La propuesta del Estado Comunal, que el chavismo quiere impulsar a través de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre con leyes como la de Ciudades Comunales y el Parlamento Comunal, no es nueva. A juicio de expertos, los fracasos en los intentos de implementación del modelo desde la gestión de Hugo Chávez llevaron al actual gobierno a querer retomarlo, pero con otros intereses.
El tema fue tratado por los participantes en un foro sobre la Ley de Ciudades Comunales organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, dirigido por el exdiputado del Congreso Nacional Ramón Guillermo Aveledo. La actividad se realizó este 22 de abril vía Zoom.
“Son ciudades fantasmas que contravienen la Constitución, porque el Estado es federal y descentralizado. Esta ley es una salida de sus tumbas de las leyes del Estado Comunal de hace una década, propuesta rechazada mediante referendo en 2007. Son fantasías ideológicas, económicas y políticas. En estos espacios propiciamos el empoderamiento ciudadano en ciudades libres”, advirtió Aveledo, para dar inicio al foro.
Por su parte, el abogado constitucionalista Jesús María Casal advierte que el Estado comunal desfigura el modelo de Estado democrático y descentralizado establecido en la Constitución. También atenta, afirma, contra la consagración de la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos, tales como la libertad de asociación y el derecho al sufragio universal y secreto.
“Cuando quieren (el Gobierno) desconocer los espacios democráticos para ejercer el poder, alegan la participación ciudadana; pero esta ley (de Ciudades Comunales) suprime la libre participación para imponer en su lugar estructuras de dominación estatal. Esta ley conducirá a mayor centralismo y concentración del poder”, sostiene.
La Ley de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión en sesión ordinaria de la AN del 6Dic del 11 de marzo. Actualmente el proyecto de ley de 59 artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales está en fase de consulta. Le sigue la Ley del Parlamento Comunal que también recibió el visto bueno en primera discusión el 13 de abril.
Debilitar gobiernos estadales y municipales
En el artículo 56 se establece que los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales deberán impulsar el proceso de transferencia a las Comunas de las Ciudades Comunales, a través de “Empresas Comunales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas de organización popular”, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos de acuerdo al marco legal.
El artículo 57, que alude al plan de transferencias, agrega que “podrán ser transferidas competencias específicas de servicios, obras y empresas públicas”, garantizando la operatividad y sistema de recursos sostenibles para que el proceso tenga éxito.
Casal considera que la propuesta de ley no traerá consigo la eliminación de gobernaciones y alcaldías, pero sí suma como parte de los ataques sistemáticos para debilitar las gestiones regionales y locales -más si son gobernadas por opositores al gobierno – materializados en medidas como la imposición de protectores en los estados y la centralización de algunos servicios como los peajes.
“Las ciudades comunales pueden pedir al Consejo Federal de Gobierno y este puede ordenar que alcaldías y gobernaciones transfieran competencias y recursos a las ciudades comunales. No van a desaparecer los estados y municipios porque la ley tiene barreras jurídicas y en la realidad, pero tampoco la subestimaría, la dirección es la degradación institucional”, sostiene.
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Espacios territoriales ideologizados
El artículo 6 del proyecto de Ley de Ciudades Comunales establece que “Atendiendo a condiciones geohistóricas, funcionales, rasgos culturales, usos, tradiciones, costumbres y potencialidades económicas, el ámbito geográfico donde se constituya la Ciudad Comunal, podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela.
Al respecto, Casal alerta que representa la disolución de la organización político territorial de la República previsto en la Carta Magna, que pretende ser sustituida por “espacios territoriales ideologizados”, donde la libertad individual y política desaparecen y quedan sueltas las estructuras autónomas representadas por municipios y estados.
“La Constitución establece la transferencia de competencias hacia los niveles de gobierno, pero ahora se agregan entidades políticas que deben estar supeditadas a las líneas del gobierno, con un poder popular que pretenden usurpar el espacio legitimo de la sociedad civil y secuestrar la participación ciudadana”, agrega.
Resaltó que el federalismo consagrado en la Carta Magna, como garantía de la pluralidad de los espacios democráticos y la libertad política no podrá ser asegurado de aprobarse el instrumento legal.
¿Por qué ahora y para qué?
Durante su participación en el foro, la historiadora Margarita López Maya planteó dos interrogantes, a propósito de la aprobación del proyecto de ley. Después de haber congelado la propuesta del Estado Comunal por tanto tiempo, ¿por qué el chavismo quiere hacerlo ahora? ¿Para qué quieren aprobar la Ley de Ciudades Comunales?
Entre los detonantes del descongelamiento de la propuesta chavista, la analista política señala: reactivación para la movilización electoral de cara a las elecciones regionales de este año y los comicios posteriores, demostrar que se continúa el legado de Chávez, complacer a activistas que quieren ocupar dichos espacios y asustar y amedrentar a opositores al gobierno.
“La ley de Ciudades Comunales es repetitiva de la ley de Consejos Comunales (2009) y de las Comunas (2010). Uno se asombra del discurso que habla de socialismo liberador, que cumple con pautas de Naciones Unidas, en medio de una crisis. Es una disociación de la realidad que sirve a los propósitos del poder, para preservarse en el poder, sabiendo que las comunas están desactivadas y que los Consejos Comunales (CC) solo se activan para repartir gas y Clap”, cuestiona.
Puso en duda la última cifra de 2.340 comunas en todo el país, suministrada por el vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial de Venezuela, Aristóbulo Istúriz. Afirma que salvo experiencias rurales que sí funcionan, la mayoría de dichos espacios quedaron en el limbo.
Lo atribuye especialmente a la reducción drástica de la transferencia de recursos que hacía el gobierno central a los Consejos Comunales, debido a la crisis económica.
De allí que señala, solo funcionan para asuntos específicos y las mismas personas que integran los CC, conforman las Comunas, las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch), los comités del Clap, entre otros grupos. Por lo tanto, duda de la vialidad del proyecto de Ciudades Comunales.
El Estado controla a la sociedad
La profesora universitaria remarcó que el Estado Comunal no se apareció en la Asamblea Nacional Constituyente ni en último Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). También, que Maduro no le da el mismo significado que en su momento le dio Chávez a la propuesta.
“Maduro no ha tratado a los Consejos Comunales como Chávez, como columna vertebral de su proyecto, sino que les da tratamiento sectorizado, es un sector más como son las misiones, comités de tierras. Ahora se trata de crear brazos (en las ciudades comunales) de las decisiones que se toman desde el ámbito político y militar”, asegura.
Agrega que todo el andamiaje jurídico que surgió luego del rechazo en referendo a la reforma constitucional en 2007 y que alude especialmente al Estado Comunal, carece de legitimidad, pero avanza porque no hay un máximo tribunal de la República que interprete y defienda la letra de la Carta Magna.
“La idea a partir de Chávez era fortalecer a la sociedad para que pudiera controlar al Estado, pero resultó todo lo contrario, se fortalece al Estado para que controle a la sociedad. No es el empoderamiento como ciudadano autónomo sino una relación de subordinación”, señala.