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La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, Andrea Santacruz, destaca que los hallazgos y conclusiones del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela son cruciales para garantizar la reparación de las víctimas en el país.

“La misión es una voz clara y contundente de lo que pasa en Venezuela y es una forma de reparación para las víctimas que ven su verdad reflejada en esos informes o en declaraciones públicas y sienten que su lucha es reconocida por la comunidad internacional”, afirma a Efecto Cocuyo.

La abogada destaca que la documentación que hacen los expertos de la ONU es valiosa para los procesos de justicia transicional que puedan llevarse a cabo dentro o fuera del país. 

“Los crímenes atroces no prescriben y estos informes son útiles para el momento en que se pueda hacer esos procesos de verdad y justicia. Además permiten tener espacios para la memoria que es un aspecto esencial en un eventual proceso de transición donde haya búsqueda de la justicia y garantías de no repetición”, argumenta.

La misión presentó formalmente su tercer informe, centrado en las cadenas de mando de los órganos de inteligencia del Estado y las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, ante el Consejo de Derechos Humanos este lunes 26 de septiembre.

Justicia transicional

El Centro Internacional para la Justicia Transicional la define como “las formas que países, que dejan atrás periodos de conflicto y represión, utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada”.

La justicia transicional depende de una negociación política que en este momento se mantiene paralizada (cumple más de un año). Aunque la dirigencia opositora ha anunciado un pronto regreso a México, los encuentros no se han materializado.

En este sentido, la voz de alerta de la misión independiente es clave porque sirve como mecanismo de disuasión en la comisión de más violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades, señala el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

“Renovar su mandato permitiría seguir reuniendo pruebas de graves violaciones a los derechos humanos que siguen cometiéndose. Además, enviaría a los perpetradores el mensaje inequívoco de que tarde o temprano tendrán que responder por los delitos que están cometiendo”, agrega la organización de defensa de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos debe someter a votación la extensión de la misión en los próximos días. La delegación diplomática de Venezuela amenazó con tomar «las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión».

¿Justicia genuina?

La labor de la Misión de Determinación de los Hechos también demuestra por qué es necesaria la actuación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En su segundo informe, los expertos de la ONU revelan la falta de independencia del sistema de justicia de Venezuela y su complicidad en abusos y, en tal sentido, señalan que hay una falta de interés del Estado en investigar y enjuiciar a los máximos responsables. 

“Continuar vigilando los niveles de impunidad en el país será pertinente a la evaluación del principio de complementariedad por parte de la Fiscalía de la CPI”, subraya Cepaz.

«Nuestra recomendación es que tanto el Ministerio Público venezolano como el Poder Judicial cumplan con sus obligaciones e investiguen a las personas que seleccionamos en este informe, y si ellos no lo hacen la Corte Penal Internacional puede cumplir ese rol»,  declaró el chileno Francisco Cox, miembro de la misión ante el Consejo de DDHH de la ONU, este lunes.

Otro elemento que destaca el informe de la misión y que apunta al accionar de la CPI es que los presuntos crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo actualmente.

“Mecanismos como la misión siguen vigentes porque estos crímenes se siguen perpetrando en el territorio venezolano, el trabajo adicional que puedan hacer es importante”, argumenta el coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, una iniciativa de Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, Omar Piñango.

El abogado destaca que el tercer informe “profundiza en la responsabilidad de la cadena de mando” y “sirve como mecanismo de respaldo para la CPI porque es una información que puede nutrir la investigación del fiscal, aunque hay que destacar que la investigación de la fiscalía es independiente”.

Piñango advierte que el hostigamiento contra organizaciones de la sociedad civil puede convertirse en un efecto colateral tras la divulgación de este informe. De hecho, la misión durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, este lunes, alertó que el mismo día que presentó el informe, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea mientras familiares de detenidos reclamaban justicia.

Esta es una razón más por la que el escrutinio de organismos internacionales y mecanismos como la misión deben mantenerse sobre Venezuela, agrega.

Sobre el trabajo adicional que puede hacer la misión de aprobarse la prórroga para su mandato –más de 17 países respaldaron el informe de la misión-, el abogado considera que los abusos sistemáticos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes y pueblos indígenas deben seguir siendo documentados, especialmente en las áreas mineras del estado Bolívar.