Once efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) han sido reportados por sus familiares como desaparecidos, de acuerdo con Fundaredes, desde el inicio del conflicto armado con la guerrilla en la frontera con Colombia, en el estado Apure. Exigen al Estado venezolano dar información sobre el paradero de los soldados.
«Fundaredes, de manera responsable y expresando su solidaridad con las familias de los militares, da a conocer la lista que ha podido documentar de funcionarios desaparecidos en Apure, con todos los testimonios y argumentos», señala el director de FundaRedes, Javier Tarazona.
De acuerdo con los datos suministrados por las familias, los militares fueron identificados como los tenientes de Fragata, José Emilio Torres Pérez, Luis José Cova Barrios y Junior Flores Berroterán; los sargentos mayor de tercera, Paúl Hernández, Dany Vásquez, José Antonio Ramos Dávila y el sargento primero de Fuerzas Especiales, Abraham D’ Jesús Belisario Bastidas.
También se desconoce la ubicación de dos soldados con rango de teniente coronel del Ejército, cuyos apellidos son Beomont y Llaguare y de otros dos miembros de la Fanb, cuyos datos no fueron aportados.
«Exigimos al Estado venezolano que se pronuncie sobre el paradero de estos uniformados, sus condiciones de salud, y que le diga la verdad a las familias que esperan tener noticias certeras sobre cada uno de ellos», insta el activista de derechos humanos.
Tarazona denuncia que las familias de los uniformados enviados a la zona de conflicto han acudido a Fundaredes en busca de ayuda al no poder tener comunicación con ellos, ante el silencio del alto mando militar.
«Desde el inicio del conflicto altos funcionarios del Estado venezolano han ocultado información y han intentado esconder la cantidad de asesinados y heridos producto de los enfrentamientos, así como los desplazamientos forzados de la población civil, ejecuciones extrajudiciales«, cuestionó.
Aseguró que los funcionarios fueron enviados al combate con grupos identificados como disidentes del Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), desprovistos de suficiente armamento, sin alimentos y sin los elementos necesarios para primeros auxilios.
«El 23 de abril dos helicópteros de las Fanb trasladaron a 36 de sus miembros a la zona del conflicto, allí fueron atacados por los irregulares, de ese evento resultaron doce fallecidos, cuyos cadáveres fueron devueltos a representantes de la Iglesia. Otros tres funcionarios militares resultaron heridos, llegaron tres días después del ataque al punto de control en La Charca, tras pasar todo ese tiempo sin ser rescatados», denunció.
El conflicto armado reportado desde el 21 de marzo ha causado el desplazamiento de más de 5.000 venezolanos y venezolanas, incluidos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, a la población colombiana fronteriza de Arauquita, donde el gobierno colombiano con ayuda de organizaciones internacionales ha dispuesto campamentos para brindarles asistencia.
Voceros de la administración de Nicolás Maduro insisten en afirmar que los militares venezolanos tienen el control del conflicto que afecta a las poblaciones de La Victoria, El Ripial, Guafitas, Arenales y Sector el 8 de la entidad llanera. Mientras, acusan al presidente de Colombia, Iván Duque, y al Comando Sur de los Estados Unidos de orquestar estos ataques.
El Ministerio de la Defensa tampoco ha ofrecido información sobre contra qué grupo en especifico se enfrenta en este combate y apela al calificativo genérico de «grupos delincuenciales y terroristas«.
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Once efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) han sido reportados por sus familiares como desaparecidos, de acuerdo con Fundaredes, desde el inicio del conflicto armado con la guerrilla en la frontera con Colombia, en el estado Apure. Exigen al Estado venezolano dar información sobre el paradero de los soldados.
«Fundaredes, de manera responsable y expresando su solidaridad con las familias de los militares, da a conocer la lista que ha podido documentar de funcionarios desaparecidos en Apure, con todos los testimonios y argumentos», señala el director de FundaRedes, Javier Tarazona.
De acuerdo con los datos suministrados por las familias, los militares fueron identificados como los tenientes de Fragata, José Emilio Torres Pérez, Luis José Cova Barrios y Junior Flores Berroterán; los sargentos mayor de tercera, Paúl Hernández, Dany Vásquez, José Antonio Ramos Dávila y el sargento primero de Fuerzas Especiales, Abraham D’ Jesús Belisario Bastidas.
También se desconoce la ubicación de dos soldados con rango de teniente coronel del Ejército, cuyos apellidos son Beomont y Llaguare y de otros dos miembros de la Fanb, cuyos datos no fueron aportados.
«Exigimos al Estado venezolano que se pronuncie sobre el paradero de estos uniformados, sus condiciones de salud, y que le diga la verdad a las familias que esperan tener noticias certeras sobre cada uno de ellos», insta el activista de derechos humanos.
Tarazona denuncia que las familias de los uniformados enviados a la zona de conflicto han acudido a Fundaredes en busca de ayuda al no poder tener comunicación con ellos, ante el silencio del alto mando militar.
«Desde el inicio del conflicto altos funcionarios del Estado venezolano han ocultado información y han intentado esconder la cantidad de asesinados y heridos producto de los enfrentamientos, así como los desplazamientos forzados de la población civil, ejecuciones extrajudiciales«, cuestionó.
Aseguró que los funcionarios fueron enviados al combate con grupos identificados como disidentes del Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), desprovistos de suficiente armamento, sin alimentos y sin los elementos necesarios para primeros auxilios.
«El 23 de abril dos helicópteros de las Fanb trasladaron a 36 de sus miembros a la zona del conflicto, allí fueron atacados por los irregulares, de ese evento resultaron doce fallecidos, cuyos cadáveres fueron devueltos a representantes de la Iglesia. Otros tres funcionarios militares resultaron heridos, llegaron tres días después del ataque al punto de control en La Charca, tras pasar todo ese tiempo sin ser rescatados», denunció.
El conflicto armado reportado desde el 21 de marzo ha causado el desplazamiento de más de 5.000 venezolanos y venezolanas, incluidos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, a la población colombiana fronteriza de Arauquita, donde el gobierno colombiano con ayuda de organizaciones internacionales ha dispuesto campamentos para brindarles asistencia.
Voceros de la administración de Nicolás Maduro insisten en afirmar que los militares venezolanos tienen el control del conflicto que afecta a las poblaciones de La Victoria, El Ripial, Guafitas, Arenales y Sector el 8 de la entidad llanera. Mientras, acusan al presidente de Colombia, Iván Duque, y al Comando Sur de los Estados Unidos de orquestar estos ataques.
El Ministerio de la Defensa tampoco ha ofrecido información sobre contra qué grupo en especifico se enfrenta en este combate y apela al calificativo genérico de «grupos delincuenciales y terroristas«.