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 La Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre aprobó un acuerdo en «solidaridad con el pueblo colombiano por las agresiones del Gobierno de Iván Duque«, a propósito de las masivas manifestaciones en el vecino país.

 La discusión en la sesión ordinaria de este 11 de mayo se convirtió en un torneo de comparaciones con las protestas de calle escenificadas en Venezuela en 2014 y 2017. La mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) recalcó una y otra vez que lo que ocurre en Colombia es represión, mientras que en suelo nacional se trató de la actuación  «legítima» del Estado frente a manifestantes «violentos».

«En Venezuela protestaba la oligarquía que quería gobernar. Fueron manifestaciones violentas contra la autoridad del Estado. La orden del presidente Nicolás Maduro no fue reprimir, en lo absoluto, sino contrarrestar las manifestaciones, mientras que pueblo de Colombia no es violento», exclamó la primera vicepresidenta de la AN, Iris Varela.

Varela, quien presidió la sesión en sustitución de Jorge Rodríguez, instó a los colombianos en las calles a «no cansarse» y seguir protestando por sus derechos, frente a un Gobierno que, aseguró, «ejerce la violencia política y la exporta». Les ratificó el apoyo de la AN venezolana. 

«Paja en el ojo ajeno»

 El diputado Alfonso Campos (El Cambio) cuestionó que el chavismo viera  «la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio», al denunciar represión contra el pueblo colombiano por parte de los organismos de seguridad de ese país.

 Recordó que en Venezuela también hubo represión estatal durante las manifestaciones masivas de 2017 contra el Gobierno de Maduro y que el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete fue por «uso excesivo de la fuerza», tal como lo admitió recientemente el mismo fiscal general de la ANC, Tarek William Saab.

 Las palabras de Campos fueron rechazadas por la mayoría chavista que insistió en que en Venezuela protesta «el este (de Caracas)»,  «los violentos y terroristas».

Durante las masivas manifestaciones contra el gobierno de Maduro en 2017, con saldo de más de 100 muertes, Amnistía Internacional denunció el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir las acciones de calle.

 Previamente, el diputado y «protector del Táchira», Freddy Bernal, cuestionó que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) guarden silencio frente a lo que ocurre en el vecino país.

«Ante esta masacre por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la Policía de Colombia contra el pueblo que se lanzó a las calles a protestar por su derecho a la salud, a la educación. Honor y gloria a los fallecidos», dijo Bernal al presentar el acuerdo.

 El texto incluyó la decisión de denunciar ante la Unión Interparlamentaria la situación en el vecino país, así como «el silencio cómplice» de medios de comunicación privados colombianos y de organismos internacionales.

También respaldar el envío de un informe a la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de movimientos sociales venezolanos, denunciando la violación de derechos humanos en la nación vecina, desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril.

 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

 La AN del 6Dic también aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Valor de Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, Ricardo Sánchez, el proyecto de ley tiene como objetivo «desarrollar y potenciar el modelo productivo de la nación y ampliar la cooperación internacional en materia tecnológica».

La propuesta de reforma de la ley aprobada en 2014 contiene 26 artículos, 14 de los cuales son nuevos y 12 modificados. Sobre el articulado, el diputado Luis Martínez aseguró que impulsará la investigación, facilitará la cooperación internacional y permitirá a universidades y distintos sectores de la vida nacional insertarse  «en un esfuerzo tecnológico para la recuperación económica del país».

Se destacó que el texto legal impulsa una cooperación estratégica con universidades y con empresas privadas nacionales y extranjeras, bajo la tutela del Estado, mediante incentivos como exoneraciones de impuestos municipales, especialmente las instaladas en Zonas Económicas Especiales y reconocimiento de nuevas tecnologías.