Aplazar las elecciones parlamentarias, previstas constitucionalmente para el 6 de diciembre, se ha convertido en una demanda de sectores nacionales e internacionales. Políticos chavistas y opositores, técnicos electorales y observadores nacionales coinciden en la necesidad de posponer para garantizar condiciones que hagan de los comicios un evento creíble y competitivo.
Otro sector, tampoco despreciable, objeta que retrasar las parlamentarias constituye una violación a la Constitución e incluso cuestionan el plazo de seis meses que pide la Unión Europea para enviar una misión de observación al país por considerarlo una imposición caprichosa.
No obstante, el proceso electoral ha estado marcado por violaciones reiteradas a la Constitución que han puesto en peligro la legitimidad de la elección y obligado al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer garantías, como la observación internacional y la eliminación de los puntos de control político de electores, conocidos como puntos rojos.
Ante la crisis política que atraviesa el país, la gran pregunta que surge es ¿cuánto tiempo se necesita para garantizar unos comicios realmente competitivos?
Hay al menos ocho garantías electorales que exige un sector opositor, encabezado por Henrique Capriles, para participar en las elecciones parlamentarias:
1️⃣ Observación internacional y un CNE imparcial
2️⃣ Garantizar auditorías totales al sistema de votación
3️⃣ Suspensión de inhabilitaciones
4️⃣ Revertir intervención de partidos
5️⃣ Actualización del Registro Electoral
6️⃣ Garantizar acceso equitativo a medios de comunicación
7️⃣ Suspensión de puntos rojos
8️⃣ Suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente sin modificación de la Constitución.
Las últimas tres garantías pueden resolverse en tiempo récord si hay voluntad política para hacerlo, las primeras cinco, tienen un impacto mayor en el cronograma electoral.
Observación internacional y CNE imparcial
La Unión Europea, como actor internacional que puede ofrecer credibilidad, exige seis meses para enviar su misión de observación internacional. Mientras que la participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) depende de su aprobación en el Consejo de Seguridad o la Asamblea General.
Además, la observación electoral se ha convertido en una tarea poco frecuente para la ONU que se dedica más a prestar asistencia técnica. No obstante, enviar este tipo de asistencia requiere al menos tres meses.
Para que se materialice la observación también es necesario que el CNE modifique el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en el que se contempla la figura de acompañante mas no de observador internacional, lo que limita el alcance de cualquier misión que quiera evaluar un proceso electoral en el país. Esta modificación es atribución del CNE y se resolvería rápidamente bajo consenso de los rectores.
Escoger nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral es un proceso largo que exige mínimo dos meses si el comité de postulaciones electorales de la Asamblea Nacional retoma el trabajo adelantado que frustró el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, un acuerdo político que involucre a amplios sectores del país puede buscar formas más expeditas de garantizar un arbitraje imparcial, explica el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) Luis Lander.
“Todas las listas de condiciones exigen un arbitraje imparcial, pero si existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo nacional, que sea aceptado por todos, incluyendo los rectores actuales, esto podría no ser un punto de honor siempre que se establezcan parámetros verificables para la actuación de los rectores”, expone el especialista en materia electoral.
Auditorías
La revisión exhaustiva del sistema automatizado de votación sí es un punto de honor. Más aún cuando el CNE se reserva la información del mismo a 68 días de los comicios.
Smartmatic, la empresa proveedora de la tecnología electoral que se usó desde 2004 hasta 2017, señaló públicamente que el Poder Electoral venezolano no puede usar su software, lo que hace suponer que se implementará un nuevo sistema de voto electrónico que debe auditarse desde cero.
Aunque el director del OEV, Luis Lander, advierte que es difícil determinar un periodo de tiempo para las auditorías ante la poca información que se conoce sobre el sistema, los seis meses que pide la Unión Europea son un plazo “prudente”.
Si los seis meses comienzan a contarse desde el mes de octubre las parlamentarias podrían fijarse para mayo o abril de 2021, pero esto dependerá de cuanto avance la negociación política.
Sobre el argumento de que el aplazamiento viola la Constitución, Lander responde: “Cambiar la fecha viola los artículos 192 y 219 de la Constitución, pero la cantidad de violaciones constitucionales que se han registrado en este proceso es inaudita”.
El profesor universitario también recuerda las dificultades técnicas y sanitarias que existen: “Nos estamos acercando a una situación parecida a la del año 2000, en la que el CNE tuvo que suspender las elecciones dos semanas antes porque no podía hacerlas técnicamente. No han llegado las máquinas, no se han hecho las auditorias, parece que no hay recursos económicos en el CNE, estamos en una situación muy precaria y a eso hay que añadirle la situación de la pandemia de COVID-19”, sostiene.
“La información que el CNE da sobre el sistema de votación es mínima, es muy difícil saber a qué nos estamos enfrentando, no dicen cual es la compañía proveedora, tampoco si hay un cambio del software ni cómo son las máquinas nuevas, todo esto requeriría una revisión de cinco o seis meses. Sin embargo nadie puede hacer aseveraciones definitivas porque es muy poca la información que se tiene”, responde el coordinador nacional de la Red Electoral Asamblea de Educación, José Domingo Mujica.
Subraya que los seis meses no son un plazo caprichoso sino que obedecen al tiempo mínimo que contemplaba la Ley de Sufragio y Participación Política para la organización de los comicios. Aunque esta ley fue sustituida por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el plazo de los seis meses siguió siendo aplicado por las autoridades electorales.
Aunque es posible prever tiempos técnicos, Mujica reitera que los avances finalmente dependerán de la voluntad de los actores políticos. “A los seis meses hay que agregarles los tiempos de la negociación. Depende de los dos sectores (chavismo y oposición), pero fundamentalmente del oficialismo al que se le pide que conceda algunas prácticas y normativas que acerquen la elección a un acto que sea percibido como justo, equitativo y que de confianza”, argumenta.
Partidos y candidatos
La suspensión de las inhabilitaciones políticas y el cese de la intervención de los partidos también implicaría abrir nuevamente el plazo para las postulaciones.
Para Luis Lander, son los dirigentes políticos quienes tienen que fijar el tiempo para armar sus maquetas considerando que deben postular a 277 candidatos principales y sus suplentes.
José Domingo Mujica considera que dos meses es un lapso razonable para tal tarea.
Actualización del Registro Electoral
Esta fase amerita al menos tres meses, de acuerdo con los especialistas, pues es necesaria una campaña informativa y dar tiempo suficiente para que los nuevos electores puedan inscribirse y los que ya están inscritos actualicen sus datos si así lo requieren.
Se estima que más de 3 millones de venezolanos, entre jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad para votar y los que tienen que hacer algún cambio en sus datos, necesitan la jornada de Registro Electoral.
El CNE concedió apenas 13 días para esta fase del proceso de cara al 6 de diciembre.