Los males del sistema judicial venezolano van desde su absoluto control por parte del Poder Ejecutivo, la corrupción, hasta la situación precaria en la que se encuentran los trabajadores tribunalicios.
Estos aspectos fueron abordados por expertos y gremios en el foro virtual Violación de Derechos Humanos en el Sistema Judicial Venezolano, este viernes 5 de marzo.
En el evento organizado por la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv) y el Frente Amplio Profesional, participaron la abogada y directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, el también abogado y diputado de 2015, Rafael Veloz, la secretaria de organización del gremio de abogados del estado Anzoátegui, Luisana Trías, entre otros.
Los expertos enfatizaron en que mientras no se restablezca la democracia y el Estado de Derecho en el país, será bastante difícil rescatar la administración de justicia.
Corrupción
De Freitas reiteró durante su intervención que la gran causante de la emergencia humanitaria compleja es la corrupción y la impunidad reinante en el sistema de justicia, patrón identificado desde hace 17 años.
Destacó que los ilícitos alcanzan un entramado en 69 países del mundo, algo que resaltó, es visto con asombro en el exterior. La ONG detectó 108 casos de corrupción abiertos en los tribunales y fiscalías de 21 países.
Apuntó que el daño patrimonial detectado alcanza 30 mil millones de dólares, lo que representa 30% de 89 casos. Estados Unidos encabeza la lista de casos de corrupción confirmados con 41, mientras que en países como Argentina se registran seis.
“Hugo Chávez se dio a la tarea de financiar gobiernos afines y partidos de otros países, una práctica que no es aceptada aquí ni en el exterior”, advirtió.
Indicó que a mediados de este mes, un grupo de especialistas presentarán una propuesta de rescate del sistema judicial, partiendo del hecho de que en algún momento la democracia y el estado derecho serán restablecidos y debe haber un plan listo para ser aplicado, con el fin de que el sistema de justicia comience a funcionar con independencia y autonomía.
Propuestas
Desde Transparencia Venezuela se propone el desarrollo de una institucionalidad anti impunidad con la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Venezuela, un sistema de justicia anticorrupción nacional y una unidad de recuperación de activos.
Resaltó que estas iniciativas han sido aplicadas en países que han salido de guerras como Yemen y en Guatemala. Apuntó que son cambios que requerirán aprobación del Poder Legislativo, en vista de que el sistema de justicia anticorrupción nacional, con tribunales de salvaguarda y fiscalías anticorrupción no cumplen con sus funciones.
Luisana Trias, por su parte, subrayó que la administración de justicia en Venezuela enfrenta serias dificultades desde 2002, cuando por ejemplo fueron violados derechos laborales masivos de 2.500 trabajadores de Pdvsa despedidos por Chávez y no se respondió a las demandas y reclamos.
Denunció que en 2012 fue aprobada una nueva Ley Orgánica del Trabajo a partir de la cual el Ejecutivo “implementó la destrucción del valor del trabajo como un hecho social”.
“Se da pie a una proliferación de despidos injustificados, se asfixia al patrono, se destruye el aparato productivo, la hiperinflación hace estragos, todo ello trajo el empobrecimiento del ciudadano.
“No tenemos Estado de Derecho, vivimos en un estado fallido donde no hay respuesta a los venezolanos en sus demandas. No hay acceso a la justicia, lidiamos a diario con la denegación de justicia, porque el sistema de justicia se basa en intereses políticos y no en los intereses del colectivo”, rechazó.
Señaló que la consecuencia directa de ello es una situación de indefensión que no solo afecta a la ciudadanía en general sino a los trabajadores del sistema de justicia.
Denunció que las condiciones en los palacios de justicia son precarias y que los trabajadores tribunalicios carecen de los instrumentos necesarios para prestar servicio.
Además, están los salarios que ni siquiera alcanzan para las necesidades básicas, beneficios laborales inexistentes, el acoso laboral y la persecución.
“Los abogados han perdido el respeto, no son atendidos en los palacios de justicia, son humillados y vejados, se les coarta el derecho a defender a sus clientes. Es una situación muy delicada, el régimen parece que trata de cerrar las compuertas. Debemos rescatar el estado de derecho para que la justicia pueda llegar de nuevo a cada venezolano. Retrocedimos 60 años y será arduo levantar el sistema judicial en un proceso de transición”, advirtió.
Más denuncias
Los abogados participantes denunciaron que por la falta de personal en los tribunales hay personas ejerciendo multitareas, como escribientes cumpliendo funciones de asistentes.
Otros trabajan en los tribunales en las mañanas y en la tarde venden golosinas y alimentos dentro de las mismas instalaciones, o en cualquier espacio, para poder subsistir.
Señalaron, además, que no son provistos de protección contra el COVID-19, lo que ocasionó que en Apure se presentaran cuatro casos y que hubiera una protesta de los trabajadores, a quienes se le abrieron expedientes por negarse a trabajar en esas condiciones.
“Hace dos o tres años no se presentan cifras de casos atendidos al Tribunal Supremo de Justicia porque serían alarmantes. El sistema judicial es totalmente controlado por el Ejecutivo que marca la pauta con respecto a las decisiones, la fabricación de expedientes y simulación de hechos punibles”, dijo el abogado Emilio Negrín.
El diputado de 2015 y expresidente del Colegio de Abogados de Caracas, Rafael Veloz, señaló que la corrupción ha penetrado todos los estratos del sistema de justicia, por lo que no existe garantía de ella.
También denunció que la jurisdicción militar insiste en juzgar a civiles por motivos políticos pese a que la Constitución lo prohíbe.
Advirtió que la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho pasan por un cambio político en Venezuela y que este solo será posible si se logran elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Llamó a la unidad de todos los sectores en esta lucha y pidió no caer en el chantaje de nuevas elecciones sin garantías.
“Esas elecciones de alcaldes y gobernadores son el señuelo para hacer ver que aquí hay democracia, pero lo que se debe seguir exigiendo son presidenciales y parlamentarias libres”, sostuvo..