Ayuda internacional. La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el decreto de estado de alarma en el estado Aragua, que emitió el Gobierno interino de Juan Guaidó, en una sesión que realizaron virtualmente este jueves 17 de septiembre.
Los diputados explicaron que la modalidad de estado de excepción, más el aval del Parlamento, permitirá solicitar ayuda internacional para reparar los daños dejados por el desbordamiento del río El Limón en la zona metropolitana de Maracay, específicamente en el municipio Mario Briceño Iragorry.
“El decreto contribuirá a que se pueda solicitar la ayuda internacional, que llegue y que no se roben el dinero ni los insumos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la ayuda de organismos multilaterales como lo hicimos con el Bono héroes de la Salud”, prometió Guaidó.
El miércoles 9 de septiembre se registró un nuevo desbordamiento del río El Limón, debido a las intensas lluvias, que afectó a numerosas viviendas de tres municipios, principalmente el Mario Briceño Iragorry.
Versión de la AN: más de 1.000 viviendas afectadas
El artículo 338 de la Constitución establece que se “podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas”.
“Hace 33 años ocurrió una tragedia y este 9 de septiembre se repite, pese que las alarmas se activaron en el parque Henri Pittier el sistema de defensa civil del estado (Aragua) no pudo alertar a los habitantes de las zonas afectadas. Fueron 1.595 viviendas afectadas, 150 totalmente destruidas y hay 322 personas que necesitan se les provea de la tres comidas diarias”, alertó el diputado José Trujillo.
El parlamentario aragüeño subrayó que urge solicitar ayuda internacional dado que tanto el gobierno regional de Rodolfo Marco Torre como el nacional “usurpado” por Nicolás Maduro “se han hecho los locos” con la atención y reparación de los daños. Señalan que la tragedia, aunque no tan grave como la de hace 33 años, es consecuencia de la falta de mantenimiento de la cuenca del río por parte de los gobiernos de turno.
Trabajar con la Iglesia
Otros legisladores denunciaron la ausencia de maquinaria pesada en la zona para remover los escombros, por lo que vecinos con pico y palas se dedican a despejar el paso hacia sus viviendas. El diputado Simón Calzadilla apuntó que el municipio Ocumare de la Costa sigue incomunicado por esa razón.
A fin de garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos y que llegue a quien más lo necesita, el diputado por Aragua, Ismael García, propuso trabajar de forma coordinada con instituciones de la zona como la Iglesia católica. Asegura que ello también impedirá la politización de la ayuda.
Los diputados también alertaron que la parte sur de Maracay también es amenazada por un posible desbordamiento del Lago de Valencia (Carabobo).
El decreto prorrogable por 30 días, a partir del 16 de septiembre, pide a los cuerpos de seguridad “abstenerse” de impedir el trabajo voluntario de quienes acudan a las zonas afectadas para asistir a la población. Se advierte igualmente que por ser una medida de carácter especial y no excepcional no implica supresión de garantías constitucionales.
Inicio del año escolar
Como último punto de la agenda legislativa de este jueves, la plenaria aprobó un acuerdo en rechazo al inicio “improvisado” del año escolar 2020-2021 , con la exigencia además, de mejores salarios para los educadores del país.
“Los anuncios del régimen de Maduro con respecto al inicio del año escolar son improvisados y contradictorios, primero se habló de iniciar el año en enero de 2021, luego en octubre bajo el esquema del 7+7, después que si era el 15 de septiembre y ahora a distancia en octubre con los colegios abiertos como centros de atención, obviando los bajos salarios de los docentes y el deterioro de la infraestructura”, fustigó la diputada Bolivia Suárez.
Cuestionó que el docente que más gana (grado 6) en el país tiene un salario fijado en apenas 769.304 bolívares, mientras que un educador de categoría uno percibe solo 665.905 bolívares mensuales.
Advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro adeuda 280% de aumento salarial por contratación colectiva a los educadores, porcentaje que sube a 700% si se suman las incidencias desde 2018.
Evalúan bono para educadores
Los diputados condenaron que se intente obligar a los maestros a retornar a clases sin las herramientas necesarias para desempeñar su labor, tales como teléfonos inteligentes o computadores, a ello se añade que muchos carecen de servicio de Internet por la mala conexión y por no tener cómo pagarlo.
La plenaria exhortó a que se evalúe el regreso presencial a clases, solo cuando el COVID-19 esté controlado en el país y que se aproveche ese tiempo para el rescate de la infraestructura educativa.
Guaidó reiteró que está en evaluación el bono para los maestros así como se logró con los médicos y demás trabajadores de la salud a quienes ya se les hizo efectivo un primer aporte de 100 dólares, que percibirán hasta noviembre para un total de 300 dólares.