Este 31 de julio se cumplen 30 días de la detención de tres activistas y defensores de los Derechos Humanos integrantes de la ONG Fundaredes: Javier Tarazona (director), Rafael Tarazona y Omar García.
Distintas asociaciones civiles este sábado desarrollaron, en varias regiones del país, acciones de protestas cívicas para exigir la liberación de los activistas, quienes este 2 de agosto cumplen un mes de detención arbitraria en la que continúan incomunicados y sin acceso a la defensa.
Esta semana, familiares y abogados denunciaron el desmejoramiento de la salud de Javier Tarazona, quien presenta inflamación en una de sus piernas, además de problemas de hipertensión y diabetes.
En Amazonas, monseñor Yonni Reyes se sumó a las manifestaciones y pidió a las autoridades venezolanas respetar el trabajo de quienes luchan por los derechos humanos, así como el de los medios de comunicación que retratan la realidad que vive el país.
El pasado 3 de julio, el tribunal 3ero de control con competencia en terrorismo dictó privativa de libertad contra el director de Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García.
La información la dio a conocer el abogado y defensor de derechos humanos Alonso Medina Roa en sus redes sociales.
Los miembros de la ONG serían recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo, conocido como La Planta, ubicado en el estado Carabobo, por orden de la jueza Luisa Garrido.
Les imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Tarazona fue detenido en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón, a donde acudió, el viernes 2 de julio, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de Polifalcón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sujetos sin identificar.
Estatus del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ante CPI en 10 claves
Piden agilizar aprobación de Ley de Aguas a casi dos años de su primera discusión
10 años de la muerte de Chávez: Venezuela es una sociedad pretoriana con militares bajo investigación (III)
Proyecto de ley para regular y fiscalizar ONG a la espera de consulta pública
Plataforma Unitaria: El pueblo mira indignado este nuevo saqueo madurista a la Nación
Quiénes son los “caídos” en la operación anticorrupción del chavismo
Trabajadores protestan en Plaza Caracas y exigen nuevo contrato colectivo este 22 de marzo
Shohei Ohtani, el samurai que lideró a un imparable Japón en el Clásico Mundial de Béisbol
Cruz Roja envía tres convoy humanitarios a la línea de combate en Ucrania
Este 31 de julio se cumplen 30 días de la detención de tres activistas y defensores de los Derechos Humanos integrantes de la ONG Fundaredes: Javier Tarazona (director), Rafael Tarazona y Omar García.
Distintas asociaciones civiles este sábado desarrollaron, en varias regiones del país, acciones de protestas cívicas para exigir la liberación de los activistas, quienes este 2 de agosto cumplen un mes de detención arbitraria en la que continúan incomunicados y sin acceso a la defensa.
Esta semana, familiares y abogados denunciaron el desmejoramiento de la salud de Javier Tarazona, quien presenta inflamación en una de sus piernas, además de problemas de hipertensión y diabetes.
En Amazonas, monseñor Yonni Reyes se sumó a las manifestaciones y pidió a las autoridades venezolanas respetar el trabajo de quienes luchan por los derechos humanos, así como el de los medios de comunicación que retratan la realidad que vive el país.
El pasado 3 de julio, el tribunal 3ero de control con competencia en terrorismo dictó privativa de libertad contra el director de Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García.
La información la dio a conocer el abogado y defensor de derechos humanos Alonso Medina Roa en sus redes sociales.
Los miembros de la ONG serían recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo, conocido como La Planta, ubicado en el estado Carabobo, por orden de la jueza Luisa Garrido.
Les imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Tarazona fue detenido en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón, a donde acudió, el viernes 2 de julio, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de Polifalcón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sujetos sin identificar.