Gobierno alienta el estigma contra venezolanos retornados

CORONAVIRUS · 26 MAYO, 2020 14:00

Gobierno alienta el estigma contra venezolanos retornados, advierten defensores

Texto por Ibis Leon | @ibisL

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Desde Miraflores se atribuye el aumento de casos de COVID-19 al ingreso de migrantes “infectados”. El chavismo gobernante acusa a Colombia de usar a grupos de venezolanos retornados como “armas biológicas”.

Estas expresiones alientan la estigmatización y la violencia contra quienes regresan al país en precarias condiciones de vida, advierten defensores de derechos humanos.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) también alerta sobre las amenazas contra estos grupos vulnerables, en sus informes del 23 de abril y 22 de mayo. “Hay un aumento de los riesgos de protección de las personas retornadas por posible violencia, estigmatización y discriminación, así como el incremento de muestras de xenofobia en las comunidades de acogida”, confirma el organismo.

El pasado 21 de mayo, el secretario de la gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, declaró que “toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese al país (por trochas) será considerada arma biológica”. Así mismo señaló que “hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia”.

“El clima de violencia política por supuesto que afecta, la declaración que hizo este funcionario tiene cero contenido en materia de derechos humanos, lo que estamos viendo es una estigmatización que pone en riesgo la protección de estas personas”, cuestiona el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Eduardo Trujillo.

En su opinión, las autoridades tienen que buscar un balance entre las medidas de protección frente a la pandemia y la restricción de los derechos.

Una población vulnerable

Desde el poder se responsabiliza a los migrantes por el repunte de la pandemia aunque las cifras de contagio demuestran que la proporción es menor.

Se estima que a Venezuela ingresaron 45.905 personas, entre el 6 de abril y el 21 de mayo. Hasta el momento, solo el 1,2% del total (510 personas) dio positivo para COVID-19.

Las Naciones Unidas define el estigma como “un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de disgusto”.

Ante el uso político de los migrantes, al profesor Eduardo Trujillo le preocupa que en los puntos de atención social integral (Pasi), donde son ubicados los venezolanos retornados en la frontera, se viole el derecho a la libertad personal.

“Nosotros pensamos que tiene que haber un despistaje del coronavirus, es parte de las medidas que están adoptando todos los Estados, el detalle son las condiciones en las que estos ciudadanos van a permanecer en cuarentena, porque si son condiciones de cuasi detención se está limitando el derecho a la libertad personal”, expone Trujillo.

El cierre de frontera también tiene efectos colaterales: “Las medidas de control de la pandemia pueden tender al cierre de fronteras que provocan cuellos de botellas y esta población que es vulnerable queda a la intemperie sin ningún tipo de ayuda o refugio. Cuando ingresan al territorio la falta de conectividad, por falta de gasolina, hace que no puedan dirigirse a su destino final luego”, opina el profesor.

Los decretos que imponen toques de queda en municipios fronterizos representan grandes riesgos, en opinión de Trujillo: “La restricción de los derechos está a la orden del día en este contexto”.

El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, asegura que estamos frente a escenarios de discriminación donde se viola el derecho a la alimentación, a la salud y al libre tránsito.

“No hay controles sanitarios óptimos y estamos frente a una alta vulnerabilidad porque no ha habido un control sanitario riguroso. Las condiciones en las que están los migrantes son muy precarias sin agua potable, sin energía eléctrica, hacinados en aulas de instituciones educativas que no están acondicionadas para ellos, sin sanitarios, sin duchas, sin alimentación”, denuncia.

La fundación tuvo acceso a fotografías de varios albergues, llamados Pasi, que confirman la aglomeración de personas sin distingo de edad ni sexo en estos espacios, lo que dificulta la implementación de medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud como el distanciamiento físico.

 

Defensores de derechos humanos denuncian que los albergues están hacinados. Foto: FundaRedes

Autoridades tuvieron que improvisar los llamados “puntos de atención social integral”. Foto: FundaRedes

Incomunicados en albergues

En el país hay 73 espacios de cuarentena preventiva, según la Ocha, que se encuentran principalmente en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira y Vargas. Tienen una capacidad que apenas supera las 7 mil personas y que casi se ha visto sobrepasada por los continuos ingresos al país.

En Táchira ocho de estos puntos fueron instalados en escuelas y liceos en la ciudad fronteriza San Antonio. En estos lugares, el protocolo de despistaje de COVID-19 inicia con la desinfección con hipoclorito, el chequeo de temperatura, la aplicación de una prueba rápida para descartar el virus y la cuarentena por 15 días, según el “protector” de la entidad Freddy Bernal.

Pero nadie sabe lo que realmente ocurre en estos espacios porque el funcionario chavista que se impone sobre la autoridad de la gobernadora electa controla y niega el acceso, indica la presidenta de la asociación civil Uniandes, Rosa Acevedo.

“Hay un hermetismo total, uno no sabe cuántas personas hay ahí, cual es la diferenciación por sexo y por edad. Las personas con las que hemos tenido contacto indican que las condiciones en los albergues no son las más adecuadas, no hay agua, no hay acceso a espacios limpios y hay hacinamiento”, expresa.

Uniandes conversó con seis mujeres que cumplieron la cuarentena obligatoria en uno de los Pasi y relataron que funcionarios militares les recriminaron porque se fueron del país “engañadas por la oposición” cuando ingresaron al territorio venezolano. Las migrantes confirmaron las carencias en los servicios de agua y luz en los albergues.

“En estos lugares muchos se encuentran incomunicados porque tuvieron que vender sus celulares en el trayecto para comprar comida y no han podido llamar a sus familiares”, comenta Acevedo.

Luego de que los ciudadanos cumplen la cuarentena en la frontera son recibidos por funcionarios militares de las Zonas Operativas de Defensa Integral en los estados de destino donde deben cumplir un nuevo aislamiento antes de entrar en contacto con sus familiares.

En esta fase también corren el riesgo de ser expuestos a prácticas de discriminación porque las autoridades no protegen sus identidades, argumenta Acevedo.

El coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos (Codhez) del Zulia, Juan Berríos, opina que el uso de la expresión “armas biológicas” coincide con el incremento de casos en la entidad por lo que es una estrategia para “desviar la atención” y “librar responsabilidades”.

El gobernador, Omar Prieto, confirmó un brote importante, el 20 de mayo, y ordenó detener por 24 horas a toda persona que salga a la calle sin usar tapabocas.

“El derecho a la no discriminación se está vulnerando con la simple declaración. Empezar a calificar genera una pérdida de atención sobre lo importante que son las medidas que se debe tomar para revertir ese crecimiento exponencial de la enfermedad”, sostiene.

En Zulia, los defensores de derechos humanos tampoco tienen información sobre lo que ocurre en los albergues. No obstante, expresan preocupación por el uso cada vez más frecuente de las trochas por las que pasan migrantes sin ningún tipo de control sanitario.

Unas 100 personas cruzan caminando a diario la zona de la Guajira para llegar al Zulia, según la Ocha.

Investigación internacional

La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sostiene que la acusación que hizo Nicolás Maduro sobre el supuesto plan que orquesta Colombia para contaminar a Venezuela de COVID-19 es una acusación grave que lo obliga a presentar pruebas ante el Sistema de Naciones Unidas.

La obligación del jefe de Estado se fundamenta en la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción suscrita por Venezuela desde 1978.

“Una acusación de este tipo expone a los migrantes venezolanos retornados a esquemas vejatorios y alienta la discriminación y exclusión en contra de estas personas, pues hace suponer que todos quienes cruzan la frontera vienen contagiados por COVID-19”, condena la ONG.

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