Escasa convocatoria, activismo político y falta de prevención contra el COVID-19 marcan asambleas indígenas

POLÍTICA · 12 SEPTIEMBRE, 2020 09:25

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Deisy Martínez │@deicamar

Foto por Twitter Miuven

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La poca asistencia a las asambleas comunitarias indígenas que escogen a los delegados encargados de elegir a los tres diputados de la Asamblea Nacional  de los pueblos originarios, una serie de irregularidades que atentan contra la transparencia  e incumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir COVID-19, marcan el desarrollo del proceso que inició el 15 de agosto y culmina el 15 de septiembre.

El integrante del Parlamento Indígena Venezolano (Parlinve), Jesús Gutiérrez; el presidente del partido indígena Evolución, Wilson Espinoza, y el experto electoral Jesús Castellanos, advierten que las condiciones en las que se están seleccionando dichos voceros se suman a la inconstitucionalidad que rodea al voto indígena de cara al evento de diciembre. Esto último por la eliminación del voto directo, universal y secreto para los pueblos ancestrales (previsto en el artículo 63 de la Carta Magna) y su sustitución por una elección de segundo grado, contemplado en el reglamento especial aprobado por el Poder Electoral.

Opacidad informativa

A través de un seguimiento  realizado desde el inicio de las asambleas, Castellanos observa:  opacidad informativa que fue creciendo con el avance del proceso,  fallas en las medidas para evitar el contagio del coronavirus y la presencia de activistas políticos progobierno de Nicolás Maduro.

“La primera semana el CNE, una organización llamada Miuven (Movimiento Indígena Unido de Venezuela) ligada al chavismo,  y la ministra (ahora candidata a la AN) de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, divulgaban vía Twitter muchas imágenes de la celebración de las asambleas, pero eso disminuyó bastante con los días. Le corresponde es al CNE dar información constante del proceso, pero es muy poco lo que se conoce y es difícil determinar exactamente cuántas reuniones se hicieron”, expresa el también politólogo a Efecto Cocuyo.

Cuestiona que en cuanto a medidas de bioseguridad para prevenir el virus, el CNE exhiba lo que llama tres niveles de cumplimiento. En el primero ubica a los rectores principales que usan tapabocas, máscara facial y atienden el distanciamiento social en las reuniones (según se aprecia en las fotografías que publican en redes sociales).

En el segundo nivel sitúa a las juntas electorales regionales donde, indica, el distanciamiento entre personas es menor y solo se usa tapabocas. Mientras que en el tercero,  agrega, están asambleas indígenas realizadas en espacios cerrados, con poco distanciamiento e incumplimiento en el uso de tapabocas en algunos casos.

“Las actas de las asambleas incluyen las huellas dactilares de los participantes, algo desaconsejado internacionalmente por considerarse un medio de contagio del COVID-19. Vimos además con mucha frecuencia la presencia de representantes de Miuven en esas asambleas, algo que no debió ser permitido porque representan a una parcialidad política, además de la supervisión de la ministra”, agrega.

 

Castellanos subraya que la forma de elección de los diputados indígenas impuesta por el CNE constituye en general un proceso anómalo e inconstitucional apartado de la votación nacional. “El resultado es que esta elección no representará el sentir de los pueblos indígenas”, advierte.

Fracaso

Los voceros de Parlinve y Evolución aseguran que el número de asambleas realizadas no llega a la mitad de las previstas  (4.349 en total) en el cronograma fijado por el CNE entre el 15 de agoto y el 15 de septiembre, por diversos factores.

Entre ellos resaltan la falta de asistencia por desmotivación, desconfianza, las dificultades de movilización que impone la cuarentena, falta de gasolina y, por ende, de transporte, y ahora los estragos causados por las lluvias que afectan especialmente a comunidades del estado Amazonas y que les impide llegar a los sitios fijados.

“La convocatoria fue un fracaso porque ese cronograma, al igual que el reglamento especial, se hizo de forma unilateral e inconsulta. No se tomaron en cuenta las sugerencias que los mismos pueblos hubieran podido hacer en cuanto a los lugares más adecuados para hacer las asambleas y los horarios, y a las asambleas que sí se hicieron fueron pocas personas”, dice Gutiérrez.

Espinoza señala que en el estado Sucre hay 34 comunidades indígenas y debían celebrarse 234 asambleas, de las cuales, asegura, no se ha hecho ni el 40%. El 15 de septiembre vence el plazo estipulado por el ente comicial, por lo que el dirigente duda que la meta pueda completarse en cuatro días.

Cada asamblea comunitaria debía elegir a un vocero que el 9 de diciembre (tres días después de la votación nacional del 6 de diciembre) asistirá a una asamblea general que escogerá “a mano alzada” a la representación indígena al Parlamento en la región correspondiente. De acuerdo con el artículo 186 constitucional  se eligen tres diputados en total. Los resultados de esa escogencia se conocerán entre los días 10 y 11 de diciembre.

Denuncian simulación

Los estados con representación indígena se agrupan en las regiones de occidente (Mérida, Trujillo y Zulia), oriente (Azoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Delta Amacuro) y el sur del país (Apure y Amazonas), cada una elige un diputado indígena a la AN, para el total de 3. El estado con más asambleas previstas es Zulia con 1.832, seguida de Amazonas con 736, Delta Amacuro 564, Bolívar 435, Sucre 226, Anzoátegui 180, 178 en Apure, 148 Monagas con 148, 45 Mérida y cinco Trujillo.

“Denuncio además con toda responsabilidad que en esas asambleas e están escogiendo a unos delegados para que elijan de una lista de candidatos previamente definida por el chavismo, por lo que esta elección indígena es un teatro mal montado. Yo le pregunto al gobierno de Maduro, ¿esto es justicia para los pueblos ancestrales?”, acusa Espinoza.

Señala que si se quería reivindicar a los pueblos indígenas se debió en todo caso aumentar el número de diputados a elegir en representación, crear circuitos electorales indígenas donde sólo esta población votara por esos candidatos, hacer un censo poblacional y con eso contar con una data electoral indígena.

Gutiérrez agrega que incluso los activistas políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con la anuencia de los funcionarios del CNE, se aseguraron que en las asambleas también se seleccionara a los delegados ya convenidos con anterioridad, por lo que se usaron esas reuniones como una fachada para legitimar una irregularidad. Agrega que las restricciones de la pandemia también le ha servido “de escudo” al poder político para poder ejecutar su estrategia electoral.

Esperan respuesta del TSJ

Cuatro de seis organizaciones indígenas habilitadas por el CNE para participar en las elecciones parlamentarias introdujeron el 14 de agosto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de la Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida (Osibu) y el Movimiento de los pueblos Indígenas de Venezuela (Mopive), además de Parlinve y Evolución.

El propósito es que se declare la nulidad del reglamento especial aprobado por el CNE para la elección de los diputados indígenas y se le restituya a los pueblos ancestrales el derecho al voto directo, universal y secreto  y en las mismas condiciones de la elección nacional.  Espinoza exige al Poder Judicial responder al recurso de manera oportuna, dado que ni siquiera ha sido admitido o rechazado por la mencionada Sala.

POLÍTICA · 9 DICIEMBRE, 2022

Escasa convocatoria, activismo político y falta de prevención contra el COVID-19 marcan asambleas indígenas

Texto por Deisy Martínez │@deicamar
Foto por Twitter Miuven

La poca asistencia a las asambleas comunitarias indígenas que escogen a los delegados encargados de elegir a los tres diputados de la Asamblea Nacional  de los pueblos originarios, una serie de irregularidades que atentan contra la transparencia  e incumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir COVID-19, marcan el desarrollo del proceso que inició el 15 de agosto y culmina el 15 de septiembre.

El integrante del Parlamento Indígena Venezolano (Parlinve), Jesús Gutiérrez; el presidente del partido indígena Evolución, Wilson Espinoza, y el experto electoral Jesús Castellanos, advierten que las condiciones en las que se están seleccionando dichos voceros se suman a la inconstitucionalidad que rodea al voto indígena de cara al evento de diciembre. Esto último por la eliminación del voto directo, universal y secreto para los pueblos ancestrales (previsto en el artículo 63 de la Carta Magna) y su sustitución por una elección de segundo grado, contemplado en el reglamento especial aprobado por el Poder Electoral.

Opacidad informativa

A través de un seguimiento  realizado desde el inicio de las asambleas, Castellanos observa:  opacidad informativa que fue creciendo con el avance del proceso,  fallas en las medidas para evitar el contagio del coronavirus y la presencia de activistas políticos progobierno de Nicolás Maduro.

“La primera semana el CNE, una organización llamada Miuven (Movimiento Indígena Unido de Venezuela) ligada al chavismo,  y la ministra (ahora candidata a la AN) de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, divulgaban vía Twitter muchas imágenes de la celebración de las asambleas, pero eso disminuyó bastante con los días. Le corresponde es al CNE dar información constante del proceso, pero es muy poco lo que se conoce y es difícil determinar exactamente cuántas reuniones se hicieron”, expresa el también politólogo a Efecto Cocuyo.

Cuestiona que en cuanto a medidas de bioseguridad para prevenir el virus, el CNE exhiba lo que llama tres niveles de cumplimiento. En el primero ubica a los rectores principales que usan tapabocas, máscara facial y atienden el distanciamiento social en las reuniones (según se aprecia en las fotografías que publican en redes sociales).

En el segundo nivel sitúa a las juntas electorales regionales donde, indica, el distanciamiento entre personas es menor y solo se usa tapabocas. Mientras que en el tercero,  agrega, están asambleas indígenas realizadas en espacios cerrados, con poco distanciamiento e incumplimiento en el uso de tapabocas en algunos casos.

“Las actas de las asambleas incluyen las huellas dactilares de los participantes, algo desaconsejado internacionalmente por considerarse un medio de contagio del COVID-19. Vimos además con mucha frecuencia la presencia de representantes de Miuven en esas asambleas, algo que no debió ser permitido porque representan a una parcialidad política, además de la supervisión de la ministra”, agrega.

 

Castellanos subraya que la forma de elección de los diputados indígenas impuesta por el CNE constituye en general un proceso anómalo e inconstitucional apartado de la votación nacional. “El resultado es que esta elección no representará el sentir de los pueblos indígenas”, advierte.

Fracaso

Los voceros de Parlinve y Evolución aseguran que el número de asambleas realizadas no llega a la mitad de las previstas  (4.349 en total) en el cronograma fijado por el CNE entre el 15 de agoto y el 15 de septiembre, por diversos factores.

Entre ellos resaltan la falta de asistencia por desmotivación, desconfianza, las dificultades de movilización que impone la cuarentena, falta de gasolina y, por ende, de transporte, y ahora los estragos causados por las lluvias que afectan especialmente a comunidades del estado Amazonas y que les impide llegar a los sitios fijados.

“La convocatoria fue un fracaso porque ese cronograma, al igual que el reglamento especial, se hizo de forma unilateral e inconsulta. No se tomaron en cuenta las sugerencias que los mismos pueblos hubieran podido hacer en cuanto a los lugares más adecuados para hacer las asambleas y los horarios, y a las asambleas que sí se hicieron fueron pocas personas”, dice Gutiérrez.

Espinoza señala que en el estado Sucre hay 34 comunidades indígenas y debían celebrarse 234 asambleas, de las cuales, asegura, no se ha hecho ni el 40%. El 15 de septiembre vence el plazo estipulado por el ente comicial, por lo que el dirigente duda que la meta pueda completarse en cuatro días.

Cada asamblea comunitaria debía elegir a un vocero que el 9 de diciembre (tres días después de la votación nacional del 6 de diciembre) asistirá a una asamblea general que escogerá “a mano alzada” a la representación indígena al Parlamento en la región correspondiente. De acuerdo con el artículo 186 constitucional  se eligen tres diputados en total. Los resultados de esa escogencia se conocerán entre los días 10 y 11 de diciembre.

Denuncian simulación

Los estados con representación indígena se agrupan en las regiones de occidente (Mérida, Trujillo y Zulia), oriente (Azoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Delta Amacuro) y el sur del país (Apure y Amazonas), cada una elige un diputado indígena a la AN, para el total de 3. El estado con más asambleas previstas es Zulia con 1.832, seguida de Amazonas con 736, Delta Amacuro 564, Bolívar 435, Sucre 226, Anzoátegui 180, 178 en Apure, 148 Monagas con 148, 45 Mérida y cinco Trujillo.

“Denuncio además con toda responsabilidad que en esas asambleas e están escogiendo a unos delegados para que elijan de una lista de candidatos previamente definida por el chavismo, por lo que esta elección indígena es un teatro mal montado. Yo le pregunto al gobierno de Maduro, ¿esto es justicia para los pueblos ancestrales?”, acusa Espinoza.

Señala que si se quería reivindicar a los pueblos indígenas se debió en todo caso aumentar el número de diputados a elegir en representación, crear circuitos electorales indígenas donde sólo esta población votara por esos candidatos, hacer un censo poblacional y con eso contar con una data electoral indígena.

Gutiérrez agrega que incluso los activistas políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con la anuencia de los funcionarios del CNE, se aseguraron que en las asambleas también se seleccionara a los delegados ya convenidos con anterioridad, por lo que se usaron esas reuniones como una fachada para legitimar una irregularidad. Agrega que las restricciones de la pandemia también le ha servido “de escudo” al poder político para poder ejecutar su estrategia electoral.

Esperan respuesta del TSJ

Cuatro de seis organizaciones indígenas habilitadas por el CNE para participar en las elecciones parlamentarias introdujeron el 14 de agosto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de la Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida (Osibu) y el Movimiento de los pueblos Indígenas de Venezuela (Mopive), además de Parlinve y Evolución.

El propósito es que se declare la nulidad del reglamento especial aprobado por el CNE para la elección de los diputados indígenas y se le restituya a los pueblos ancestrales el derecho al voto directo, universal y secreto  y en las mismas condiciones de la elección nacional.  Espinoza exige al Poder Judicial responder al recurso de manera oportuna, dado que ni siquiera ha sido admitido o rechazado por la mencionada Sala.

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