Los nuevos hallazgos de la misión de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

POLÍTICA · 20 SEPTIEMBRE, 2022 18:26

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Ibis Leon | @ibisL

Foto por Iván E. Reyes

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El tercer y más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela aporta nuevos elementos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país y la presunta participación del gobierno venezolano en estos hechos.

La especialista en derecho internacional y miembro del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, destaca que lo valioso de este informe es la descripción que hace sobre el modus operandi aplicado por organismos de seguridad del Estado como el Sebin y la Dgcim.

“Este modus operandi comienza con actos preparatorios como la selección de los objetivos (personas que son percibidas como opositores) y la vigilancia de los mismos, luego sigue con las detenciones arbitrarias y, en muchos casos, se incurre en torturas. Todo forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del gobierno, según la misión”, señala la experta.

¿Premios a perpetradores?

Otro elemento que destaca es el “sistema de recompensas y castigos” que opera dentro de estos organismos policiales y militares “para garantizar la obediencia de los funcionarios”.

“La misión detalla este sistema de represalias y beneficios y señala que los funcionarios del Sebin suelen ser escogidos de manera planificada, suelen ser jóvenes y provienen de comunidades vulnerables. La tortura es considerada como un signo de lealtad”, dice la abogada en relación a los factores que se considerarían para manipular a estos efectivos.

Te puede interesar: La cadena de mando presuntamente implicada en crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según misión de la ONU

Algunos funcionarios, como parte de las recompensas, se quedan con las pertenencias de los personas que son definidas como “objetivos políticos” y que obtienen durante los allanamientos o reciben ascensos en sus carreras, según el informe.

La especialista subraya que la misión no es un tribunal y, en este sentido, lo que corresponde es que las responsabilidades individuales se determinen en un proceso judicial con garantías.

Indicios y pruebas para la CPI

No obstante, agrega que las conclusiones de los expertos se basan en un estándar de prueba que aplican sobre la base de motivos razonables para creer y esto aporta importantes indicios y pruebas que deben ser investigadas por la jurisdicción venezolana o, si esta no puede o no quiere hacerlo, por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

“No es la primera vez que se nombra a Maduro, se mencionó en el primer informe, que es sobre los presuntos crímenes cometidos, y en el segundo informe en cuanto a la injerencia que pudiera tener en el Poder Judicial. Pero no como en este caso en donde se hace una relación totalmente causal y directa con patrones relacionados con la comisión de crímenes de lesa humanidad y políticas de Estado en ese sentido, ese es el aporte de este informe”, afirma la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza.

La organización que representa también llamó la atención sobre una información que aporta la misma misión de la ONU en la que señala que la capacidad para llevar a cabo las investigaciones en profundidad se vio limitada por problemas de personal

Te recomendamos: “Hay un hermetismo total”, ¿qué pasó con la oficina de la CPI en Caracas?

La abogada y defensora de derechos humanos comenta que en ese apartado la misión indica los problemas económicos que tuvo, “lo cual es muy grave porque significa que desde el despacho de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Michelle Bachelet) hubo recortes, hubo cambios y eso afectó el trabajo de la misión”.

“Siempre hemos denunciado que Bachelet era complaciente con el gobierno, algunas cosas las callaba, otras las decía con la versión del gobierno. También es verdad que hizo denuncias importantes como las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Arco Minero, pero esto deja un mal sabor porque no lo sabíamos, es muy preocupante y no debe ocurrir si hay una renovación del mandato”, apunta.

Louza también destaca que la investigación de la misión “es esencial y tiene un valor inmenso” para el proceso que lleva adelante el fiscal de la CPI: “Esto ayuda a tener claro que las reformas legislativas, judiciales, no han hecho un cambio de verdad en el país”.

Se espera que el próximo 26 de septiembre los expertos de la misión presenten su informe formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que deberá decidir si extiende o no su mandato. La fecha límite para que se presente la solicitud de prórroga en el consejo es el 29 de septiembre, según Cepaz.

Arco minero

El profesor de derecho penal internacional y derechos humanos Fernando Fernández destaca como elemento novedoso del informe el abordaje a fondo que hace del tema ambiental y la violación de derechos humanos que ocurre en el Arco Minero del Orinoco, ubicado en el estado Bolívar, y en zonas aledañas.

“A diferencia de otras explotaciones mineras que se dan en la Amazonia, región que involucra a otros países, en Venezuela quien conduce estas actividades es el propio Estado. En los otros otros países, la conducción de esta minería y los temas forestales las realizan elementos privados con la aquiescencia o ineptitud de los Estados, pero aquí es el Estado directamente el que está concernido con la Fanb”, expone.

La violencia y persecución a la que están sometidas las etnias indígenas en esta zona también es documentada por la misión.

Sobre la revolución judicial que declaró el Estado venezolano para justificar la inhibición del fiscal de la CPI, el abogado señala: “Los cambios han sido cosméticos, ha sido una reforma gatopardiana”.

El profesor también se refiere a la mención de Maduro como presunto responsable de dictar órdenes al Sebin y a la Dgcim. “Es natural que en un sistema como el nuestro que es presidencialista y que ha ido centralizando el poder en la figura presidencial, de manera alarmante, aparezca en cualquier organigrama de esta naturaleza”, opina.

“El impacto sobre la investigación de la CPI tiene que ser contundente en la medida en que mientras la CPI resuelve los temas procesales, debido a las solicitudes que ha realizado el Estado venezolano (de inhibición del fiscal) hace falta que algún instrumento, en este caso la misión, se dedique a la búsqueda de evidencias, de indicios”, concluye.

Las declaraciones de los abogados Sara Fernández y parte de las de Fernando Fernández se ofrecieron durante un Space de Twitter que transmitió Un Mundo Sin Mordaza, este martes 20 de septiembre.

POLÍTICA · 30 SEPTIEMBRE, 2022

Los nuevos hallazgos de la misión de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Texto por Ibis Leon | @ibisL
Foto por Iván E. Reyes

El tercer y más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela aporta nuevos elementos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país y la presunta participación del gobierno venezolano en estos hechos.

La especialista en derecho internacional y miembro del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, destaca que lo valioso de este informe es la descripción que hace sobre el modus operandi aplicado por organismos de seguridad del Estado como el Sebin y la Dgcim.

“Este modus operandi comienza con actos preparatorios como la selección de los objetivos (personas que son percibidas como opositores) y la vigilancia de los mismos, luego sigue con las detenciones arbitrarias y, en muchos casos, se incurre en torturas. Todo forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del gobierno, según la misión”, señala la experta.

¿Premios a perpetradores?

Otro elemento que destaca es el “sistema de recompensas y castigos” que opera dentro de estos organismos policiales y militares “para garantizar la obediencia de los funcionarios”.

“La misión detalla este sistema de represalias y beneficios y señala que los funcionarios del Sebin suelen ser escogidos de manera planificada, suelen ser jóvenes y provienen de comunidades vulnerables. La tortura es considerada como un signo de lealtad”, dice la abogada en relación a los factores que se considerarían para manipular a estos efectivos.

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Algunos funcionarios, como parte de las recompensas, se quedan con las pertenencias de los personas que son definidas como “objetivos políticos” y que obtienen durante los allanamientos o reciben ascensos en sus carreras, según el informe.

La especialista subraya que la misión no es un tribunal y, en este sentido, lo que corresponde es que las responsabilidades individuales se determinen en un proceso judicial con garantías.

Indicios y pruebas para la CPI

No obstante, agrega que las conclusiones de los expertos se basan en un estándar de prueba que aplican sobre la base de motivos razonables para creer y esto aporta importantes indicios y pruebas que deben ser investigadas por la jurisdicción venezolana o, si esta no puede o no quiere hacerlo, por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

“No es la primera vez que se nombra a Maduro, se mencionó en el primer informe, que es sobre los presuntos crímenes cometidos, y en el segundo informe en cuanto a la injerencia que pudiera tener en el Poder Judicial. Pero no como en este caso en donde se hace una relación totalmente causal y directa con patrones relacionados con la comisión de crímenes de lesa humanidad y políticas de Estado en ese sentido, ese es el aporte de este informe”, afirma la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza.

La organización que representa también llamó la atención sobre una información que aporta la misma misión de la ONU en la que señala que la capacidad para llevar a cabo las investigaciones en profundidad se vio limitada por problemas de personal

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La abogada y defensora de derechos humanos comenta que en ese apartado la misión indica los problemas económicos que tuvo, “lo cual es muy grave porque significa que desde el despacho de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Michelle Bachelet) hubo recortes, hubo cambios y eso afectó el trabajo de la misión”.

“Siempre hemos denunciado que Bachelet era complaciente con el gobierno, algunas cosas las callaba, otras las decía con la versión del gobierno. También es verdad que hizo denuncias importantes como las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Arco Minero, pero esto deja un mal sabor porque no lo sabíamos, es muy preocupante y no debe ocurrir si hay una renovación del mandato”, apunta.

Louza también destaca que la investigación de la misión “es esencial y tiene un valor inmenso” para el proceso que lleva adelante el fiscal de la CPI: “Esto ayuda a tener claro que las reformas legislativas, judiciales, no han hecho un cambio de verdad en el país”.

Se espera que el próximo 26 de septiembre los expertos de la misión presenten su informe formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que deberá decidir si extiende o no su mandato. La fecha límite para que se presente la solicitud de prórroga en el consejo es el 29 de septiembre, según Cepaz.

Arco minero

El profesor de derecho penal internacional y derechos humanos Fernando Fernández destaca como elemento novedoso del informe el abordaje a fondo que hace del tema ambiental y la violación de derechos humanos que ocurre en el Arco Minero del Orinoco, ubicado en el estado Bolívar, y en zonas aledañas.

“A diferencia de otras explotaciones mineras que se dan en la Amazonia, región que involucra a otros países, en Venezuela quien conduce estas actividades es el propio Estado. En los otros otros países, la conducción de esta minería y los temas forestales las realizan elementos privados con la aquiescencia o ineptitud de los Estados, pero aquí es el Estado directamente el que está concernido con la Fanb”, expone.

La violencia y persecución a la que están sometidas las etnias indígenas en esta zona también es documentada por la misión.

Sobre la revolución judicial que declaró el Estado venezolano para justificar la inhibición del fiscal de la CPI, el abogado señala: “Los cambios han sido cosméticos, ha sido una reforma gatopardiana”.

El profesor también se refiere a la mención de Maduro como presunto responsable de dictar órdenes al Sebin y a la Dgcim. “Es natural que en un sistema como el nuestro que es presidencialista y que ha ido centralizando el poder en la figura presidencial, de manera alarmante, aparezca en cualquier organigrama de esta naturaleza”, opina.

“El impacto sobre la investigación de la CPI tiene que ser contundente en la medida en que mientras la CPI resuelve los temas procesales, debido a las solicitudes que ha realizado el Estado venezolano (de inhibición del fiscal) hace falta que algún instrumento, en este caso la misión, se dedique a la búsqueda de evidencias, de indicios”, concluye.

Las declaraciones de los abogados Sara Fernández y parte de las de Fernando Fernández se ofrecieron durante un Space de Twitter que transmitió Un Mundo Sin Mordaza, este martes 20 de septiembre.

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