El anuncio de una Ley de Amnistía a finales de enero generó expectativas y esperanza entre familiares de presos políticos y abogados, las mismas que parecían desvanecerse con una declaración de la gobernante encargada, Delcy Rodriguez:
“Esta Ley de Amnistía llega a su fin para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía. Hay otros espacios donde se pueden canalizar”, expresó durante la instalación de la comisión nacional para la reforma judicial, este 23 de abril en Miraflores.
¿Cuáles son esos espacios? De acuerdo con Rodríguez, el Programa de Convivencia Democrática y Paz, dirigido por Ernesto Villegas y la misma comisión para la reforma judicial cuya secretaría recayó en el fiscal general, Larry Devoe.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Alianza del Lapiz, Antonio Ecarri, consultado por Efecto Cocuyo, considera que la presidenta encargada se refirió al fin de una primera etapa de la amnistía, no a una caducidad del instrumento legal, que advirtió sigue vigente porque el Ejecutivo no está facultado para derogarla.
Defensores de derechos humanos y analistas también señalan que si por decisión política, Delcy Rodríguez pretende dejar la Ley de Amnistía atrás y que se deje de aplicar de facto, el Ejecutivo estaría incurriendo en una arbitrariedad, violatoria de la Constitución.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Interpretación
Lo primero que explican abogados como Joel Garcia, el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob y el exfiscal Zair Mundaray es que de acuerdo con el artículo 218 de la Constitución, las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo o en el caso de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare la inconstitucionalidad de la norma sancionada por la AN.
El Parlamento presidido por Jorge Rodríguez aprobó en segunda discusión la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el 19 de febrero. El instrumento legal fue propuesto por la presidencia encargada, que desde el 3 de enero, es supervisada por el gobierno de Estados Unidos.
“La amnistía apenas está comenzando, no llega a su fin, quizás a lo que se refiere la presidenta encargada es al fin de una etapa, pero legalmente sigue vigente, fue una ley aprobada por consenso en la AN. La ley no se puede derogar de un plumazo, no contempla término de vigencia”, subrayó Ecarri.
Al afirmar que la amnistía apenas comienza, el diputado integrante de la comisión especial que hace seguimiento a la aplicación del texto legal, presidida por Jorge Arreaza (Psuv), se refiere a que es un proceso que puede llevar años, como lo indican experiencias como la española, donde los efectos jurídicos de una normativa que perdonó actos de intencionalidad política, considerados delitos hasta el 15 de junio de 1977, tras 40 años de dictadura, aún perduran.
“La amnistía no debe limitarse solamente al área penal, sino al área laboral, patrimonial en lo que se refiere a propiedades invadidas, confiscadas. La ley además tiene un apellido: convivencia democrática que también pasa porque las personas que están excluidas del espectro político se incorporen”, agregó Ecarri.
Tras una ola generalizada de rechazo por parte de ONG y defensores de DDHH frente a las palabras de la interina, el diputado Arreaza quiso aclarar: La ley sigue vigente. En su cuenta de la red X, el presidente de la comisión de seguimiento a la aplicación de la normativa explicó que los casos que se corresponden con el texto legal (el artículo 9 contempla exclusiones como intentos de magnicidio) ya han sido abordados casi en su totalidad y que Delcy Rodriguez solo abre oficialmente otras vías distintas al instrumento jurídico.
“La ley de amnistía ha beneficiado a casi 9 mil personas, un gran aporte para la paz. Las pocas solicitudes no realizadas aún, serán recibidas en tribunales. Adicionalmente la presidenta encargada ha abierto nuevas vías para abordar casos que no se pueden resolver por vía de esta ley”, escribió Arreaza.
Por lo tanto, resaltó Ecarri, la comisión especial sigue en funcionamiento sin fecha de caducidad. Lo contrario, alertó, sería un gran retroceso, así como el regreso de posiciones que tilda de extremistas.
“El momento político aconseja prudencia con declaraciones que luego pueden desatar un caos”, sugirió el excandidato presidencial.
“Nunca hubo voluntad política”
Para Gonzalo Himiob la afirmación hecha desde la presidencia encargada es expresión de una voluntad política hecha de manera inconstitucional.
“Refleja que en realidad nunca hubo verdadera voluntad política de reconocer que se habían cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos, que se habían ejecutado gravísimos excesos y que tenían que hacerlos cesar, particularmente en el caso de la prisión y de la persecución política a través de una amnistía amplia y que verdaderamente incluyera todos los casos”, recalcó Himiob.
El abogado y defensor de DDHH refutó de nuevo las cifras proporcionadas por el chavismo sobre la amnistía. Hasta el 20 de abril, Foro Penal registró que sólo 186 presos políticos, detenidos de manera arbitraria e injusta, habían salido de prisión por la amnistía, lo cual deja todavía a 473 privados de libertad por motivos políticos tras los barrotes.
Criticó además que el Estado nunca publicó un informe indicando las identidades de los beneficiados por la ley o cuántas de las personas que estaban bajo medidas cautelares fueron al final favorecidas o no.
“Pero el tema no es ese, el tema es que si se quiere hacer cesar el cumplimiento de la ley de amnistía por una vía de facto, por orden de la presidencia encargada, lamentablemente se van a quedar por fuera de la consideración de la amnistía muchísimas personas, de un universo que también es muy difícil de precisar, porque recordemos que no estamos hablando solo de presos, estamos hablando de perseguidos, personas con medidas cautelares, con averiguaciones abiertas, personas en el exilio”, alertó.
Ecarri coincidió en que la aplicación de la ley de Amnistía se ha quedado “corta” y que si bien gozan de libertad plena dirigentes como Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia y Freddy Superlano de Voluntad Popular, faltaron muchas personas.
“Tienen que haber mecanismos para abordar el caso de los militares, medidas alternativas a la amnistía”, dijo.
“Nada ha cambiado”
Desde la mirada de la politóloga y profesora de DDHH, Nastassja Rojas, las palabras de Delcy Rodriguez y sus posibles implicaciones evidencian que la intención nunca fue promover la convivencia pacífica y democrática sino “aparentar” tras los acontecimientos del 3 de enero.
“Una ley usada como instrumento para borrar la responsabilidad que tienen quienes realmente deben responder, que son los represores, violadores derechos de las personas y cometido crímenes de lesa humanidad. También deja en evidencia una vez más la falta de independencia de poderes que sigue siendo un problema estructural. Nada ha cambiado y es una mala señal en momentos en que se promueve una transición hacia la democracia y hacia el respeto a los DDHH”, sostuvo Rojas.
También calificó como negativo el balance de aplicación del instrumento legal a la fecha. A su juicio, se comenzó con mal pie desde el momento en que desde la AN se ordenó que los presos políticos debían ponerse a derecho, es decir, admitir delitos que no cometieron. De manera reiterada, ONG han señalado que ello contradice el espíritu de una amnistía según estándares internacionales de DDHH.
“Una ley arbitraria que refuerza el uso del sistema judicial para reprimir, pero que dada la complejidad del caso venezolano, fue recibida para lograr la libertad del mayor número de personas posible, aun con todos los defectos. Pero esto tampoco ocurrió, más de la mitad de las personas detenidas por motivos políticos siguen en las cárceles y muchos de los que han salido siguen con medidas cautelares, sin dejar de mencionar a los excluidos, que es una forma de mantener contenida a la población en general y a cualquier voz disidente”, sostuvo.
En casos como el del director de FundaRedes, Javier Tarazona y el del periodista Carlos Julio Rojas, entre otros, se les excarceló con medidas cautelares tras años de prisión y se les negó la amnistía.
¿Desafío a Trump?
El director de la ONG RedesAyuda, Melanio Escobar no descarta la incidencia que pudiera tener el juicio por la trama de corrupción Pdvsa-cripto y que involucra a un grupo de más de 50 detenidos, entre ellos el exministro del petrolero, Tareck El Aissami, en las palabras de Delcy Rodríguez.
El defensor de DDHH sostuvo que uno de los argumentos de la defensa privada es que se trata de presos políticos, que se les han violado DDHH y el debido proceso y buscarán ser objeto de perdón en un futuro, aunque el artículo 9 de la ley excluye delitos de corrupción.
“También hay que tomar en cuenta la situación con los presos políticos en cárceles como el Rodeo y Yare con denuncias de torturados y fallecidos, mientras el gobierno dice que se trata de motines. Todavía quedan casi 500 presos políticos según Foro Penal, por lo que se estaría buscando dejar de lado la ley para que el Ejecutivo continúe con la práctica de escoger a dedo quién sale de prisión y quién no. El anuncio deja muchas preguntas pero favorece al régimen”, advirtió.
Igualmente se pregunta si la interina estaría desafiando al gobierno de Estados Unidos que ha destacado las liberaciones de presos políticos y al mismo encargado de negocios John Barrett, que acaba de llegar a Venezuela para según afirmó, hacer cumplir el plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición.
El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró satisfecho por las liberaciones y excarcelaciones de presos políticos e incluso habló del cierre de un “centro de tortura”, lo cual fue interpretado como una alusión a El Helicoide, una de las sedes de la policía de inteligencia del gobierno, Sebin.
“La ley de Amnistía no ha cumplido el objetivo de llevar reparación y justicia a las víctimas de la represión política porque esa nunca fue la intención”, acotó Escobar.