El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Apenas tome posesión este domingo 7 de agosto está previsto que se ponga en marcha una agenda conjunta para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reactivación de la frontera entre ambos países.
Al retornar los embajadores a Caracas y Bogotá queda sin efecto la estructura del Gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, aunque el encargado de negocios designado por el líder opositor, Eduardo Battistini, aseguró a Efecto Cocuyo que en su caso, espera permanecer en el vecino país para brindar orientación y apoyo legal a la migración venezolana.
Pero no solo se trata del equipo del interinato, en territorio colombiano también se encuentran dirigentes políticos como Julio Borges, de Primero Justicia, (PJ) y Gaby Arellano, exmiembro de Voluntad Popular, que huyeron producto de la persecución política.
Además, militares que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y expresos políticos, entre quienes reina la incertidumbre al no saber cuál será el comportamiento del nuevo gobierno neogranadino con respecto a los exiliados.
Battistini apuesta a que Petro no se prestará a la persecución política, pero sí teme que la administración de Maduro «infiltre» agentes para hostigar a los exiliados.
«No me voy de Colombia»
«Yo no me voy a ir de Colombia, tenemos una responsabilidad con los migrantes venezolanos, calculados ya en 2,4 millones de venezolanos, de no dejarlos solos. En el último mes hemos logrado acuerdos para el reconocimiento de 67.000 títulos universitarios de manera gratuita, mientras en Venezuela una apostilla puede llegar a costar 600 dólares; además de asesorías legales, acuerdos con empresas privadas para empleabilidad», expresó Battistini, vía telefónica.
El exconcejal de PJ advierte que el hecho de que se reabran los consulados no quiere decir que los problemas de los venezolanos en el exterior vayan a ser resueltos o que tendrán acceso a sus documentos de identidad. Recordó que en países como Chile y Perú abundan los reclamos de criollos por falta de pasaporte.
El actual encargado de negocios ante Colombia fue designado en agosto de 2021. Sustituyó al representante de Guaidó en ese país, Tomás Guanipa, quien renunció para incorporarse a la delegación de la oposición que asistiría a la mesa de negociaciones con el gobierno de Maduro en México.
Reveló que de manera privada han sostenido reuniones con representes de Petro y aspiran a que una vez asuma el poder se establezca un canal de comunicación permanente, basado en el respeto.
«Restablecerá relaciones con Maduro, pero hay otra parte que quiere ser escuchada, que reclama elecciones libres para recuperar la democracia en Venezuela. Petro tiene una oportunidad histórica de acompañar la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos», dijo.
Carlos Paparoni y José Manuel Olivares son otros de los diputados de 2015 que se encuentra en el vecino país. En 2019 tras el intento fallido de entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, a través de la frontera colombo venezolana, se habló también de la deserción de 411 militares de la Fanb, entre ellos guardias nacionales, para solicitar refugio en territorio colombiano.
Alerta
Entre otros exiliados políticos, se cuentan además el exlíder estudiantil del Táchira, Pablo Parada, quien declaró a Bloomberg que se siente «muy inseguro» en Colombia tras el triunfo de Petro por sus nexos con Maduro. No duda que el gobernante venezolano pedirá al sucesor de Iván Duque «la entrega» de miembros de la resistencia venezolana y militares.
No está claro si los políticos seguirán en el vecino país, pero expresos políticos y exmiembros de la Fanb sí han expresado su deseo de abandonar Colombia ante la llegada de Petro al poder. El capitán del Ejército (desertor y expreso político), Ányelo Heredia, expresó al mencionado medio su preocupación por quienes carecen de recursos para irse a otro país.
Battistini espera que así como Petro declaró que dará continuidad al Estatuto Temporal de Protección (ETP) para venezolanos en Colombia, el cual ha sido aprobado para 1.511.004 connacionales a la fecha, también se niegue a perseguir y deportar a exiliados políticos si el gobierno venezolano se lo pide.
«Confiamos en que Petro no cometerá ese tipo de acciones, lo que sí hemos alertado y nos preocupa es que el régimen de Maduro infiltre en Colombia agentes del Sebin y de la Dgcim para hostigar a los exiliados políticos. Temo por alguna extracción irregular del territorio colombiano porque ha ocurrido anteriormente», alertó.
En febrero de 2021, se denunció que el primer teniente del Ejército, Franklin Alfredo Caldera Martínez, fue capturado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cúcuta y entregado a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Es lal alerta que yo puedo elevar, no por el gobierno de Petro sino por el de Maduro», acotó Battistini.
El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa, solicitó este 4 de agosto a la Fiscalía, orden de captura contra Borges, además de una solicitud de extradición y alertas internacionales.
El Tribunal, que condenó a 17 personas, entre ellos tres militares y el diputado de 2015 Juan Requesens, por el intento de magnicidio contra Maduro en 2018, espera que Borges responda por supuestamente ser autor intelectual del atentado en la avenida Bolívar de Caracas.
Caso Monómeros
En lo que sí parece que colaborará Petro con Maduro es en la «recuperación» de la empresa colombo venezolana Monómeros, envuelta en un escándalo de corrupción. Diputados de la Comisión de Contraloría de 2015 dan por hecho que la filial de Pequiven será «devuelta» al control de Miraflores, por lo que al menos esperan que la Fiscalía colombiana investigue los ilícitos denunciados y castigue a los responsables.
El 21 de julio, la Comisión de Contraloría aprobó un informe en el que recomiendan a la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Guaidó, declarar la responsabilidad política del actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea y de la presidenta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho. Esta última por no actuar para la reestructuración de la directiva de la empresa.
Battistini admitió que es muy poca la información que posee sobre la situación del activo venezolano bajo el control del interinato desde 2019. Omitió comentar si era parte de los temas tratados con el equipo de Petro.