Estado venezolano viola pactos internacionales con judicialización de activistas humanitarios

POLÍTICA · 1 FEBRERO, 2021 14:53

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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La judicialización de cinco activistas de Azul Positivo genera el rechazo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes agencias, así como de 80 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.

Los cinco permanecen en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Maracaibo por órdenes del Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia. Suman 20 días privados de libertad.

La criminalización de la labor humanitaria en el país viola el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que determina la obligación de los Estados de hacer uso del máximo de los recursos disponibles, e incluso recibir cooperación internacional para dar plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, explica la directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges.

Para la abogada, la detención de los cinco activistas de Azul Positivo reafirma que Venezuela es un ambiente adverso para el espacio cívico, restrictivo de los derechos de la sociedad civil donde las organizaciones humanitarias se encuentran bajo amenaza.

La actuación del Estado venezolano también desconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento que desarrolla los derechos y libertades consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, explica la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero.

A juicio de la abogada,  el gobierno de Nicolás Maduro afianza la doctrina de seguridad nacional que identifica a quienes están realizando acciones humanitarias como “enemigos internos” y, en consecuencia, las acciones represivas se implementan contra ellos en el marco de una política de criminalización que ha sido institucionalizada a través de mecanismos legales y fácticos.

El Centro para los Defensores y la Justicia registró 303 agresiones que comprometen el trabajo de organizaciones de derechos humanos incluyendo las que realizan labor humanitaria solo en 2020.

Romero destaca la circular de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) para monitorear las cuentas de organizaciones y fundaciones, la resolución conjunta del Ministerio de Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores para regular a las organizaciones no domiciliadas en el país, y las reiteradas amenazas de funcionarios del alto gobierno quienes proponen aprobar una ley que restrinja y sancione la cooperación internacional.

Consecuencias

El coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos (Codhez), Juan Berríos, advierte que la persecución y judicialización de los actores humanitarios en el país potencia la vulnerabilidad de la población más deprimida y afectada por la emergencia humanitaria compleja.

“En Venezuela hay 7 millones de personas, según la ONU, que tienen necesidades inmediatas urgentes que hay que atender porque se encuentra en riesgo su salud, su alimentación y su vida misma”, expone.

En su opinión, la posición del gobierno venezolano de considerar la cooperación internacional como un factor que puede conllevar a la inestabilidad política es incoherente con el convenio que mantiene el Ejecutivo con el sistema humanitario de Naciones Unidas.

“Si se permite que distintas agencias de la ONU operen aquí y la ONU solo puede valerse de fondos internacionales para responder a la emergencia no se entiende por qué ven como una amenaza la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones, incluyendo a Azul Positivo, son socios locales de la ONU”, argumenta.

El activista considera que el gobierno de Maduro arremetió contra Azul Positivo porque  amenazaba sus programas de control social al otorgar a familias en situación de pobreza tarjetas con ayudas económicas para la compra de alimentos.

“La asistencia humanitaria y los recursos humanitarios salvan vidas en un país en donde la situación es muy precaria, cuando la criminalizas estás afectando a los más vulnerables, a quienes son beneficiarios de los distintos programas”, alerta Beatriz Borges.

Marianna Romero también destaca la afectación de las víctimas con las restricciones que comprometen la operatividad de las organizaciones no gubernamentales: “Más allá de comprometer el trabajo de la organización, esto implica la afectación directa de los beneficiarios. Hay una emergencia humanitaria compleja que ha afectado los derechos de la población y, en este contexto, es necesario el trabajo de los actores humanitarios”.

Foto: civilisac.org