Un grupo de diputados de la Comisión Delegada Legislativa divulgó un comunicado para ratificar su rechazo a la celebración de elecciones regionales el 21 de noviembre por considerar que no cuentan con garantías democráticas.
«En un Estado criminal como el venezolano, sin garantía alguna para sus ciudadanos, no puede hablarse de ‘elecciones’ si antes no se restablece la soberanía nacional y el Estado de derecho. En consecuencia, la no participación en dicho evento convocado para el 21 de noviembre, en las actuales circunstancias, es una acción política de legítima defensa ante el opresor», advierten 23 parlamentarios firmantes.
Suscriben el comunicado el segundo vicepresidente de la Delegada, Carlos Berrizbeitia; la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, Delsa Solórzano; los también legisladores, Rosmit Mantilla, Ana Salas, Edwin Luzardo, Richard Blanco, José Prat, Arnoldo Benítez, Deyalitza Aray, Luis Barragán, Omar González Moreno, Nafir Morales, Tony Geara, Gaby Arellano, Juan Pablo García, Ángel Álvarez, José Luis Pirela, Mildred Carrero, Juan Carlos Bolívar, Magalvi Estaba, Renzo Prieto, María Teresa Pérez y Carlos Bastardo.
«No participar en la farsa electoral convocada, es pues una acción, no es inacción. Con ello, se desmonta la estrategia electoralista de legitimación de un régimen y algunos que, por cualquier razón, desde la complicidad hasta la ingenuidad, han asumido posiciones sin consideración alguna por las enormes necesidades que aquejan a nuestra Nación, debido a la crisis humanitaria compleja que hoy sufrimos», se argumenta en el texto.
La posición de los parlamentarios se alinea con la del presidente de la Delegada y del gobierno interino, Juan Guaidó, quien no comparte la decisión del G4 plus (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular más Convergencia, Copei y Movimiento por Venezuela) de postular candidaturas para las regionales y llamar a votar, mientras apuesta al resultado de las negociaciones en México.
«El ejercicio electorero del 21 de noviembre próximo representa, además, una operación para cimentar en el poder a actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país, por tanto, no representa un ejercicio institucional, sino una fórmula para ampliar los espacios de control del Estado criminal», advierten los legisladores.
Los diputados ratifican su posición de que no están dadas las condiciones electorales establecidas en la Constitución, la normativa electoral y los tratados y acuerdos internacionales sobre y que además han sido exigidas por las fuerzas democráticas para concurrir a comicios, no solo regionales sino presidenciales y parlamentarios.
«Participar en el evento convocado por la dictadura para el 21 de noviembre, en estas condiciones, es un acto inconstitucional, que configura un nuevo fraude y favorece la estrategia del régimen tiránico», reiteran.
Alertan que el voto que emitan los ciudadanos que decidan participar «no elegirá» ni permitirá obtener poder real alguno y que por el contrario, el evento electoral profundizará la crisis social, moral y política del país.
«Los diputados que suscribimos este pronunciamiento seguiremos trabajando desde la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, por la libertad y para el rescate de la democracia. No descasaremos hasta obtener una verdadera y plena democracia en Venezuela. No somos abstencionistas, seguimos en las calles luchando por obtener elecciones libres, justas y verificables», finaliza el comunicado.
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Un grupo de diputados de la Comisión Delegada Legislativa divulgó un comunicado para ratificar su rechazo a la celebración de elecciones regionales el 21 de noviembre por considerar que no cuentan con garantías democráticas.
«En un Estado criminal como el venezolano, sin garantía alguna para sus ciudadanos, no puede hablarse de ‘elecciones’ si antes no se restablece la soberanía nacional y el Estado de derecho. En consecuencia, la no participación en dicho evento convocado para el 21 de noviembre, en las actuales circunstancias, es una acción política de legítima defensa ante el opresor», advierten 23 parlamentarios firmantes.
Suscriben el comunicado el segundo vicepresidente de la Delegada, Carlos Berrizbeitia; la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, Delsa Solórzano; los también legisladores, Rosmit Mantilla, Ana Salas, Edwin Luzardo, Richard Blanco, José Prat, Arnoldo Benítez, Deyalitza Aray, Luis Barragán, Omar González Moreno, Nafir Morales, Tony Geara, Gaby Arellano, Juan Pablo García, Ángel Álvarez, José Luis Pirela, Mildred Carrero, Juan Carlos Bolívar, Magalvi Estaba, Renzo Prieto, María Teresa Pérez y Carlos Bastardo.
«No participar en la farsa electoral convocada, es pues una acción, no es inacción. Con ello, se desmonta la estrategia electoralista de legitimación de un régimen y algunos que, por cualquier razón, desde la complicidad hasta la ingenuidad, han asumido posiciones sin consideración alguna por las enormes necesidades que aquejan a nuestra Nación, debido a la crisis humanitaria compleja que hoy sufrimos», se argumenta en el texto.
La posición de los parlamentarios se alinea con la del presidente de la Delegada y del gobierno interino, Juan Guaidó, quien no comparte la decisión del G4 plus (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular más Convergencia, Copei y Movimiento por Venezuela) de postular candidaturas para las regionales y llamar a votar, mientras apuesta al resultado de las negociaciones en México.
«El ejercicio electorero del 21 de noviembre próximo representa, además, una operación para cimentar en el poder a actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país, por tanto, no representa un ejercicio institucional, sino una fórmula para ampliar los espacios de control del Estado criminal», advierten los legisladores.
Los diputados ratifican su posición de que no están dadas las condiciones electorales establecidas en la Constitución, la normativa electoral y los tratados y acuerdos internacionales sobre y que además han sido exigidas por las fuerzas democráticas para concurrir a comicios, no solo regionales sino presidenciales y parlamentarios.
«Participar en el evento convocado por la dictadura para el 21 de noviembre, en estas condiciones, es un acto inconstitucional, que configura un nuevo fraude y favorece la estrategia del régimen tiránico», reiteran.
Alertan que el voto que emitan los ciudadanos que decidan participar «no elegirá» ni permitirá obtener poder real alguno y que por el contrario, el evento electoral profundizará la crisis social, moral y política del país.
«Los diputados que suscribimos este pronunciamiento seguiremos trabajando desde la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, por la libertad y para el rescate de la democracia. No descasaremos hasta obtener una verdadera y plena democracia en Venezuela. No somos abstencionistas, seguimos en las calles luchando por obtener elecciones libres, justas y verificables», finaliza el comunicado.