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En pocas horas, a las 2:00 de la tarde de este viernes 12 de febrero, la relatora de las Naciones Unidas Alena Douhan emitirá sus conclusiones preliminares sobre el impacto de las sanciones en los derechos humanos de los venezolanos.

Su pronunciamiento se dará en el marco de nuevas protestas convocadas por movimientos estudiantiles y un sector de la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero también en medio de especulaciones sobre la utilización de su visita como una herramienta política.

Más de 60 organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos en el país enviaron una carta abierta a la experta en la que advierten: “Es un hecho notorio que este gobierno instrumentaliza las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos de América para ocultar su responsabilidad en la crisis humanitaria compleja causada por años de corrupción a gran escala que han significado crímenes contra el patrimonio de la nación que hoy se encuentran impunes”.

Restricciones a otros relatores

En la misiva destacan que Maduro autorizó el ingreso de Douhan al país mientras obstaculiza el trabajo de otros expertos y comisiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias o el relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El mensaje de la ONG Acceso a la Justicia a Douhan sintetiza la preocupación de los defensores: “No confunda perpetradores con víctimas”, le piden a la relatora.

No obstante, estas organizaciones reconocen el impacto negativo que han tenido las sanciones promovidas por EEUU en la profundización de la emergencia humanitaria: «Apoyamos la solicitud hecha tanto por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Sra. Michelle Bachelet, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se suspendan o alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en la respuesta al COVID 19 y atender otras necesidades de la población».

Más represión

La visita de la abogada, especialista en derecho internacional y derechos humanos, estuvo marcada por la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos a quienes el gobierno ha llegado al extremo de encarcelar por su labor como fue el caso de los cinco activistas de Azul Positivo, quienes hoy se encuentran bajo arresto domiciliario.

No obstante, Alena Douhan se centrará en determinar “cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”.

Durante su estadía se reunión con funcionarios del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, del Poder Judicial, así como con actores políticos de oposición, cuerpo diplomático acreditado en el país, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Foto: Prensa Presidencial