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Inhabilitaciones, uso de recursos públicos en las campañas y uso indebido del voto asistido: estas son algunas de las irregularidades vistas por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE) durante los comicios regionales y municipales del pasado 21 de noviembre de 2021 y 9 de enero de 2022.

En esta oportunidad, la organización pudo participar en un “número muy reducido de días” de forma presencial en las auditorias de las máquinas de votación. Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) los invitó a participar en calidad de observadores, no fueron invitados a formar parte de la auditoría de cuadernos de votación.  

El 21 de noviembre, contaban con 624 observadores acreditados y distribuidos en el territorio, para alcanzar una cobertura del 86%. Para las elecciones del 9 de enero, la ROAE tenía 11 observadores internos acreditados, los cuales fueron asignados a centros electorales previamente seleccionados por muestreo aleatorio.

Si bien la Red de Observación pudo evidenciar que los procesos de noviembre de 2021 y enero de 2022 se desarrollaron de manera pacífica, se cometieron violaciones importantes de las normas y fallas de funcionamiento que afectaron la transparencia y equidad de los comicios.

Incidencias y recomendaciones

La Red enumeró ocho incidencias importantes: la inhabilitación “de dudosa legalidad” de candidatos por parte de la Contraloría General de la República, el uso de recursos públicos en las campañas de varios candidatos, el uso indebido del voto asistido y la presencia de puntos de control político de votantes.

También se evidenció la ausencia de un importante número de miembros de mesa, la aceptación de documentos distintos a la cédula de identidad, omisiones en las listas de votantes de varias mesas e impedimentos en el cierre de mesas.

La Red de Observación recomendó tomar medidas para impedir los actos de violencia “antes de que se conviertan en un fenómeno endémico”; establecer mecanismos más eficaces para la captación de miembros de mesa, erradicar la práctica de uso de recursos públicos (exigencia que le corresponde al CNE), entre otras sugerencias.