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A un año de la llamada masacre de La Vega, en la que fueron asesinadas 23 personas tras un operativo policial de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), la comunidad organizada y ONG denuncian lel «silencio absoluto» por parte de las autoridades y una «impunidad escandalosa».

Un informe presentado por el Centro Gumilla, Provea y Lupa por la Vida sobre los hechos, a propósito del primer aniversario, señala que para entonces el director de las Faes, José Miguel Domínguez, reportó 17 personas fallecidas, producto del operativo hasta la tarde del 8 de enero. Pero los testimonios recogidos entre familiares y vecinos, por parte de los activistas de derechos humanos, indican que fueron asesinadas 23 personas, todas civiles; ningún funcionario policial resultó muerto.

Las versiones también apuntan a que se trató de presuntas ejecuciones extrajudiciales, dado que las víctimas no estaban en la confrontación ni vinculadas a las bandas.

«La casi totalidad de las 23 personas asesinadas fueron primero detenidas y asesinadas o delante de sus familiares o en lugares cercanos a los sitios donde fueron detenidas. Algunas de las personas que sufrieron ejecución extrajudicial fueron fotografiadas antes vivas por los funcionarios policiales», se deja sentado en las conclusiones del informe titulado A un año de la masacre de La Vega, responsables deben rendir cuentas ante la justicia.

 Exhorto al Ministerio Público y Defensoría 

El coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, advierte que no se tiene conocimiento de investigación alguna sobre los hechos y menos sobre sanciones. Subraya que se trata de la mayor cantidad de víctimas en un operativo de seguridad en los últimos 50 años.

Solicita que se investigue a la exministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez (hoy alcaldesa de Caracas), quien para enero de 2021 dirigía los cuerpos policiales del país. También al director de las Faes por encabezar el operativo en La Vega.

Recuerda que en el compromiso entre el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan (3 de noviembre), se acuerda investigar y castigar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo que insta a cumplirlo.

«Exhortamos al Ministerio Público, a usted Tarek William Saab a que investigue la masacre de La Vega. A usted defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz para que exhorte al MP a investigar y sancionar, que se identifique en detalle a las víctimas y se indemnice a los familiares. No a la impunidad ni la criminalización de los jóvenes en los barrios pobres de Venezuela», reclama Alvarado.

Identidad de víctimas

 En el informe de las ONG se identifica como víctimas de la masacre de La Vega a Yerikson José García Duarte de 32 años; Ángel Jesús Palma Martínez de 27 años; Giovani Daboín Palma Martínez de 32 años; Raúl Antonio Lira Sánchez de 25 años; Néstor Duarte; Eglis Rivas de 25 años; Richard Alfonso Francia de 29 años; – Wilfredo José Naranjo Roca de 38 años; Luis Alejandro Ramírez Muñoz, Carlos Alfredo Hernández Hurtado y Jonathan Efrén Durán González, los tres de 17 años.

Asimismo, el escrito recoge los nombres de Nelson Enrique Villarta Talima 49 años; Jefferson José Moreno Plazola de 28 años; Julio Alexander Pino Moreno de 23 años; Richard Alejandro Chile Cabello de 19 años; Eliézer Rafael Martínez Rojas de 23 años; Richard de Jesús Briceño Fernández de 23 años; Jesús Duque de 20 años y otros dos jóvenes de 17 años, Pablo Duque y Jonathan Useche.

De las víctimas, el informe destaca la muerte de los hermanos Ángel Jesús Palma Martínez  y Giovani Daboín Palma Martínez, quienes fueron detenidos y ejecutados en la vivienda número 124, ubicada en la Calle Zulia, sector Los Naranjos de Los Paraparos. Las versiones indican que nueve funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron sin orden judicial a la casa a las 11:00 p.m. del 8 de enero de 2021 y sentaron a los hermanos y a dos hombres (tío y un vecino) en un mueble de la sala de la casa. Tras tomarles fotografías, les habrían disparado.

También se mencionan con nombre y apellido a 18 funcionarios policiales que actuaron en el operativo. «Una investigación seria e independiente debe establecer la posible responsabilidad de la exministra, así como de la directiva para ese momento de la Policía Nacional Bolivariana y cada uno de los funcionarios señalados en este informe. Igualmente debe investigarse a los funcionarios del Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) y del Cicpc desplegados en dicho operativo», reitera el escrito.

Exigen respeto y justicia

En el documento también se exige a la Fiscalía garantizar protección a los testigos claves y familiares de cada una de las víctimas y a la Defensoría a acompañarlos. Se denuncia que a la fecha, no han sido llamados a declarar sobre los sucesos.

 Entre las recomendaciones se insta igualmente a «disolver las Faes de la Policía Nacional Bolivariana por su amplio prontuario de graves violaciones a los derechos humanos tal como lo han recomendado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet».

 En nombre de la comunidad organizada, el sacerdote, José Alfredo Infante, quien dirige la parroquia eclesiástica de San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández de la parte alta de La Vega, también exige respeto, que se investiguen los sucesos y se sancione a los responsables.

 «Sobre estos hechos hay una impunidad escandalosa y entre los familiares heridas abiertas y miedo a denunciar, dada la inexistencia de un estado de derecho que coloca en absoluto desamparo e impunidad a la población, especialmente a los jóvenes, a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser de barrios populares», expresa.