A juicio del comisionado presidencial ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), designado por Juan Guaidó, Miguel Pizarro, el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, deja al régimen de Nicolás Maduro “al desnudo” en cuanto a su participación directa en violaciones de derechos humanos contra disidentes.
“No es un informe más de un organismo internacional, determina patrones de conducta, cadenas de mando, responsabilidades individuales y colectivas por acción, omisión y complicidad, que deja claro que hay un patrón de conducta de organismos de seguridad y vinculación de personas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, (Vladimir) Padrino López y de allí para abajo en toda la cadena de mando”, destacó Pizarro.
El informe publicado este miércoles 16 de septiembre ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
Se señala expresamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb, especialmente al componente de la Guardia Nacional (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Fuerzas de Acciones Especial (Faes).También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las fuerzas policiales estadales y municipales.
Testimonios importantes
Del informe de más de 400 páginas, Pizarro destaca la narración de hechos de torturas por parte de organismos como la Dgcim y el Sebin, así como ejecuciones extrajudiciales por parte de las Faes, para lo cual, resalta Pizarro, se contó no solo con testimonios de víctimas y familiares sino de funcionarios y exfuncionarios que aceptaron cooperar.
Señala que en el texto se alude a casos como el del concejal del municipio Libertador y dirigente de Primero Justicia, Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Sebin al caer del décimo piso de la sede en Plaza Venezuela, el 8 de octubre de 2018. Asimismo, se refiere al capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien falleció producto de torturas propinadas en la sede de la Dgcim. En ambos casos se advierte que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía no siguen los protocolos para que las víctimas obtengan justicia.
“En la Dgcim hay detalle del uso de la tortura, electrocución y violencia sexual al igual que el Sebin para obtener confesiones. Este informe tiene información interna, funcionarios que aportaron testimonios, como por ejemplo, los asesinatos en las OLP (Operación de Liberación del Pueblo), en la que el código 80 daba luz verde para matar, son operaciones con cadena de mando”, subraya Pizarro.
Aspectos claves
Otro aspecto clave para el comisionado es que la Misión de la ONU abre la puerta para que Estados miembros inicien demandas penales contra los violadores de derechos humanos en Venezuela. El exdiputado enfatiza en que todos los crímenes descritos dan lugar a acciones penales contra los involucrados.
Igualmente subraya que es la primera vez que un organismo de Naciones Unidas utiliza el término crímenes de lesa humanidad al referirse a un Estado.
“No es cualquier persona o grupo que lo está diciendo, se hace además un exhorto a los Estados miembros para que inicien acciones penales contra los señalados y a los que ya las han iniciado puedan profundizarlas”, agrega.
Aplaude el papel fundamental que tuvieron organizaciones civiles pro derechos humanos en la recopilación de información y evidencias para la elaboración del informe. Asegura que el régimen de Maduro solo se contiene en la medida que entiende que sus acciones tienen consecuencias y que la única manera es seguir denunciando.
Próximos pasos
Pizarro observa diferencia en este informe del emanado el 28 de agosto por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet también sobre violación de DDHH en Venezuela y del expediente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Aclara que son independientes, pero que la narración de la Misión sirve como orientación o insumo.
Indica que el 23 de septiembre tendrá lugar un debate de la Misión y los Estados miembros de Naciones Unidas, en el que será ratificado el informe. Paralelamente debe producirse un segundo informe de la Alta Comisionada con la radiografía de la actual situación de DDHH en Venezuela y que a finales de septiembre y octubre se debe renovar el mandato de la Misión de Verificación de Hechos por un año más. Sobre esto último Pizarro dice estar seguro del apoyo de los países.
Vale recordar que la Misión de Verificación ha tenido que funcionar desde Colombia al serle impedida la entrada al país, por parte del gobierno madurista.
“Este informe no es la justicia completa pero el sufrimiento es menos anónimo que antes. Dibuja al Maduro que es, que viola DDHH y que usa la inteligencia y la contrainteligencia para acallar a la oposición, que usa la tortura, las desapariciones, pese a que intenta mostrarse como demócrata, que pide observación internacional para unas elecciones, que permite entrevistas”, finaliza.