Los familiares del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Gilber Caro y de Víctor Ugas, asistente del parlamentario, exigieron en los alrededores del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, la fe de vida, tras ser detenidos arbitrariamente en la parroquia El Paraíso de Caracas, la tarde de viernes 20 de diciembre.
Cuando ya se cumplen casi 24 horas desde que funcionarios vestidos de negro y en un vehículo del mismo color, que según la diputada Adriana Pichardo, pudieran ser de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), detuvieron a Caro y a Ugas, los familiares desconocen el paradero de ambos.
Melania de Caro, madre del legislador, que por tercera vez ha sido detenido por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, exigió conocer el paradero del parlamentario. Me lo agarraron y hasta esta fecha no hemos sabido, hemos esperado toda la noche y no sabemos cuál es su paradero. Nosotros no tenemos vida, a él no lo dejan vivir en paz, es un muchacho que no está cometiendo delitos sino que está luchando por una mejor Venezuela y el bienestar del país. Deseo saber el paradero de él y de Víctor Ugas”, dijo la madre de Caro.
Ana Leonor Acosta, abogada y parte del equipo de defensa del diputado Caro y de Víctor Ugas, calificó la detención como arbitraria ya que no se realizó en base a las normas establecidas en las leyes nacionales e internacionales. La defensa no ha podido establecer comunicación con ninguno de los dos detenidos y tampoco saben de su paradero.
“No sabemos cómo los tienen ni sus condiciones. Vecinos del lugar nos referían a que ellos habrían sido golpeados. Queremos hacer responsable a Nicolás Maduro, y a los órganos de seguridad que actuaron en ese momento por la vida e integridad física de Caro como la de Ugas. El día de hoy estamos acá solicitando que nos den información”, exigió Acosta.
La jurista informó que en el operativo para detener al legislador y al comunicador social actuaron la Guardia Nacional, La PNB, el Sebin y presuntamente funcionarios de las Faes. Según Acosta testigos de la detención les habrían hecho saber a la defensa, que los dos fueron detenidos sin ninguna orden de aprehensión y de manera violenta.
“Hemos llegado al extremo que ni siquiera se da una garantía mínima del derecho a la defensa del debido proceso, ya que, estas personas son objetos de una desaparición forzada, porque no tienen ningún tipo de asistencia legal ni hasta ahora tenemos información del Ministerio Público con respecto a la detención y ni siquiera tenemos información de que se haya presentado el caso ante un tribunal”, expresó la también defensora de derechos humanos.
La defensa de Caro alertó sobre un posible plan en contra del legislador, ya que vecinos de la zona pudieron ver a los funcionarios del sebin con presuntos material explosivo. “Ya tenía una semana siendo perseguido y amenazado por el gobierno sin que haya cedido en su afán de libertad y justicia”, informó la abogada.
Yeili Caro, hermana del parlamentario, aseguró que desde el gobierno de Maduro querían que el diputado fuera participe de la denunciada operación Alacrán. “Querían que Gilber se prestara para el juego macabro que cargan para hacer ver que Gilber se había vendido. La persecución a mi hermano es desde hace días”, dijo.
La hermana del legislador le envió un mensaje a Nicolás Maduro, para dejarle claro que no se van a rendir ante las amenazas y atropellos. “A nuestra casa han venido funcionarios del Sebin y han estado rondándonos”.
A los alrededores de la cárcel de la policía política también hicieron presencia las diputadas Adriana Pichardo y Manuela Bolívar. Pichardo recordó que los dos detenidos son ex presos políticos y que el diputado Caro, tiene inmunidad parlamentaria ya que está ejerciendo funciones a plenitud porque el legislador Rafael Guzmán (diputado principal), está exiliado.
Por su parte Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos, designado por Juan Guaidó, se acercó a los alrededores de El Helicoide, para exigir la liberación de los detenidos.
El comisionado aseguró que su oficina, está haciendo seguimiento desde este viernes al caso del diputado y su asistente Ugas y que han informado sobre la situación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal, con los oficiales dejados en el país por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michel Bachelet.
“Hemos documentado este caso y los hemos enviado al grupo especial de detenciones arbitrarias en vista de que en nuestro país no existe justicia a tiempo y que lamentablemente estamos desamparados”, aseguró Prado.