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 El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, Julio Borges, informó este viernes 19 de febrero, que el Gobierno interino emitió un alerta internacional por violaciones de derechos humanos durante los sucesos de la parroquia La Vega, en Caracas, entre el 6 y el 9 de enero de 2021.

La comunicación se apoya en el reciente informe presentado por la ONG Amnistía Internacional (AI) que ratifica que en Venezuela existe un patrón sistemático de violaciones de DDHH «cuya cabeza de mando es Nicolás Maduro».

«Enviamos alerta internacional ante informe de Amnistía Internacional que ratifica crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las víctimas de estos atropellos del régimen esperan acciones internacionales coordinadas que permitan que se aplique la justicia a los responsables», expresó Borges a través de su cuenta en la red social Twitter.

 Este 18 de febrero, AI pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya las ejecuciones extrajudiciales registradas durante los operativos policiales, que derivaron en la masacre de La Vega, en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Insta a tomar acciones

En la alerta firmada por Borges resalta que de acuerdo con Amnistía, 14 personas fueron asesinadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), durante el operativo policial del pasado mes de enero. Según el reporte, se pudo comprobar que las víctimas presentaron heridas que permitieron concluir que no murieron producto de un enfrentamiento.

Borges señaló que el informe coincide con las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, la cual en 2020 afirmó que existen elementos que permiten concluir que el Estado venezolano ha incurrido en crímenes de lesa humanidad.

«En vista de ello, resulta preocupante se tenga prevista la participación de Maduro en la sesión del Consejo de DDHH del próximo 22 de febrero, no es un acto cónsono con los venezolanos que sufren a causa de su régimen criminal», advierte.

Asimismo insta a tomar acciones internacionales para avanzar en la judicialización de los responsables. Indicó que ello pasa por presionar para que el examen preliminar que lleva la CPI en el caso venezolano, se acelere y se abra el juicio formal y por la activación de la jurisdicción universal en cada nación, a fin de castigar a los responsable por crímenes de lesa humanidad.

También solicitó que la comunidad internacional se haga eco de lo que es una petición de alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la eliminación de las FAES, por considerarse un grupo de exterminio.

«Las víctimas de estos atropellos, ante la falta de independencia judicial y el clima de represión que se vive en el país, esperan una acción coordinada de toda la comunidad internacional que conlleve a un resarcimiento de los daños y una imposición de pena contra quienes trasgredieron los DDHH», concluyó.