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De “escandalosas” calificaron los diputados  de la Asamblea Nacional, reunidos en la sesión de este martes, las cifras de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi 2019) presentadas recientemente por la Universidad Católica Andrés Bello. Lamentaron que el estudio advirtió sobre “la tragedia” desde 2014 y que desde el Ejecutivo no se tomaron las medidas para evitarlo.

El presidente interino y del Parlamento, Juan Guaidó, expresó su pesar porque los números de la encuesta equiparan a Venezuela con los países más pobres del mundo y los que quedaron destruidos producto de conflictos bélicos como Siria. Recordó que la guerra en nuestro país existe y es la de la “dictadura de Nicolás Maduro” contra los ciudadanos.  “No se escuchan bombas pero sí el dolor”, dijo.

“Es el triste reflejo de la situación en Venezuela, nos explica la magnitud de la tragedia, a lo que nos enfrentamos (…) La dictadura prefiere comprar camionetas de lujo que respiradores, por ello debemos  intensificar la presión interna a pesar de la pandemia, ellos le han dado a la pandemia un  uso político de persecución y  es nuestro deber implementar todo lo que está a nuestro alcance”, instó.

El sociólogo y uno de los coordinadores de la encuesta, Luis Pedro España,  intervino desde Madrid en la sesión ordinaria a través de una grabación e hizo un resumen de los datos más relevantes de la Encovi. Entre ellos, que 96,2 % de los hogares reportan pobreza por ingresos, mientras que 79,3 % no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos.

“Desde 2014, la Encovi venía alertando sobre la tragedia, cuando reportó que 23% de los hogares no tenían ingresos para comer y el  Gobierno no hizo nada”, rechazó la diputada Dignora Hernández.

Después de la pandemia

El parlamentario Jesús Yánez alertó que la Encovi registró un aumento del desempleo de casi seis puntos porcentuales en 2019 y que esa cifra podría aumentar “dramáticamente” luego de la pandemia del COVID-19. Señaló que el  impacto de la cuarentena es mayor en el sector comercio. Hasta este 13 de julio, los casos confirmados de COVID-19 en Venezuela llegan a 9.707 y 93 fallecidos.

“Hay adultos mayores en Venezuela que se quedaron sin sustento porque sus familiares al quedarse sin empleo en el exterior no les envían remesas, estas cayeron  4 puntos porcentuales y las pensiones no alcanzan por el constante aumento de los alimentos. Hay profundo temor a morir de hambre y mengua y la curva de contagios apenas están creciendo”, advirtió.

El legislador Daniel Antequera también subrayó que los daños a la población, especialmente a la infantil por la precariedad de la alimentación, son irreparables, pero se debe evitar que el daño siga creciendo. Resaltó que la cifra de 74% de inseguridad alimentaria en los hogares es “escandalosa” y deben tomarse medidas urgentes.

“La desnutrición  aguda es de 21% en niños menores de 5 años, necesitamos que la ayuda humanitaria mejore para atender a los más vulnerables”, pidió la diputada María Teresa Pérez.

Contra la tortura

En el debate parlamentario vía Zoom también fue aprobado en segunda discusión el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. La aprobación en primera discusión del instrumento se produjo en la plenaria del 7 de julio.

El diputado William Dávila expresó  que la aprobación del Protocolo es fundamental para el país ante el patrón de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen chavista. Reiteró que el instrumento prevé visitas periódicas de organismos internacionales de derechos humanos a  centros de privados de libertad para evitar la tortura.

Se recordó que a un año de la aprobación del informe de la alta comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dicha recomendación no se ha cumplido.

Durante la presentación de su informe anual, la ONG Provea reportó 1.170 víctimas de tortura en Venezuela entre los años 2013 y 2019.

A propósito de la aprobación del Protocolo, los diputados recordaron que los legisladores Renzo Prieto, Tony Geara (ambos en marzo 2020) y Gilber Caro (diciembre 2019) y son víctimas de secuestro y desaparición forzada por parte de los organismos de seguridad. Previamente, en un punto de información también  se rechazó la detención arbitraria del politólogo Nicmer Evans ocurrida el lunes 13 de julio en horas de la noche, en Los Caobos.

“La familia de Nicmer Evans también fue secuestrada ayer en su hogar y maltratada psicológicamente, ese el esquema de funcionamiento del régimen, lo más parecido a un régimen  delincuencial, una dictadura, contra quienes insisten en disentir”, reprochó Guaidó.

El parlamentario Ángel Alvarez Gil dijo que el delito de instigación al odio, del cual se acusa a Evans, es usado contra los medios de comunicación, periodistas y disidentes para callarlos. Expresó que instigadores del odio son quienes hoy gobiernan el país  por someter a la población al hambre y por ser responsables del colapso de los servicios públicos, entre otros males.

“No renunciaremos al derecho a la libertad de expresión, ratificamos el compromiso con los medios libres de nuestra nación, exigimos liberación la liberación inmediata de Evans y de todos los presos políticos”, agregó.