistema de cobro según el cual las mayores tarifas sean canceladas por grandes consumidores tales como los industriales y comerciantes y que se mantenga el subsidio para el servicio residencial.

 «El presidente Nicolás Maduro ha planteado el tema de que el pueblo está dispuesto a pagar por los servicios pero que funcionen. Nosotros planteamos una gestión de tarifa del servicio de subsidio cruzado, de manera que no afecte a la población, a los más desposeídos, a la familia, al consumo residencial sino que sean los grandes consumidores, los industriales, los comerciales, quienes soporten la mayor carga de estas tarifas», dijo el diputado William Gil (Psuv) al presentar el proyecto de ley.

 El diputado de la Comisión de Administración y Servicios explicó que el nuevo texto legal unifica las leyes de Agua y de Prestación de Servicio de Agua Potable y de Saneamiento, ambos aprobados en 2007.

Adelantó que en las próximas semanas también será presentado un proyecto de reforma a Ley de Prestación del Servicio Eléctrico y una propuesta de ley sobre seguridad de dicho servicio, ante los ataques, afirmó, que ha sufrido el sistema en los últimos años.

Participación de comunas 

Durante la sesión ordinaria de este 8 de junio en el Palacio Legislativo, Gil aseguró que el problema de escasez de agua existente en Venezuela no «es tan grave» como en otros países.

Atribuyó la falta del servicio, especialmente en la zona norte costera de Venezuela a la mala distribución de las principales ciudades y de la población y a la sequía que gran parte del año azota al territorio nacional. Advirtió que para dotar de agua a Caracas se hacen grandes esfuerzos que implica una sobrecarga en el Sistema Eléctrico Nacional.

Prometió que la nueva legislación busca resolver este problema, con la participación de las Mesas Técnicas de Agua, Consejos Comunales, las Comunas y la nueva Ley de Ciudades Comunales, que está por aprobarse en segunda discusión. Destacó que el texto legal también promueve la educación para el uso racional de las aguas

 «Tenemos un gran reto como Estado y es mejorar el servicio de agua para toda la población, pero estamos acostumbrados en Venezuela a duplicar el consumo per cápita de agua de muchos países de la región. Debe generarse la conciencia en nuestro pueblo para ahorrar el agua potable y que no sea malgastada», agregó.

 La diputada y exjefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari (Psuv), añadió que las sanciones internacionales han afectado la capacidad de respuesta del gobierno venezolano ante el problema de los servicios públicos, especialmente el del agua.

 «No nos acostumbremos a la escasez»

 El diputado José Luis Taly (AD de Bernabé Gutiérrez) intervino para señalar que 95 % de la población venezolana tiene problemas de escasez de agua en sus hogares.

 «No nos podemos acostumbrar a escuchar o decir: por lo menos hoy nos la pusieron una hora. No podemos aceptar que la comodidad de 5 % de la población se convierta en la conformidad de todos los venezolanos. Es necesario regresarle el bienestar y la calidad de vida a la población, a diario vemos a familias enteras haciendo colas para recoger agua del Guaire o de goteros causados por riachuelos en la Cota Mil«, cuestionó.

 También rechazó que las comunidades tengan que hacer esfuerzos por costear cisternas de agua, valoradas entre 30 y 50 dólares, mientras el ingreso mínimo de la población apenas alcanza 4 dólares.

 De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de abril de 2021 se registraron 548 protestas en todo el país, de las cuales 414 fueron por fallas en los servicios públicos, entre ellos la falta de agua potable.