¿Es una ley que se cumplirá? ¿Habrá de verdad apoyo financiero para que los programas a favor de la tercera edad que allí se plantean puedan cumplirse tanto en el sector público como el privado? ¿Se honrará el compromiso de darle empleo a quienes lo soliciten? Son preguntas que desde Asomayor se hacen sobre el proyecto de ley para la tercera edad que propone la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre.
El Parlamento con mayoría del Psuv aprobó el 16 de marzo en primera discusión el proyecto de ley Orgánica para la Protección y Atención Integral de las Adultas y Adultos Mayores. El instrumento jurídico presentado por la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religiones y Cultos, contiene 57 artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.
Apoyo financiero
Para Absalón Davis, presidente de la Asomayor, asociación civil para el rescate del adulto mayor, la iniciativa legislativa contiene aspectos muy positivos como la posibilidad de que mujeres y hombres mayores de 60 años pueden continuar activos en el campo laboral si así lo desean.
Señala igualmente que la propuesta de incluir el tema de la vejez en el sistema educativo en todos los niveles, de aplicarse, lograría un cambio cultural muy importante; lo mismo que el impulso de la Gerontología (estudio del envejecimiento de manera integral) como cátedra en las universidades y como área que deben cubrir los planes de salud públicos y privados.
“El proyecto de ley está cargado de buenas intenciones, pero para que esta ley, en caso de aprobarse, pueda cumplirse se deben hacer muchos cambios importantes en materia presupuestaria, de salud, educativa, cultural. Deberá estar muy bien reglamentada, hay cosas que existen y que no se cumplen como la exoneración del pasaje en el transporte público, el descuento del 50% en tarifas áreas, los cupos para la tercera edad en los vuelos son muy pocos”, denuncia.
Considera fundamental que las alcaldías y las gobernaciones por ser más cercanas a la gente puedan contar con presupuesto suficiente para que los programas a favor de los adultos mayores puedan ejecutarse, en vista de que en la actualidad se limitan a ayudas esporádicas con alimentos y medicinas.
Política de bonos
En el artículo 26 del proyecto de ley se contemplan beneficios sociales como bonificaciones, compensaciones y ayudas, no excluyentes en los casos en los que el adulto mayor perciba pago por jubilación y pensión, esta última de apenas 1.800.000 bolívares mensuales.
Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro otorga bonos con distintas denominaciones como el “bono de guerra económica” de 2.800.000 bolívares mensuales, a través del sistema Patria. Las “ayudas” son considerados por varios sectores, como los gremios de jubilados y pensionados, como insuficientes.
“Los adultos mayores no pueden depender solo de un bono que son paliativos que resuelven muy poco. Si los vas a incluir en una ley deben ser considerados como complementarios y mejorarse los montos de las pensiones y jubilaciones” sostiene Davis.
El artículo 14, contempla que los adultos y adultas mayores tienen derecho a desempeñar una labor remunerada, sin que sea impedimento su edad, “siempre que la tarea de que se trata esté acorde con sus condiciones físicas y psíquicas”. Se destaca la importancia de aprovechar la experiencia de la tercera edad en el desarrollo del país.
El máximo vocero de Asomayor aplaude dicha propuesta y plantea a los legisladores encabezados por Asia Villegas, a profundizar en programas para el adulto mayor productivo, como la inserción de la tercera edad que manifieste su interés, en planes de producción, garantizándoles un porcentaje de colocación de lo que produzcan, créditos para emprendimientos, entre otros.
Asimismo, que se les tome en cuenta para programas de capacitación de la población más joven, como parte de los empleos que pueden desempeñar.
“Con esta ley se respondería al compromiso suscrito por Venezuela como parte de Naciones Unidas (ONU) para garantizar los derechos de la tercera edad y con lo cual ya se tienen 30 años de atraso”, advierte.