Todavía no era mediodía cuando tres agentes vestidos de negro entraron en la sala de los Duque, se llevaron a Jesús y Pablo, los encerraron en la casa vecina y les dispararon a quemarropa. El calendario marcaba el 8 de enero de 2021. El eco de las balas retumbó en los callejones de la parroquia La Vega, al oeste de la capital de Venezuela.
Jesús Duque recibió un tiro certero en el centro del pecho y dos de los hombres se lo llevaron envuelto en una sábana. Pablo Duque salió sobre la espalda del otro, con los pulmones perforados por dos proyectiles, ahogándose en su propia sangre. El primero tenía veinte años y estudiaba en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. El segundo acababa de cumplir diecisiete y no había terminado el bachillerato.
Sharon Duque recuerda la muerte de sus hermanos como una cruel película que se reproduce una y otra vez en su cerebro. Los funcionarios no se identificaron, pero el parche en sus brazos los delataba como parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). También intentaron llevarse a un niño de doce años, que arrastraron desde debajo de su cama. Cuando se dieron cuenta de que el aterrorizado chiquillo no llegaba a la edad de trece, lo miraron con desinterés.
“Arranca de aquí”, le dijeron.
La denuncia que Sharon dejó al día siguiente en el Ministerio Público se convirtió en una serie de papeles sin ubicación ni destino. Para el 4 de enero de 2022, Duque no ha visto los expedientes y en Fiscalía no le han ofrecido ninguna respuesta sobre el caso.
“Mis hermanos no tenían nada que ver con los malandros. Pero ellos no preguntaron, ni vieron las cédulas: se las quitaron y las tiraron al suelo”, explicó Sharon a Efecto Cocuyo.
Entre el 8 y el 9 de enero de 2021 se llevó a cabo un operativo policial en la parroquia la Vega que dejó como resultado 23 muertos por armas de fuego, de acuerdo con Provea. En ese entonces, organizaciones defensoras de derechos humanos lo llamaron una “política de exterminio en los barrios”.
A un año de lo ocurrido, ningún agente de las Faes ha sido juzgado por organismos venezolanos, según el informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales”, presentado por la ONG el pasado diciembre. Familias enteras siguen pidiendo justicia.
Provea registra 23 muertos en masacre de La Vega e insta al Defensor del Pueblo a pronunciarse
Las víctimas
Hace dos siglos, La Vega era un tranquilo pueblito con una larga historia de indígenas y esclavos traídos de África. Sin embargo, desde 1907 comenzaron a instalarse allí obreros del interior de Venezuela e inmigrantes, atraídos por la posibilidad de emplearse en Caracas. Décadas después, la falta de planificación convirtió el lugar en una laberíntica serie de barriadas y una de las zonas más pobres de la capital, donde el crimen organizado encontró un espacio para operar.
A principios del año pasado, habitantes de La Vega afirmaron haber visto civiles portando armas en las calles aledañas. De acuerdo con los reportes de las autoridades, los hombres pertenecían a la banda de El Vampi, El Garbis y de Carlos Luis Revette, alias El Coqui, quienes controlan la cercana Cota 905. Esta versión aseguraba que ellos pretendían tomar la parroquia.
El 8 de enero, más de trescientos funcionarios policiales de las Faes recorrieron las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas, intentando encontrar a los presuntos integrantes de las bandas. Entraron en las casas sin ordenes judiciales y sacaron a varios hombres jóvenes, para luego ejecutarlos sin mediar palabra, según los testimonios de familiares. Para justificar las muertes, les dejaban un revolver entre las manos a los cadáveres y así capturaban una foto o dos.
A otros se los llevaron y sus padres o hermanos tuvieron que buscarlos días después en la morgue, donde los encontraron sin pertenencias de valor y ropas que no eran suyas.
Al suceso se le llamó “La masacre de La Vega”, y fue condenado por asociaciones nacionales e internacionales. Entre algunas de las víctimas identificadas por Provea se encuentran Richard Alejandro Chile Cabello (20), Julio Alexander Pino Moreno (23), Yeferson José Moreno Plazola (28), Ángel Jesús Palma Martínez (27), Guiovani Daboín Palma Martínez (32), Raúl Antonio Lira Sánchez (25) y Yenkson José García Duarte (32).
Los residentes del lugar explicaron a los medios de comunicación que no todos los asesinados llevaban una cuenta de crímenes. Algunos de ellos trabajaban en distintos oficios y tres eran menores de edad, de entre 16 y 17 años, que habían abandonado el bachillerato.
“La impunidad es muy grande. Los casos no avanzan, algunas familias también quedaron muy temerosas a denunciar por miedo a que ellos (las Faes) vuelvan y le hagan daño a otro familiar”, indicó Aracelis Sánchez, directora de Orfavideh, a Efecto Cocuyo.
Aquellos que sí denunciaron quedaron atrapados en la burocracia de los entes del estado. Ni el fiscal de la república, Tarek William Saab, ni el mandatario Nicolás Maduro han mostrado el menor interés en comenzar una investigación sobre los hechos de la La Vega.
Sánchez indica que la Faes también arrestó a personas en la vía pública de forma arbitraria. Actualmente, Orfavideh lleva el caso de dos jóvenes de La Vega que fueron liberados a mediados de año. Si bien deben presentarse mensualmente en tribunales, se llevaron una sorpresa cuando acudieron la primera vez y les indicaron que ninguno de los dos tenía un expediente abierto.
“Parece que nunca estuvieron presos. Es una completa irregularidad”, explicó Sánchez.
Violencia patrocinada por el Estado
En febrero de 2021, Amnistía Internacional (AI) solicitó a la Corte Penal Internacional investigar los fallecimientos registrados en la masacre de La Vega. No obstante, el de enero de 2021 no fue el primer despliegue de violencia descontrolada por parte de las Fuerzas Armadas Especiales. Desde que fueron creadas en Venezuela por el gobierno de Maduro, en abril de 2016, han sido el objeto de graves críticas de parte de instituciones que abogan por los derechos humanos.
Caracterizadas por una política de “disparar y luego preguntar”, se les atribuye cientos de muertes extrajudiciales. Entre 2020 y 2021 se desplegaron en Petare, una de las barriadas venezolanas de mayor extensión. Los operativos en el lugar se mantuvieron por meses, donde también resultaron asesinados o encarcelados una docena de jóvenes.
Operativos en Petare y Cota 905 recuerdan a las cuestionadas OLP de hace 5 años, afirman defensores de los DD. HH.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2021 “se contabilizaron 2.332 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 8,6 víctimas por cada cien mil habitantes”.
Provea ha contabilizado 27.000 venezolanos y venezolanas asesinados entre 2010 y 2020, siendo las Faes y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), los que tienen mayor responsabilidad según la ONG.
Intento de pedir justicia
El 29 de octubre de 2021, Varias ONG y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos se reunieron frente a la sede del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, para exigir que sus denuncias fuesen escuchadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que en pocos días tenía pautado visitar Venezuela.
La protesta duró al menos tres horas y varios de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en La Vega se encontraban en el lugar. Sus historias mostraban características similares: hombres pobres, sacados por la fuerza de sus casas y asesinados a quemarropa por las Fuerzas Especiales.
“Mi hijo no era ningún malandro: era un padre de familia. Los verdaderos malandros siguen haciendo de las suyas. A los que mataron fueron muchachos inocentes que consiguieron en sus casas”, declaró Miyanllela Fernández, madre de Richard Jesús Briceño, asesinado por la Faes en un callejón.
Khan, quien arribó a Venezuela desde el 31 de octubre hasta principios de noviembre, decidió abrir una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes lesa humanidad.
Asesinatos archivados
En la mañana del 8 de enero de 2021, un agente de las Faes le ordenó a Miyanllela que se diese la vuelta, frente a su casa en La Vega. Ella lo miró fijamente y le dijo que, si planeaba dispararle, quería que la matara de frente, como a su hijo, Richard Briceño. El joven trabajaba en una cauchera, tenía 23 años y fue asesinado de un tiro en el tórax en el callejón vecino, mientras su madre observaba por la ventana.
Ese día las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) se llevaron a la suegra de Briceño, bajo la excusa de que escondía y ayudaba a miembros de bandas delictivas de la zona. Seis meses y una semana después la soltaron sin comentarios.
Un año ha transcurrido sin que Miyanllela sepa qué ocurre con el expediente de su hijo. La última vez que acudió al Ministerio Público, en Ferrenquín, centro de Caracas, fue en diciembre de 2021.
“Venga la próxima semana a ver qué le tenemos”, fue la respuesta que recibió. Es la misma que ha escuchado doce meses seguidos, pero se niega a que la muerte de Richard sea archivada. En enero de 2022 solicita que los funcionarios que mataron a su hijo sean juzgados por un tribunal.
Fernández es vecina de Sharon Duque. Ambas comparten sus propias experiencias y protestan por los familiares que perdieron el mismo día, en circunstancias similares. Le exigen respuestas al Estado, recibiendo en cambio un mutismo absoluto.
“No intenten tapar el sol con un dedo después de lo que hicieron. No pueden decir que eso no pasó, porque pasó. Le quitaron el futuro a varias personas. Cambiaron la vida de mi familia, la de otros. No es justo pasar un diciembre sin tus hermanos, sabiendo que sus asesinos están allá afuera, libres”, culminó Duque.