El Foro Cívico –una plataforma de organizaciones y movimientos sociales- debatió sobre el rol que tuvo la sociedad civil organizada en el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile.
El encuentro forma parte de una serie de reuniones que sostiene el Foro con distintos sectores del país (desde el 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre) con el objetivo de crear una “agenda social y de derechos”.
La actividad contó con la participación de la historiadora, política y profesora Mariana Aylwin. Su padre, Patricio Aylwin, lideró la transición en ese país como el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura.
“Las elecciones son rendijas aunque no haya una garantía absoluta de que se puedan ganar. Son espacios en los cuales se dan pasos en un proceso que es más largo. Para nosotros la única rendija que quedó fue la de participar en un plebiscito en el que no queríamos participar”, manifestó la dirigente chilena.
La historiadora explica que en la oposición había tres tendencias: un primer grupo que desconfió de la salida pacífica y se sumó a una línea violenta (intentaron un atentado contra Pinochet); un segundo grupo que ponía toda su expectativa en la movilización social para lograr el cambio de gobierno y un tercer grupo que era minoritario, pero que luego sumaría más seguidores, que apostaba por la vía política, la negociación y la participación en elecciones incluso bajo las reglas de juego impuestas por la dictadura.
Aylwin señala que cuando se creó el comité por elecciones libres la meta no era participar en el plebiscito, había resistencia porque se temía que el evento iba a hacerse sin garantías democráticas; sin embargo, el trabajo que se adelantó desde esta coalición inscribiendo a los jóvenes en el registro electoral y haciendo formación cívica, para promover los valores democráticos, fueron claves para el despliegue social que tuvo lugar en la consulta de 1988 y que sirvió para proteger los resultados en los centros de votación.
“La movilización fue tan importante que logramos tener en cada local de votación apoderados de mesa. En ese tiempo teníamos a jóvenes, que eran los hijos de los miembros de mesa, que iban a buscar los resultados en bicicleta y los llevaban a las casas donde se hacía el cómputo. Hubo una organización para controlar que no se robaran ningún voto”, rememora.
En este sentido, opina que la juventud venezolana puede jugar un papel crucial en la defensa del voto como observadores ciudadanos en los centros electorales.
El 5 octubre de 1988, los votantes rechazaron prolongar el mandato de Pinochet con un 56% de los votos frente a un 44%. Este evento facilitó la transición pues significó la derrota del régimen, enmarcada en la Constitución que diseñó el propio dictador.
No obstante, Aylwin destaca que el plebiscito “fue la culminación de un proceso que venía gestándose años antes”. Entre los antecedentes destacan la creación de la Alianza Democrática, que impulsó las primeras protestas masivas contra el régimen militar, y la creación de la Asamblea de la Civilidad que reunió a grupos de la sociedad civil a favor de la democracia.
Las lecciones que dejó el proceso de transición en Chile, según la historiadora son:
-Ir a elecciones incluso sin condiciones.
-Fortalecer la movilización, articulación y organización de los sectores que buscan la democracia.
-Proteger activamente el voto como miembros y testigos de las mesas electorales.
-Promover un discurso conciliador, de reconciliación y de unidad nacional.
-El apoyo de la comunidad internacional (cobertura de prensa extranjera y presencia de observadores) es clave.
–Tender puentes con los sectores que están en el poder, especialmente el militar.
-Lograr una unidad de propósitos en las fuerzas democráticas.
-Promover el diálogo y la negociación.
-La Iglesia puede servir de puente entre el gobierno y la oposición.
La presidenta de la asociación Sinergia, Deborah Van Berkel, participó en la actividad y señaló que el Foro Cívico tiene la tarea de potenciar la articulación ciudadana para promover los procesos de cambio: «Es el poder de la construcción colectiva lo que va a hacer posible que las demandas no se conviertan en un papel sino en una agenda, hay que hacer que los partidos y los líderes políticos vean una exigencia tan fuerte de los ciudadanos que tengan que responder a ella».
También se refirió al envío de una misión de observación electoral de la Unión Europea como una «oportunidad».
La postura oficial del Foro Cívico es que «el anuncio del envío de una misión de observación internacional marca un buen inicio en la gestión del representante de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela y brinda nuevos aires y posibilidades de acción en favor de la construcción de soluciones para el país».
«El balance de estas elecciones regionales y municipales no resulta tarea fácil; se destaca dentro de lo positivo: 1) la realización de la auditoría integral, hecha por expertos, que constituye una revisión inédita de los principales componentes del sistema automatizado de votación, 2) la invitación temprana a la observación electoral internacional 3) los cambios normativos parciales para que esta observación electoral internacional pueda cumplir sus funciones de acuerdos a estándares internacionales, 4) la invitación a auditoria y posterior acreditación de reconocidas organizaciones como observación electoral nacional, 5) la habilitación del partido MUD, inhabilitado, al igual que otros partidos opositores y de disidencia del chavismo por el TSJ», enumeró el politólogo y exasesor del CNE, Jesús Castellanos.
El investigador también destacó los aspectos negativos que marcan el evento del próximo 21 de noviembre: «El CNE generó una normativa para la representación indígena abiertamente inconstitucional no solo por su origen sino también por el desconocimiento de principios del sufragio activo: el voto universal, directo y secreto. De igual manera, el régimen de Maduro sigue utilizando su ventaja institucional para perseguir a opositores, hacer proselitismo a favor del PSUV con uso de recursos públicos; promover o usar a discreción figuras alternas a los cargos de elección popular como el proyecto de Ley de Ciudades Comunales y de los protectorados, respectivamente; mantener e incluso continuar con la práctica de inhabilitaciones políticas ya sea a partidos políticos por el TSJ o de personas por la Contraloría».
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El Foro Cívico –una plataforma de organizaciones y movimientos sociales- debatió sobre el rol que tuvo la sociedad civil organizada en el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile.
El encuentro forma parte de una serie de reuniones que sostiene el Foro con distintos sectores del país (desde el 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre) con el objetivo de crear una “agenda social y de derechos”.
La actividad contó con la participación de la historiadora, política y profesora Mariana Aylwin. Su padre, Patricio Aylwin, lideró la transición en ese país como el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura.
“Las elecciones son rendijas aunque no haya una garantía absoluta de que se puedan ganar. Son espacios en los cuales se dan pasos en un proceso que es más largo. Para nosotros la única rendija que quedó fue la de participar en un plebiscito en el que no queríamos participar”, manifestó la dirigente chilena.
La historiadora explica que en la oposición había tres tendencias: un primer grupo que desconfió de la salida pacífica y se sumó a una línea violenta (intentaron un atentado contra Pinochet); un segundo grupo que ponía toda su expectativa en la movilización social para lograr el cambio de gobierno y un tercer grupo que era minoritario, pero que luego sumaría más seguidores, que apostaba por la vía política, la negociación y la participación en elecciones incluso bajo las reglas de juego impuestas por la dictadura.
Aylwin señala que cuando se creó el comité por elecciones libres la meta no era participar en el plebiscito, había resistencia porque se temía que el evento iba a hacerse sin garantías democráticas; sin embargo, el trabajo que se adelantó desde esta coalición inscribiendo a los jóvenes en el registro electoral y haciendo formación cívica, para promover los valores democráticos, fueron claves para el despliegue social que tuvo lugar en la consulta de 1988 y que sirvió para proteger los resultados en los centros de votación.
“La movilización fue tan importante que logramos tener en cada local de votación apoderados de mesa. En ese tiempo teníamos a jóvenes, que eran los hijos de los miembros de mesa, que iban a buscar los resultados en bicicleta y los llevaban a las casas donde se hacía el cómputo. Hubo una organización para controlar que no se robaran ningún voto”, rememora.
En este sentido, opina que la juventud venezolana puede jugar un papel crucial en la defensa del voto como observadores ciudadanos en los centros electorales.
El 5 octubre de 1988, los votantes rechazaron prolongar el mandato de Pinochet con un 56% de los votos frente a un 44%. Este evento facilitó la transición pues significó la derrota del régimen, enmarcada en la Constitución que diseñó el propio dictador.
No obstante, Aylwin destaca que el plebiscito “fue la culminación de un proceso que venía gestándose años antes”. Entre los antecedentes destacan la creación de la Alianza Democrática, que impulsó las primeras protestas masivas contra el régimen militar, y la creación de la Asamblea de la Civilidad que reunió a grupos de la sociedad civil a favor de la democracia.
Las lecciones que dejó el proceso de transición en Chile, según la historiadora son:
-Ir a elecciones incluso sin condiciones.
-Fortalecer la movilización, articulación y organización de los sectores que buscan la democracia.
-Proteger activamente el voto como miembros y testigos de las mesas electorales.
-Promover un discurso conciliador, de reconciliación y de unidad nacional.
-El apoyo de la comunidad internacional (cobertura de prensa extranjera y presencia de observadores) es clave.
–Tender puentes con los sectores que están en el poder, especialmente el militar.
-Lograr una unidad de propósitos en las fuerzas democráticas.
-Promover el diálogo y la negociación.
-La Iglesia puede servir de puente entre el gobierno y la oposición.
La presidenta de la asociación Sinergia, Deborah Van Berkel, participó en la actividad y señaló que el Foro Cívico tiene la tarea de potenciar la articulación ciudadana para promover los procesos de cambio: «Es el poder de la construcción colectiva lo que va a hacer posible que las demandas no se conviertan en un papel sino en una agenda, hay que hacer que los partidos y los líderes políticos vean una exigencia tan fuerte de los ciudadanos que tengan que responder a ella».
También se refirió al envío de una misión de observación electoral de la Unión Europea como una «oportunidad».
La postura oficial del Foro Cívico es que «el anuncio del envío de una misión de observación internacional marca un buen inicio en la gestión del representante de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela y brinda nuevos aires y posibilidades de acción en favor de la construcción de soluciones para el país».
«El balance de estas elecciones regionales y municipales no resulta tarea fácil; se destaca dentro de lo positivo: 1) la realización de la auditoría integral, hecha por expertos, que constituye una revisión inédita de los principales componentes del sistema automatizado de votación, 2) la invitación temprana a la observación electoral internacional 3) los cambios normativos parciales para que esta observación electoral internacional pueda cumplir sus funciones de acuerdos a estándares internacionales, 4) la invitación a auditoria y posterior acreditación de reconocidas organizaciones como observación electoral nacional, 5) la habilitación del partido MUD, inhabilitado, al igual que otros partidos opositores y de disidencia del chavismo por el TSJ», enumeró el politólogo y exasesor del CNE, Jesús Castellanos.
El investigador también destacó los aspectos negativos que marcan el evento del próximo 21 de noviembre: «El CNE generó una normativa para la representación indígena abiertamente inconstitucional no solo por su origen sino también por el desconocimiento de principios del sufragio activo: el voto universal, directo y secreto. De igual manera, el régimen de Maduro sigue utilizando su ventaja institucional para perseguir a opositores, hacer proselitismo a favor del PSUV con uso de recursos públicos; promover o usar a discreción figuras alternas a los cargos de elección popular como el proyecto de Ley de Ciudades Comunales y de los protectorados, respectivamente; mantener e incluso continuar con la práctica de inhabilitaciones políticas ya sea a partidos políticos por el TSJ o de personas por la Contraloría».
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