Los guardias ahora están en las garitas que eran de los malandros, vecina de Las Claritas

A poco de cumplirse una semana desde del masivo despliegue militar en los sectores de Las Claritas y el Kilómetro 88, municipio Sifontes del estado Bolívar, aún las autoridades gubernamentales no han emitido un balance oficial detallado ni un pronunciamiento institucional que precise el alcance de los resultados de la operación que también involucró a otros componentes de seguridad del Estado y una fuerza militar extranjera. 

La única información formal difundida por el gobierno interino de Delcy Rodríguez provino de un comunicado la noche del 12 de junio del Ministerio de Comunicación e Información, en el cual se reportaba el fallecimiento de alias “Niño Guerrero” en el marco de un operativo coordinado en conjunto con agencias de los Estados Unidos.

La movilización de los cuerpos de seguridad se concentra en los puntos clave del sur de Bolívar, pero el día a día en las periferias mineras muestra que la presencia del Estado aún está a medio camino.

En la comunidad de Las Brisas, una barriada vecina de Las Claritas y pegada a los yacimientos de oro, la salida de los grupos armados no trajo calma, sino que abrió la puerta a nuevos problemas de seguridad para los vecinos.

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Desvalijamientos, requisas y la ausencia de orden interno 

A días de que los uniformados tomaran las minas del sur de Bolívar, la vida para los habitantes del kilómetro 88 y sectores aledaños, como Las Brisas, cambió, pero no hacia la tranquilidad. 

En este sector donde habitan trabajadores mineros, que está en las cercanías a los yacimientos, la salida de los grupos armados no se tradujo en paz, sino en un vacío que convirtió las calles internas en un terreno sin ley, donde los robos  y la delincuencia común empezaron a desbordarse ante la mirada indiferente de las alcabalas oficiales. Así lo describe una trabajadora de la zona en contacto telefónico con Efecto Cocuyo, que aceptó hablar bajo el resguardo de su identidad por temor a represalias.

“Aquí, en esta parte de Las Brisas está el Sebin, el Conas, la Dgcim; también está tomado por el Ejército y la Guardia Nacional”, relata la mujer; y detalla que aunque los cuerpos de inteligencia controlan los accesos grandes, la custodia del barrio quedó en manos de militares cuya labor no pasa de las alcabalas

Para los vecinos, el despliegue estatal se siente más como un filtro de carretera que como seguridad real. Los efectivos se limitaron a ocupar las antiguas garitas de las bandas armadas para revisar documentos y pedir papeles de las motos, descuidando el resguardo interno. 

“Los guardias que están aquí, que tomaron esto, están ahorita en las garitas que eran de los malandros. Ellos lo único que están es pidiendo cédula y los papeles de la moto y arráncate, pues, registrando normal”, dijo. 

Ese quiebre con el orden impuesto anteriormente por los grupos irregulares —que, por intereses en el negocio del oro, castigaban con severidad el hampa común— dejó una brecha que el Estado aún no cubre. Sin una autoridad civil que patrulle o medie en los conflictos, la comunidad asegura estar desamparada. 

“Aquí esto se convirtió en un pandillaje horrible, ahora hay una robadera; ya empezaron a robarse hasta las cosas más estúpidas. Esto quedó como un barrio sin ley ahorita, porque el gobierno no hace nada”, enfatiza. 

A pesar del descontrol interno, la actividad comercial en Las Claritas intenta mantener su ritmo diario. “Los comercios allá afuera, en el pueblo, están abiertos. Yo estoy casi dentro de la mina, pero en el pueblo está funcionando todo y las compras se hacen con normalidad”, aclara la entrevistada. 

La mujer señala que los servicios públicos siguen empeorando con largos racionamientos de electricidad. “La luz aquí se va por horas y regresa cuando le da la gana”, asegura. 

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El desmantelamiento de los sindicatos de ‘Juancho’ y ‘Johan Petrica’

Las Claritas y el Kilómetro 88, estuvieron bajo el yugo de “sindicatos” armados que impusieron sus propias leyes y administraron de forma ilegal los yacimientos auríferos. Tras el despliegue militar del pasado 9 de junio, la huida de los cabecillas desató una reacción inmediata en la población civil, que procedió a saquear las viviendas y centros de operaciones privados que pertenecían a los miembros de estas bandas criminales. 

Un trabajo periodistico del Correo del Caroní, medio de comunicación local, señala que el andamiaje delictivo en esta zona específica estuvo encabezado por Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho” o “Negro Juancho”. Este ciudadano de origen colombiano, posteriormente nacionalizado venezolano, consolidó su poder en el sur de Bolívar tras operar inicialmente como minero independiente (“batero”). 

De acuerdo con reportes de Transparencia Venezuela citados por el medio regional, la banda de “Juancho” es la estructura criminal más antigua de la zona y controlaba directamente las minas de Las Brisas y Las Cristinas, consideradas entre los depósitos de oro más grandes del mundo.

El historial de Rivas Núñez revela un patrón continuo de impunidad, evasión judicial y el uso de identidades falsas como el nombre de Wilson Starling Aponte Rodríguez. En 2012 fue capturado con armas de guerra y credenciales de la policía estatal, pero quedó libre al día siguiente. Tras años solicitado por Interpol, fue detenido en Brasil en 2023; sin embargo, en mayo de 2025 las autoridades de ese país confirmaron su fuga de un arresto domiciliario en Boa Vista, luego de utilizar a un impostor con características físicas similares para burlar el monitoreo electrónico antes de concretarse su extradición.

El segundo objetivo de alta relevancia en el reciente operativo de las fuerzas militares es Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, cofundador del Tren de Aragua. 

Romero, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en julio de 2024, es señalado por las agencias internacionales como el responsable directo de las operaciones mineras ilegales de la megabanda en Bolívar y de proveer el armamento de guerra utilizado para controlar el territorio. 

Su salida forzada del área junto a los líderes del pranato minero propició el desmantelamiento definitivo de los bastiones comerciales e inmuebles que la organización mantenía en el pueblo.

SOS Orinoco alerta sobre la devastación y el control territorial 

La presencia de estos sindicatos y organizaciones dedicadas al pranato minero no constituye un fenómeno aislado o espontáneo en la geografía del estado Bolívar. La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que la permanencia y proliferación de estos grupos delincuenciales responde a una configuración estructural de control del territorio que involucra complicidades institucionales en diversos niveles de articulación, promovidas y toleradas por el propio Estado venezolano.

En un comunicado publicado el pasado 13 de junio, la organización especializada en la defensa de los derechos humanos y ambientales alertó sobre las consecuencias críticas del modelo extractivista implementado en la región. De acuerdo con SOS Orinoco, la Amazonía venezolana y las comunidades indígenas que habitan ancestralmente estos espacios han sufrido una devastación sistemática a manos de las redes de extracción ilegal de minerales.

Las mediciones satelitales y de campo expuestas por SOS Orinoco indican que, desde la formalización del Arco Minero del Orinoco, se ha registrado la destrucción de más de 950.000 hectáreas de cobertura boscosa en el sur del país. Asimismo, la organización denunció la contaminación crítica por mercurio en las principales cuencas hidrográficas que sustentan los ecosistemas locales, afectando la fauna fluvial y las fuentes de agua de las poblaciones humanas. 

La organización enfatizó que estas operaciones mineras ilegales se han expandido de forma flagrante incluso dentro de áreas bajo régimen de protección estricta, como el Parque Nacional Canaima, calificando la situación general como un ecocidio continuado que ingresa a los mercados internacionales de metales preciosos.