Ya existe en Venezuela una Ley para las Personas con Discapacidad, vigente desde 2006, pero la mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre consideró que debe aprobarse un instrumento legal mejorado que la sustituya.
Este 13 de abril, la Cámara aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas con Discapacidad.
Durante la presentación de la ley, la diputada (Psuv), María Gabriela Vega, destacó el hecho de que para 2006 Venezuela era uno de los pocos países que contaban con un instrumento jurídico en la materia, reconocido por Naciones Unidos, al permitir que el país se suscribiera a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009. La adhesión fue ratificada en 2013.
La ley actual de 96 artículos fue sancionada durante la gestión de Cilia Flores al frente del Parlamento dominado por el chavismo.
Justificación
“Siendo el propósito de la Convención sobre los Derechos Humanos como Estado parte, nos obligó a revisar y adaptar todo el ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales para las personas con discapacidad”, justificó la integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral.
Aseguró que la revisión con miras a la nueva ley se llevó a cabo con la participación de los sectores sociales organizados de todo el país, además del acompañamiento de los organismos del Estado con competencia en la materia.
Entre los nuevos aspectos que contiene la legislación actualizada, Vega destacó la clasificación de los distintos tipos de discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La ley vigente establece solo cinco tipos.
Asimismo, señala, se crea un mecanismo de protección debido a que las personas ven sus capacidades disminuidas a causa de su condición, acceso a los procesos judiciales en igualdad de condiciones mediante la figura de defensores y se amplía el régimen laboral para garantizar su inserción en puestos de trabajo.
Además, se garantiza el acceso de las personas sordas a la educación bilingüe y se crea un consejo interministerial para la atención en materia de salud, vivienda, transporte, turismo, entre otros. Igualmente incluye propuestas de sanciones para quienes incumplan la ley.
Proponen censo nacional y banco de prótesis
La oposición moderada votó a favor de la iniciativa legislativa, no sin antes advertir que pese a contar con una ley vigente, el Estado tiene una deuda con las personas con discapacidad en materia de garantía de sus derechos.
La bancada propuso un censo nacional y la creación de un banco nacional de prótesis auditivas, miembros superiores e inferiores del cuerpo, entre otras, en beneficio de este sector de la población.