Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

7

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Misión ONU. El informe publicado el 16 de septiembre por la Misión de Verificación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es detallado, exhaustivo y con una metodología de investigación rigurosa, gracias a lo cual, los expertos pudieron determinar que existen razones para considerar que en Venezuela, las violaciones de derechos humanos registradas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

La explicación corresponde a la directora de Investigaciones de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, la venezolana Carolina Jiménez.

En entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, para el programa #ConLaLuz, la experta en DDHH indica, que a partir de este informe hay un camino a seguir internacionalmente para llegar a la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición (que no vuelvan a ocurrir los crímenes).

 «La Misión de Verificación de Hechos conformada por expertos con mucha experiencia, es independiente de la oficina de la alta comisionada (Michel Bachelet), rinde cuentas al Consejo de DDHH al cual pertenece Venezuela y estima que los hechos son tan graves que ameritan juicios», expresa.

 Jiménez destaca que los crímenes de lesa humanidad (detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales) son delitos contemplados en el derecho internacional, que por su «gravedad, por los crueles que son, lesionan a la humanidad en su conjunto».

Implican un ataque generalizado a la población civil; es decir, que no ocurre contra pocas personas, sino a una multiplicidad de víctimas. Esas agresiones también son sistemáticas – enfatiza que en ello el informe es riguroso y detallado – y quiere decir que los crímenes que se cometieron no son fortuitos, ni aislados y muestran un patrón que responde a un mínimo de organización y apunta a responsables.

¿Qué se espera luego del informe de la Misión ONU?

 La experta señala que en ese camino a la justicia para las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela,  el reciente informe de la Misión ONU representa un tramo importante, porque se llega a la Corte Penal Internacional (CPI) y la jurisdicción universal.

La primera instancia tiene un examen preliminar abierto contra el Estado venezolano desde 2018 por tales violaciones y se espera que llegue a la fase de investigación que representa el juicio. La segunda y es una acción que la Misión recomienda, se refiere a la potestad que tiene cualquier país de iniciar demandas penales contra los presuntos responsables.

 «Venezuela ha sido lesionada y por lo tanto se requiere que los crímenes sean investigados y los responsables llevados a la justicia. Lamentablemente en el país no hay condiciones para ello, ni para la reparación de las víctimas. No es un camino corto ni fácil, la justicia internacional es un camino largo, muchas veces presenta obstáculos», advierte.

 En este punto aclara que la Misión de la ONU no es un órgano jurisdiccional por lo tanto, es un tribunal el que previo juicio, condena a los culpables porque se determinó su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Lo que sí implica el documento elaborado por relatores y expertos, es el reconocimiento a la lucha de las víctimas que se atrevieron a contar sus historias.

 «Hay un camino por delante con varias vías, informes de la ONG locales, internacionales, oficina de la alta comisionada, con un final común que es la justicia, reparación y no repetición», dice.

 Casos emblemáticos

Del informe, Jiménez también destaca la alusión al no reconocimiento por parte del Estado de las violaciones de DDHH, al punto que en los casos investigados por la Fiscalía se evidencia el «encubrimiento de la cadena de mando» en los crímenes cometidos.

De allí que los hechos que rodearon las muertes del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo bajo custodia en la sede de la Dgcim Boleíta y del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, en el Sebin de Plaza Venezuela, sean emblemáticos.

«Cuando el Estado actúa genera imputaciones que nunca tocan las cadenas de mando. En el caso del capitán Acosta Arévalo tiene a dos soldados detenidos y en el caso de Albán no hay nadie en custodia. Sus muertes son representativas del uso de la fuerza contra disidentes, altas autoridades que tienen conocimiento de lo que ocurre, que coordinan para que se ejecute, este informe muestra que se encubre a la cadena de mando», asegura.

La activista de AI considera que la divulgación del informe representa una nueva oportunidad para promover que todos los ciudadanos sin distinción, comiencen a hablar de DDHH, no como algo abstracto sino que se entienda que tienen que ver con los valores y las normas que permiten a las personas tener una vida digna y que todos, como seres humanos, tienen derecho a ello.

Recuerda que el tema comenzó a ser más palpable en Venezuela a partir de 2014, cuando la población comenzó a sufrir los estragos de la escasez de alimentos y medicinas.

Luego se sumó una profunda afectación de los derechos sociales, económicos y culturales hasta llegar a la emergencia humanitaria compleja, a la que se añadió una fuerte represión gubernamental por el reclamo de la población por sus derechos.

Finalmente, la crisis pasó a formar parte de la agenda internacional, por la migración forzada de 5,1 millones de personas, la segunda más grande después de Siria, pero sin guerra.