El gobierno de Nicolás Maduro anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y les dio plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país, bajo el argumento de que «se inmiscuyeron en asuntos internos».
«La vemos muy activa cuestionando el accionar del Estado y esto en ningún Estado es tolerable«, dijo en rueda de prensa el canciller Yván Gil este jueves 15 de febrero.
El ministro de Exteriores acusó a los funcionarios de la ONU en el país de ser «una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana«, y de «solo proteger a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela».
Cuestionó que no se pronuncien sobre los intentos de conspiraciones que ha denunciado el mandatario Nicolás Maduro y Ministerio Público desde el mes de enero pasado, ni mencionen las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos y otros países contra el gobierno.
«Es una decisión administrativa que suspende la cooperación y el funcionamiento de la oficina porque esa oficina se ha desviado de su mandato», afirmó Gil.
La medida se produce después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH denunció el 13 de febrero la «desaparición forzada» de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, después de que estuviera desaparecida desde su detención el 9 de febrero y hasta su presentación en tribunales, donde no le permitieron tener representación legal privada.
«Los funcionarios que están ahora tienen 72 horas para abandonar el país y revisaremos en los próximos 30 días cuáles son los mecanismos de cooperación de esta oficina», expresó.
Cuándo se instaló la Oficina del Alto Comisionado
En septiembre del año 2019, la Oficina -bajo el mandato de Michelle Bachelet- firmó un acuerdo de cooperación técnica que permitió la instalación de funcionarios de ese organismo en el país.
Ya en octubre de 2023 el gobierno chavista amenazó con romper el vínculo con esta instancia después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió por otro año el trabajo de la Misión Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela, lo que Miraflores consideró como un «acto hostil e injerencista» en sus asuntos internos.
En ese momento expertos en derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que esto sucediera porque cerraría un canal directo para elevar denuncias contra la violación de las garantías fundamentales de la población venezolana.
La Cancillería también emitió un comunicado en el que dijo que «la Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino».
Fustigó que mientras el Ministerio Público investiga supuestos ataques contra Nicolás Maduro, algunos de sus ministros, además de alcaldes o gobernadores, el organismo no diga nada al respecto.
«Esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones», agregaron en el texto.
La decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció una rueda de prensa tras su visita de dos semanas a Venezuela, en la que cuestionó el programa social Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), al calificar que era forma clientelar, que se negaba a personas por razones políticas, entre otras afirmaciones.
Lea aquí el comunicado del gobierno de Nicolás Maduro:
Gobierno suspende labores de Oficina de la ONU para DDHH en Venezuela by Efecto Cocuyo on Scribd