La intervención judicial de la Cruz Roja venezolana amenaza los principios fundamentales de neutralidad e independencia que deben regir la institución, advierte el codirector de Civilis Derechos Humanos, Mario D´Andrea.
El principio de independencia establece que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja “debe resistir cualquier injerencia, ya sea política, ideológica o económica, que pueda desviarlo de la personificación de los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad”.
La neutralidad se refiere a que el movimiento “no puede tomar partido en las hostilidades ni participar en ningún momento en controversias de carácter político, racial, religioso o ideológico”.
Sin embargo, la imposición de una junta ad hoc en la que destaca un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), afectan la imparcialidad que debe regir el trabajo humanitario, advierte D´Andrea.
“El hecho de que un tercero, ajeno a la propia organización, decida quienes son los miembros; es decir la directiva, y que esta directiva pueda modificar sus estatutos, afecta la imparcialidad y neutralidad porque la Sociedad venezolana de la Cruz Roja no es una institución gubernamental ni una ONG, es un auxiliar, por eso está protegida por los Convenios de Ginebra y sus protocolos”, argumenta.
El abogado destaca que las nuevas autoridades, en su mayoría, no tienen experiencia ni experticia para dirigir la institución, lo que también abre interrogantes respecto a la naturaleza y procedimiento de estas designaciones.
Cruz Roja intervenida
D´Andrea explica que el Ministerio Público debió iniciar una investigación, específicamente contra el presidente destituido Mario Villarroel, tras recibir las presuntas denuncias de abuso de poder y actuaciones irregulares en los usos de los recursos de ese organismo.
“Si hay ocho denuncias, que se investiguen, si son ciertas que se inicie el proceso judicial que corresponda. Las personas investigadas debían separarse de sus cargos y la propia Cruz Roja era la que tenía que llamar a elecciones y modificar los estatus si así lo consideraba”, expresa.
El vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Miguel Villarroel (hijo de Mario Villarroel), pidió al gobierno nacional no permitir la intervención. «Le pido que acuda a las instancias internacionales de la Cruz Roja si tiene una preocupación con el accionar y que se preserven los principios de neutralidad e independencia», solicitó sin lograr contener la acción.
Diversas voces de la sociedad civil, como el médico Julio Castro, alertó que «la “intervención” de una organización humanitaria (Cruz Roja venezolana) era un anhelo oficialista desde hace rato, esto le da acceso (por la fuerza ) a los bienes, actividades y proyectos que son financiados con fondos internacionales».
La activista y coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, señaló: «La Junta Interventora de la Cruz Roja venezolana es un nuevo avance contra las libertades asociativas en Venezuela. Atender las graves denuncias de corrupción y violencias debia estar dirigido a la persona apegado al debido proceso, no a intervenir la institución».
Desde Acción Solidaria esperan que la intervención no afecte la ayuda humanitaria. Una preocupación que comparte el representante de Civilis que cree que incluso pudiera tener implicaciones en la ejecución del acuerdo social firmado en la mesa de negociación de México.
D´Andrea advierte que la sentencia del TSJ que ordena la intervención de la Cruz Roja venezolana sienta un precedente “muy negativo” que atenta contra la libertad de asociación.
“La Sala (Constitucional) decidió el fondo de una situación sin tener los elementos de una investigación penal que probara las irregularidades que se señalan. Con esta sentencia hicieron lo que querían hacer con la Ley Anti-ONG”, cuestiona.
En su opinión, a través del TSJ se profundiza la intervención de la libertad de asociación y se continúa el patrón que se viene aplicando en contra de los partidos políticos y demás actores de la sociedad civil. “En Venezuela se han intervenido colegios de ingenieros y hasta juntas de condominio a través del TSJ”, condena.