ONG pide a justicia argentina no dejar impune casos de corrupción que involucran a Venezuela

POLÍTICA · 6 JULIO, 2021 19:25

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Deisy Martínez


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Investigaciones sobre 14 casos de corrupción que involucran a funcionarios venezolanos se encuentran paralizadas actualmente en Argentina. Expertos señalan que la falta de colaboración del Estado venezolano, principalmente del Ministerio Público, es la causa de que la impunidad haya prevalecido a lo largo de los años.

El tema sobre los  “vínculos de corrupción” entre Argentina y Venezuela fue abordado durante el foro “El silencio garantiza la impunidad”, organizado por la ONG Transparencia Venezuela este martes 6 de julio, a través de la plataforma Zoom.

El evento contó con la participación del periodista argentino Iván Ruiz, el ex fiscal anticorrupción en Argentina, Manuel Garrido, del director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo de Transparencia Internacional en Argentina, Pablo Secchi y de la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.

 Alcance internacional

La corrupción en Venezuela es el centro de la crisis que vivimos con alcance internacional. Hay 69 países involucrados, 96 casos abiertos en sistemas judiciales de 21 países. Casi 40% de los expedientes hablan de cifras, para un total 30.000 millones de dólares sustraídos. Es la punta del iceberg”, alertó De Freitas, al inicio de la discusión.

El país con más casos abiertos de supuesta corrupción que involucra a funcionarios del Estado venezolano y empresarios privados es, de acuerdo con un registro de la ONG, Estados Unidos con 41 casos. Le siguen Argentina con 14; España nueve; Colombia cuatro; Brasil, Ecuador, Portugal y República Dominicana con tres casos cada uno e Italia, Suiza, Uruguay y Liechtenstein (país de Europa) con dos cada uno. Mientras que en Andorra, Aruba, Bolivia, Bulgaria, El Salvador, Haití, México, Panamá, Puerto Rico y Guatemala hay al menos un caso abierto en cada uno.

La activista de derechos humanos indicó que los 14 casos en Argentina implicó la pérdida de 5.838.300 millones de dólares para Venezuela. Describió que el centro de las irregularidades fue un fideicomiso entre ambos países abierto en 2004, por los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

En Argentina, que es el caso que nos ocupa, las investigaciones están detenidas. porque la fiscalía venezolana no responde las rogatorias de la justicia Argentina. Sabemos que la justicia venezolana no está funcionando, pero debe haber una fórmula para que la justicia Argentina avance y evite la impunidad”, expresó De Freitas.

 Rol importante

 De Freitas señaló que dicha red de corrupción se propagó por el mundo, con la creación de una red internacional para el lavado del dinero, por lo que, asegura, Argentina puede pedir colaboración internacional, específicamente de los 21 países con averiguaciones en curso.

La justicia Argentina tiene un rol importante al no permitir que la impunidad gane en este terreno”, subrayó.

 Entre los casos más sonados en dicha nación está el del empresario venezolano, Guido Antonini Wilson, quien fue detenido el 4 de agosto de 2007, al arribar a suelo argentino con 790.550 dólares no declarados. De Freitas recordó que según declaraciones del empresario en EEUU, el entramado de corrupción involucró una cifra mayor de 4.000.000 de dólares.

El periodista Iván Ruiz, apuntó que como parte de ese Fideicomiso se firmaron 230 acuerdos hasta 2012. Entre los casos también mencionó el del empresario argentino de clase media Juan José Levy, quien aseguró, se hizo millonario “defraudando al Estado venezolano”, mediante la venta de productos como medicinas, productos de limpieza y hasta decodificadores de TV, con sobreprecio.

Mientras (Nicolás) Maduro esté en el poder no hay posibilidades de colaboración con la justicia Argentina porque están involucrados funcionarios venezolanos como Félix Osorio (exministro de Alimentación de Maduro)”, dijo.

Manuel Garrido coincidió al afirmar que hace falta voluntad política para fomentar los mecanismos de cooperación en materia de justicia, lo que supone un obstáculo para perseguir delitos de corrupción.