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El Fondo para la Liberación de Venezuela, que en la práctica funge como un presupuesto de funcionamiento del Gobierno interino, recibirá 152 millones de dólares más provenientes del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los nuevos recursos se suman a los 80 millones de dólares previamente aprobados para ese fondo, en 2020, sobre los que aún la presidencia encargada no rinde cuentas.

De los 152.330.533 dólares, que serán solicitados como un crédito adicional al BCV, 100 millones se usarán para la compra de vacunas contra el COVID-19 y 52 millones para el pago de los magistrados en el exterior, de las juntas directivas ad hoc, de los diputados electos en 2015 y demás cargos que mantiene la estructura paralela. Con la partida también se financiará objetivos como “la defensa de la democracia”.

“Estamos en una situación muy particular porque el Gobierno interino no tiene todas las competencias de un Gobierno nacional, entonces aprobaron un fondo que llamaron para la Liberación de Venezuela que no tiene el alcance de un presupuesto nacional, pero debe respetar los principios de transparencia fiscal porque son recursos públicos y todos los venezolanos tenemos derecho a saber qué hacen con nuestro dinero”, afirma la economista Christi Rangel.

La también coordinadora regional de la ONG Transparencia Venezuela, sostiene que, si bien la administración de Juan Guaidó publicó algunos datos, esta información es insuficiente para que los ciudadanos, las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer una contraloría.

“No basta con unas cifras globales, hay unos principios internacionales que deben respetarse, necesitamos saber cuáles son las fuentes de ingresos y los gastos que se hacen bajo tres esquemas de clasificación: la administrativa que indica quién gasta, qué organismo es el responsable de la ejecución de los fondos; la clasificación funcional que es el para qué se gasta, cuáles son los objetivos; y la clasificación económica que es la que detalla cuánto dinero es gasto corriente y cuánto gasto de capital”, explica.

La especialista alerta que el pago de los magistrados en el exterior y demás funcionarios debe estar justificado en objetivos medibles. “Entendemos que el Poder Judicial está cooptado en Venezuela y por eso la motivación de nombrar un TSJ que actuara de forma independiente, pero no sabemos qué está haciendo ese poder judicial paralelo, ¿están investigando?, ¿están impulsando la justicia transicional?, ¿están documentando las violaciones de derechos humanos?, ¿cuál es la razón de que esos magistrados existan?, ¿cómo su trabajo impacta en la reparación de las víctimas?”, cuestiona.

Opacidad y acusaciones

Antes de que el nuevo presupuesto fuera aprobado por la Comisión Delegada Legislativa el pasado 22 de abril, unos audios que el gobierno de Nicolás Maduro atribuye al exdiputado Sergio Vergara se filtraron y anticiparon el monto de los 52 millones de dólares que se destinarán, entre otras cosas, a sostener el funcionamiento del interinato.

En las grabaciones, que presuntamente son de Vergara, se detalla que una de las partidas se destina al despacho de la presidencia encargada para que no sea necesario que dichos recursos pasen por la aprobación burocrática de los cuatro partidos que integran el G4 (Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, además de Voluntad Popular).

También se indica que parte de ese dinero se usará en gastos de alimentación y seguridad para el equipo de Juan Guaidó.

En otro audio se menciona una compensación para las embajadas que están a disposición del presidente encargado. Estas compensaciones incluyen los gastos de vivienda de algunos representantes diplomáticos que operan en el exterior.

Desde las filas de la oposición han exigido transparencia. El actual comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores, Julio Borges, y el primer vicepresidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Pablo Guanipa, ambos de Primero Justicia, exhortaron a la presidencia interina a aclarar si hubo un manejo transparente de los recursos públicos.

El Fondo de Litigios para la defensa de activos en el exterior también levantó alarmas. La comisión de contraloría de la Delegada señaló al exprocurador especial José Ignacio Hernández de haber cometido errores procedimentales en las contrataciones de las firmas de abogados que defienden los activos y contraer deudas con insuficiencia presupuestaria. Una acusación que el abogado niega.

A pesar de hacer pública esta denuncia, no se conoció de ninguna investigación formal que abriera la comisión y menos de ninguna sanción aplicada a algún funcionario o exfuncionario.

Sobre esto, la economista Rangel responde: “Una vez que la comisión de contraloría hace un informe o una investigación debe publicarla, eso es una obligación y es una práctica de transparencia. Si el caso trascendió y no hay un documento formal entonces hay un proceder indebido en la medida que no se publica el resultado de sus auditorías y las responsabilidades que resultaron de esas actuaciones. Si se detecta alguna irregularidad las sanciones pueden ser administrativas y si son delitos graves ya correspondería a la Fiscalía”.

Riegos

La economista y coordinadora del Observatorio de Gasto Público de Cedice, Sary Levy, considera que el Gobierno interino no cumple con buenas prácticas de transparencia fiscal.

“No ha habido tal rendición de cuentas, toda esta situación nos preocupa porque están destinando fondos públicos para ejecutar unos roles que sabemos que no pueden concretar muchas de sus acciones por la realidad política. Desde esa concepción, es muy grave el uso de fondos públicos”, expresa.

La profesora universitaria advierte que la administración de Guaidó está replicando la opacidad del gobierno de Maduro: “Tomando en cuenta la situación económica del país, es sumamente grave que se siga manejando la cosa pública con la misma opacidad con la que estamos criticando al régimen (de Maduro). Ese presupuesto que aprobó el Gobierno interino debería ser lo más transparente, lo más público y abierto a la población y nada de eso ha sido así. Lamentablemente, prácticas de transparencia fiscal no hay”.

“Estamos viviendo en carne propia las consecuencias de que no se administre con transparencia los fondos públicos. Se han perdido más de 52 mil millones de dólares en los últimos 20 años y esto es solo de los casos que se conocen. Cuando no podemos saber cómo se administran los recursos en cada unidad de gobierno hay oportunidad para que se desvíen y se pierdan por corrupción o se malgasten por ineficiencia”, concluye la economista Rangel.