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Los costos asociados a la defensa de activos en el exterior, bajo el control del Gobierno interino, sumaban 23.5 millones de dólares hasta octubre de 2020, según consta en una investigación que realizó Efecto Cocuyo. Actualmente, los recursos dispuestos para el Fondo de Litigios ascienden a 50.8 millones de dólares con las aprobaciones más recientes de la Comisión Delegada Legislativa.

En la sesión del 12 de enero, los integrantes de la Delegada autorizaron el desembolso de 18 millones 749 mil 681 dólares con 49 centavos para el pago de deudas adquiridas entre 2019 y 2020 con firmas de abogados que han representado al Estado venezolano “en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano”.

Adicionalmente, se destinó una partida de 1.053.052 de dólares para la defensa judicial y extrajudicial de activos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Venezuela y 7.560.544 de dólares para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de Petróleos de Venezuela.

Estos últimos montos figuran en un acuerdo que no fue sometido a votación durante la sesión y, por lo tanto, no fue aprobado por la Comisión Delegada. No queda claro si por error u omisión deliberada.

Oficialmente, los gastos del Fondo sólo están publicados de manera parcial en el Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial y en el video de rendición de cuentas de la Junta ad-hoc del BCV, de agosto de 2020. No hay información pública sobre la ejecución de las nuevas asignaciones.

“Errores procedimentales”

En el acuerdo que autoriza el pago de 18 millones de dólares, la comisión de Finanzas señala al exprocurador especial, José Ignacio Hernández, de haber cometido “errores procedimentales” en las contrataciones de las firmas de abogados que defienden los activos y contraer deudas legales con insuficiencia presupuestaria “en razón de la protección de un bien jurídico mayor, en este caso, los intereses patrimoniales de los venezolanos en el extranjero” y como consecuencia de la usurpación del Ejecutivo.

El artículo 61 de la Ley contra la Corrupción sanciona con prisión la realización de gastos o contratación de compromisos sin la previsión presupuestaria salvo autorización emitida por la Presidencia siempre y cuando esa contratación diere lugar a reclamaciones contra la República o contra algunas de las entidades o instituciones consideradas patrimonio público.

Consultado al respecto, Hernández responde: “Cuando leí la noticia me sorprendí pues no conozco de ninguna investigación ni fui llamado a comparecer en relación con errores procedimentales. Desconozco cuáles son los fundamentos de esa afirmación que solo ha podido emitirse luego de una investigación imparcial”.

El abogado sostiene que es falso que las contrataciones de la defensa se hicieran sin la previsión presupuestaria aprobada en distintos acuerdos parlamentarios. Incluso asegura que la demora de la Asamblea Nacional en la aprobación de recursos para el fondo “afectó la calidad de la defensa del Estado” precisamente porque no podía contratar a ningún despacho hasta que el Parlamento lo autorizara.

En una comunicación del 25 de mayo de 2020, dirigida a la comisión de Contraloría, de Finanzas y al Contralor designado por Juan Guaidó, Hernández explica los procedimientos de contratación y pago de honorarios profesionales.

En el documento oficial precisa que los despachos de abogados que representan judicialmente al Estado venezolano se dividen en dos grupos, los que habían sido contratados previamente por el Gobierno de Nicolás Maduro y que se pusieron a disposición del Gobierno interino tras el reconocimiento internacional a Juan Guaidó, estos son: Arnold & Porter, Hogan Lovells y Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. En estos casos “no hubo nuevas contrataciones sino la continuación de la misma relación contractual preexistente, condición indispensable para mantener la defensa del Estado”, argumentó Hernández.

Y un segundo grupo conformado por nuevas contrataciones hechas “al amparo de las previsiones presupuestarias decididas por la Asamblea Nacional en Acuerdos” y que “fueron resultados de procedimientos de selección de contratistas coordinados con las instancias correspondientes”. Estos son: Lee Buchheit, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings, Paul Hastings, Munger, Tolles and Olson LLP.

Comunicación Del Procurador by Ibis León on Scribd

Sin embargo, en la misma comunicación, José Ignacio Hernández advierte que los controles que se están aplicando para las contrataciones y pagos “no cuentan con la base legal adecuada” y “no se corresponden con los controles generales establecidos en la Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de Contraloría”.

El exprocurador afirma que lo que señalaba en ese momento era que el Fondo de Litigios debía incluirse como una partida en la Ley de Presupuesto de la Asamblea Nacional de 2020. “Mi propuesta era dictar una Ley de presupuesto para el fondo, pero solo aprobaron tres acuerdos y el acuerdo no es un instrumento apropiado para el manejo presupuestario”, agrega.

El actual presidente de la comisión de Finanzas, Carlos Paparoni, no respondió la solicitud de entrevista a Efecto Cocuyo.

Bono 2020

La demora del Legislativo en la autorización del presupuesto para el Fondo de Litigio está relacionada a disputas internas entre los partidos. Primero Justicia estaba en desacuerdo con la demanda de nulidad de los bonos Pdvsa 2020 que ponen como garantía a más de la mitad de los activos de Citgo, según Hernández. Fuentes de Voluntad Popular y de Acción Democrática han confirmado esta información.

Sin embargo, el argumento de la fracción parlamentaria de PJ para salvar su voto durante el debate para la aprobación del Fondo era que los mecanismos de control para evitar hechos de corrupción  eran vulnerables. La rendición de cuentas sigue siendo una exigencia reiterada del coordinador nacional del partido y comisionado presidencial Julio Borges.

Hernández también explica que la decisión de ir a litigio en este caso fue impulsada por la inminencia de un pago de cerca de 900 millones -inviable de cumplir- y la imposibilidad de acordar con los tenedores de bonos un mayor plazo para negociar una salida financiera, y con la anuencia de del gobierno de Estados Unidos, que suspendió por tres meses la licencia que permitía tomar control de Citgo (lapso que ha sido prorrogado).

Sin reglas

Aunque el Estatuto que rige la transición hacia la democracia da potestad al Procurador especial para designar apoderados judiciales, las reglas para la supervisión y contraloría se aprobaron de forma tardía.

El contralor fue designado un año después de que el Procurador iniciara sus gestiones para la defensa de activos en el exterior y no fue sino hasta el 10 de julio de 2020 que la Asamblea Nacional impulsó una Ley para regular los contratos públicos destinados a la recuperación y manejo de los activos de Venezuela.

Una fuente del comité técnico responsable de la administración de los primeros 20 millones asignados al Fondo de Litigios defiende la transparencia de la gestión apelando a las restricciones que impone la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés).

Para que el BCV y Pdvsa puedan mover recursos de sus cuentas en Estados Unidos requieren la autorización de la Asamblea Nacional y una licencia de la Ofac porque este dinero está bloqueado por las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. “Si el fondo es de 20 millones, la Ofac no te emite una licencia por los 20 millones sino que va aprobando licencias parciales y conforme se van ejecutando satisfactoriamente te van aprobando más recursos. No es un cheque en blanco, cada dólar que se mueve tiene que justificarse a efectos de la legislación venezolana y la legislación americana”, dice.

El comité técnico del Fondo de Litigios fue sustituido por el Consejo Nacional de Defensa Legal de la República que actualmente está integrado por David Natera, Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo y Freddy Orland.

¿De dónde salen los recursos?

El dinero que usa el BCV para el pago de abogados proviene de una cuenta que tiene en la Reserva Federal de Estados Unidos. La Junta Administradora ad-hoc del BCV reveló que el saldo de esa cuenta es de 4.626.000 dólares.

En el caso de Pdvsa, el dinero para el pago de los bufetes proviene de deudas que tenían filiales de Citgo con la estatal petrolera, según Luis Pacheco, expresidente de la junta directiva ad-hoc. No precisó la disponibilidad financiera de Pdvsa en esas cuentas por cobrar.

Adicionalmente, el Gobierno interino tiene el control de una fuente principal de recursos que es una cuenta a favor del Banco Central de Venezuela que está bajo custodia de la Reserva Federal con 342.279.672 dólares provenientes de una transferencia realizada desde Citibank. La entidad financiera debía estos fondos al BCV como un monto remanente de la ejecución del oro que Venezuela había dejado en garantía de dos préstamos.

¿Gastos millonarios?

Para algunos, el total destinado al pago de abogados para la defensa de los activos en el exterior es una cifra exorbitante, para otros es razonable. Una fuente del G4 (instancia que agrupa los cuatro principales partidos de oposición), que pidió no ser identificada, afirma que los millones usados “son gastos excesivos” y además pone en duda que la estrategia implementada sea acertada porque a su juicio está conduciendo a la pérdida de Citgo.

Pero el exprocurador José Ignacio Hernández considera razonable el pago de 24 millones de dólares en el primer año. “Durante mi gestión, hasta junio de 2020, las aprobaciones eran de 24 millones de dólares, divididos así: 20 millones estimados para 2019 y 2020, 2 millones para Pdvsa en octubre de 2019 y 2 millones para el BCV en noviembre. Si calculas que esas cantidades permitieron proteger activos por cerca de 15 millardos de dólares, las cifras son razonables”, expone.