El comisionado presidencial para los derechos humanos del Gobierno interino, Humberto Prado, también se pronunció este jueves 17 de septiembre sobre el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de DDHH en Venezuela.
“El informe presentado por la Misión es demoledor y confirma lo que en ocasiones anteriores había sido denunciado por el gobierno interino y por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y es que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad por órdenes del régimen liderado por Nicolás Maduro”, sostuvo.
El defensor de DDHH explica que a fin de corroborar los patrones identificados en los casos investigados, los expertos de la ONU examinaron casi 3 mil casos de violaciones de los DDHH, sobre la base de información directa y secundaria. Recuerda que las áreas señaladas en el mandato otorgado a la Misión tienen que ver con crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y sometimiento a torturas, entre otras.
El informe de la Misión de la ONU publicado el 16 de septiembre otorga responsabilidad directa al gobierno de Nicolás Maduro y a toda la cadena de mando que va hasta los funcionarios de organismos de seguridad como autores materiales de los crímenes de lesa humanidad.
También exhorta a los Estados miembros a iniciar demandas penales contra los perpetradores en el ámbito internacional.
Petición de eliminar a las FAES
Prado destacó que en el documento, elaborado por expertos y relatores con la participación de las víctimas, familiares e incluso funcionarios, se señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) como los principales organismos de seguridad involucrados en violaciones de DDHH. Se alude concretamente a las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas con fines políticos.
Enfatiza además que la Misión ratifica la recomendación de alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), por considerarse un grupo de exterminio.
“Desde el año 2014 hasta la actualidad se ha desarrollado un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana, altamente coordinado de conformidad con las políticas represivas del régimen. La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.”, cuestiona.
Recomienda la extensión del mandato
Con respecto a la falta de independencia de los poderes públicos que favorece el clima de impunidad, Prado comentó que la Misión fue muy específica en el incumplimiento de obligaciones de investigación por parte del Ministerio Público y la parcialización del sistema de justicia, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el alto número de jueces provisorios (de libre remoción) que compromete su independencia.
“En la indagación relacionada con militares se evidenció que las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de tortura, a pesar de que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros indicios de malos tratos y declararon expresamente durante las audiencias que habían sido torturadas y solicitaron un examen médico” dijo.
El comisionado advierte que por limitaciones de tiempo y recursos, la Misión no pudo investigar todos los contextos que involucraron violaciones de DDHH, entre ellos la región del Arco Minero y las agresiones contra los pueblos indígenas. En este sentido, aspira y recomienda que los Estados miembros de Naciones Unidas extiendan el mandato de la Misión en Venezuela.
Entre sus recomendaciones, la Misión de la ONU invita a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional valore el informe como parte de su análisis durante el examen preliminar sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Prado destaca que hay esperanza de que el documento impulse una investigación formal por parte del mencionado tribunal internacional.