José Mascimino Márquez, de 46 años de edad, y quien estaba a cargo del Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción.
Márquez fue apresado en el marco de un operativo contra la corrupción, que comenzó con detenciones desde el viernes 17 de marzo y que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro.
Se le conoce como uno de los jueces más implacables al momento de tomar decisiones contra opositores al gobierno chavista.
Entre los detenidos por decisión de Márquez están el reconocido opositor y miembro de Voluntad Popular, Freddy Guevara, a quien sin respetar su condición de diputado fue detenido; al igual que al periodista y político Roland Carreño, que aún permanece tras las rejas.
El juez Márquez García llegó al poder en el año 2019 y en estos cuatro años dentro del cuestionado sistema de justicia venezolano ha sido uno de los juristas más vengativos a la hora de condenar a los disidentes del oficialismo.
El portal argentino Infobae reseña que, antes de trabajar en el sistema de justicia, Márquezl García laboraba como mesonero en una reconocida venta de arepas de la ciudad de Caracas.
Extraoficialmente se conoció que la detención del juez Márquez García está relacionada por la liberación, el pasado 9 de enero, de un integrante de la megabanda Tren del Llano, llamado Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alias Pelón Cheremos.
La liberación de Cheremos Carrasquel presuntamente habría sido instruida por Mario Aquino, quien era el asistente del Circuito Judicial Penal de Caracas y supuestamente habría enviado un mensaje a través de la red de mensajería WhatsApp al juez Márquez García, para que decretara el juicio en libertad del delincuente, que había sido imputado por tráfico de armas de guerra y otros crímenes.
El 15 de febrero alias el Pelón Cheremos fue recapturado en la sede de los tribunales en Caracas e indicó a funcionarios policiales que pagó 240 mil dolares para conseguir esa medida sustitutiva de libertad.
Además de las detenciones de Freddy Guevara y el periodista Roland Carreño, Márquez García ha operado contra otros disidentes y ha sido ejecutor de las medidas más duras contra la presa política Carla Da Silva, entre los presuntos responsables de la operación Gedeón, y el caso de 12 indígenas pemones detenidos en 2019.
La familia de la presa política Carla Da Silva, detenida el 5 de mayo de 2020 y acusada de ser partícipe de la operación Gedeón, denunció a Efecto Cocuyo en una entrevista realizada en julio del año pasado que el juez José Mascimino Márquez García interrogó a la joven y le pidió que se declarara culpable para «complacer al gobierno», dijo Miriam Marrero, madre de la joven detenida.
Da Silva se negó a aceptar su participación en dicha operación y el juez le habría asegurado que si aceptaba le podría condenar a 20 y no a 30 años de prisión.
Durante sus primeros días en prisión Da Silva fue torturada, le amarraron una bolsa plástica en la cabeza y un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana le daba golpes por las costillas.
La madre de la joven contó que este juez realizó un juicio exprés dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide y les aseguró que «seguía órdenes del Gobierno».
En enero 2020, Márquez García ordenó mantener detenidos a los 12 indígenas pemones que fueron acusados por los ataques a dos bases militares en el estado Bolívar en diciembre de 2019. Entre ellos Salvador Franco, quien falleció en prisión por no recibir atención médica.
La ONG Transparencia Venezuela detalla los cargos que ha tenido este funcionario en la administración pública:
Márquez García también tuvo a su cargo casos contra militares a los que acusó de estar implicados en conspiraciones. Entre ellos destacan el coronel Juan Rodríguez Dos Ramos, «acusado por supuesta conspiración, pese a que tenía orden de excarcelación», destaca Transparencia Venezuela.
También «acordó la privativa de libertad contra Alfredo Saba Peña Díaz, capitán del Ejército, quien laboraba en rampa 4 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar; el mesonero Dany José Castillo García y la azafata Jenifer Carolina Osuna Márquez, adscritos a Miraflores, por presuntamente poseer un kilo 20 gramos de C4″, según la ONG. Esto ocurrió en diciembre de 2020.
Al igual, ordenó detener al político y director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, a quien acusaron de supuesta instigación al odio. Esto ocurrió en julio de 2020, mes en el que también emitió una orden para allanar la residencia de la jueza María Lourdes Afiuni.
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José Mascimino Márquez, de 46 años de edad, y quien estaba a cargo del Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción.
Márquez fue apresado en el marco de un operativo contra la corrupción, que comenzó con detenciones desde el viernes 17 de marzo y que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro.
Se le conoce como uno de los jueces más implacables al momento de tomar decisiones contra opositores al gobierno chavista.
Entre los detenidos por decisión de Márquez están el reconocido opositor y miembro de Voluntad Popular, Freddy Guevara, a quien sin respetar su condición de diputado fue detenido; al igual que al periodista y político Roland Carreño, que aún permanece tras las rejas.
El juez Márquez García llegó al poder en el año 2019 y en estos cuatro años dentro del cuestionado sistema de justicia venezolano ha sido uno de los juristas más vengativos a la hora de condenar a los disidentes del oficialismo.
El portal argentino Infobae reseña que, antes de trabajar en el sistema de justicia, Márquezl García laboraba como mesonero en una reconocida venta de arepas de la ciudad de Caracas.
Extraoficialmente se conoció que la detención del juez Márquez García está relacionada por la liberación, el pasado 9 de enero, de un integrante de la megabanda Tren del Llano, llamado Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alias Pelón Cheremos.
La liberación de Cheremos Carrasquel presuntamente habría sido instruida por Mario Aquino, quien era el asistente del Circuito Judicial Penal de Caracas y supuestamente habría enviado un mensaje a través de la red de mensajería WhatsApp al juez Márquez García, para que decretara el juicio en libertad del delincuente, que había sido imputado por tráfico de armas de guerra y otros crímenes.
El 15 de febrero alias el Pelón Cheremos fue recapturado en la sede de los tribunales en Caracas e indicó a funcionarios policiales que pagó 240 mil dolares para conseguir esa medida sustitutiva de libertad.
Además de las detenciones de Freddy Guevara y el periodista Roland Carreño, Márquez García ha operado contra otros disidentes y ha sido ejecutor de las medidas más duras contra la presa política Carla Da Silva, entre los presuntos responsables de la operación Gedeón, y el caso de 12 indígenas pemones detenidos en 2019.
La familia de la presa política Carla Da Silva, detenida el 5 de mayo de 2020 y acusada de ser partícipe de la operación Gedeón, denunció a Efecto Cocuyo en una entrevista realizada en julio del año pasado que el juez José Mascimino Márquez García interrogó a la joven y le pidió que se declarara culpable para «complacer al gobierno», dijo Miriam Marrero, madre de la joven detenida.
Da Silva se negó a aceptar su participación en dicha operación y el juez le habría asegurado que si aceptaba le podría condenar a 20 y no a 30 años de prisión.
Durante sus primeros días en prisión Da Silva fue torturada, le amarraron una bolsa plástica en la cabeza y un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana le daba golpes por las costillas.
La madre de la joven contó que este juez realizó un juicio exprés dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide y les aseguró que «seguía órdenes del Gobierno».
En enero 2020, Márquez García ordenó mantener detenidos a los 12 indígenas pemones que fueron acusados por los ataques a dos bases militares en el estado Bolívar en diciembre de 2019. Entre ellos Salvador Franco, quien falleció en prisión por no recibir atención médica.
La ONG Transparencia Venezuela detalla los cargos que ha tenido este funcionario en la administración pública:
Márquez García también tuvo a su cargo casos contra militares a los que acusó de estar implicados en conspiraciones. Entre ellos destacan el coronel Juan Rodríguez Dos Ramos, «acusado por supuesta conspiración, pese a que tenía orden de excarcelación», destaca Transparencia Venezuela.
También «acordó la privativa de libertad contra Alfredo Saba Peña Díaz, capitán del Ejército, quien laboraba en rampa 4 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar; el mesonero Dany José Castillo García y la azafata Jenifer Carolina Osuna Márquez, adscritos a Miraflores, por presuntamente poseer un kilo 20 gramos de C4″, según la ONG. Esto ocurrió en diciembre de 2020.
Al igual, ordenó detener al político y director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, a quien acusaron de supuesta instigación al odio. Esto ocurrió en julio de 2020, mes en el que también emitió una orden para allanar la residencia de la jueza María Lourdes Afiuni.