El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, rechazó en un comunicado las inhabilitaciones contra las y los candidatos que aspiran participar en las megaelecciones del 21 de noviembre.
Este lunes 13 de septiembre, a través de un comunicado que colgó en su cuenta de Twitter, Picón menciona los casos de Eduardo Samán, del chavismo disidente; y Leocenis García, de la oposición que hace vida en el Parlamento de mayoría chavista, a quienes no les permitieron inscribirse como candidatos a la Alcaldía de Caracas.
«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», lamentó Picón en un tuit, donde compartió su opinión sobre estas decisiones.
Aseguró que por la «vía de los hechos» las inhabilitaciones políticas dejan de convertirse en penas accesorias a «sanciones principales de hecho«.
Consideró como un agravante que «la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento que el decisor juzgue conveniente activarla, dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional, cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales».
Además de Samán, quien era el candidato de la Alianza Popular Revolucionaria que encabeza el Partido Comunista de Venezuela; el opositor Daniel Cabellos denunció que no pudo inscribir su candidatura a la gobernación del estado Táchira, por lo que el fin de semana declinó sus aspiraciones.
Picón cita la Constitución y resalta que en el caso de Samán y García «anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto, al postularse a un cargo de elección popular, pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debida ni oportunamente notificadas».
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El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, rechazó en un comunicado las inhabilitaciones contra las y los candidatos que aspiran participar en las megaelecciones del 21 de noviembre.
Este lunes 13 de septiembre, a través de un comunicado que colgó en su cuenta de Twitter, Picón menciona los casos de Eduardo Samán, del chavismo disidente; y Leocenis García, de la oposición que hace vida en el Parlamento de mayoría chavista, a quienes no les permitieron inscribirse como candidatos a la Alcaldía de Caracas.
«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», lamentó Picón en un tuit, donde compartió su opinión sobre estas decisiones.
Aseguró que por la «vía de los hechos» las inhabilitaciones políticas dejan de convertirse en penas accesorias a «sanciones principales de hecho«.
Consideró como un agravante que «la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento que el decisor juzgue conveniente activarla, dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional, cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales».
Además de Samán, quien era el candidato de la Alianza Popular Revolucionaria que encabeza el Partido Comunista de Venezuela; el opositor Daniel Cabellos denunció que no pudo inscribir su candidatura a la gobernación del estado Táchira, por lo que el fin de semana declinó sus aspiraciones.
Picón cita la Constitución y resalta que en el caso de Samán y García «anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto, al postularse a un cargo de elección popular, pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debida ni oportunamente notificadas».