Dirigentes de partidos políticos rechazaron este lunes 3 de mayo que las imputaciones anunciadas por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, sean solo contra autores materiales de asesinatos del exconcejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y el estudiante Juan Pablo Pernalete.
Freddy Guevara de Voluntad Popular (VP), Amelia Belisario de Primero Justicia y Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano, advirtieron que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de Saab, tiene la intención de desviar la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Para ello, denunciaron, quieren hacer creer que el Estado está investigando estas violaciones de derechos humanos y que hace justicia.
“Tarek (Saab) trata de evadir la competencia de la Corte, haciendo creer falsamente que en Venezuela se juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Hay una cadena de mando sobre la que Tarek no pide investigación, en su sano juicio nadie puede creer que no sabían que a Fernando Albán y Acosta Arévalo los estaban torturando. El delito de tortura es intencional y a ellos los torturaron y asesinaron ¿Dónde está la sanción a la cadena de mando?”, fustigó Solórzano.
Destacó que en los informes presentados por la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michele Bachelet y de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela, se ratifica que en el país no hay independencia de poderes y que con el actual sistema de justicia no se puede garantizar castigo para los responsables de los tres asesinatos mencionados ni otros ocurridos en 2017, durante las manifestaciones contra el Gobierno.
“Tarek dijo lo que dijo, no porque se arrepintieron ni porque quieren que haya justicia, sino para eludirla y el juicio de la CPI, que solo actúa cuando en el país de origen no hay posibilidad de hacer justicia o que los organismos estén secuestrados. Ese es el caso de Venezuela”, reitera.
“El Estado secuestra, tortura y asesina”
Este 1 de mayo, Saab admitió los asesinatos de Albán, Pernalete y Acosta Arévalo a manos de funcionarios del Estado. En el caso del para entonces concejal de Primero Justicia descartó la tesis del suicidio, defendida por el mismo desde el 8 de octubre de 2018, cuando Albán cayó de un piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela.
Solórzano explicó que cuando se trata de una violación de derechos humanos cometida por un funcionario de manera aislada y sin que haya una orden superior previa, la CPI no actúa porque corresponde el Estado investigar y sancionar.
Pero recalcó que en los crímenes de lesa humanidad sobre los que la fiscalía de la CPI abrió un expediente sobre Venezuela, hay una cadena de mando que ordenó los asesinatos y se establece un patrón de ataque sistemático contra una población específica que en este caso, es la disidencia contra el gobierno de Maduro.
Por ello, afirmó, no bastan las declaraciones de Saab y la Corte debe abrir el juicio contra los responsables no solo materiales sino quienes ordenaron las ejecuciones.
“Declaraciones de Tarek William Saab del fin de semana ratifican las denuncias según las cuales el Estado venezolano secuestra, tortura y asesina. Eso sí es asociación para delinquir, taparse unos a otros, montar ollas que ahora desmienten”, señaló Guevara.
El expreso político recordó que el fiscal y otros voceros como Diosdado Cabello mantuvieron la tesis del suicidio desde el primer momento de conocerse el trágico suceso y que un funcionario forense denunció que lo obligaron a cambiar el informe de la autopsia para que concordara con esa versión.
“Saab dijo que Fernando Albán solicitó ir al baño y se lanzó al vacío. El 10 de octubre hablaron de videos que supuestamente explicaban la conducta de Albán antes de suicidarse, videos de pedofilia en su teléfono. Ese mismo día habló Diosdado (Cabello) y dijo lo mismo, que no había evidencia de golpes, que se había suicidado según el informe forense”, rechazó.
Justicia para otras víctimas
Guevara trajo a colación además que desde el mío día de la muerte de Pernalete, la Fiscalía y voceros del Gobierno asumieron una campaña pública para hacer ver que al estudiante lo habían asesinado sus propios compañeros y ahora se desdicen.
Similar situación, agregó, sucedió con Acosta Arévalo, de quien antes de aparecer torturado ante el juez del caso y luego asesinado, el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y Cabello, aseguraron que estaba a “buen resguardo de las autoridades” y que ellos estaban en contra de la tortura.
“Son métodos para tapar a los asesinos y generar campaña de desinformación y mentira, que no solo atentan contra la moral sino una conducta psicopática que los hace capaces de cambiar la versión como si no hubiera pasado nada”, cuestionó.
Guevara indicó que si bien son crímenes atroces, no son los únicos casos y que también debe haber justicia en casos como el de Neomar Lander (asesinado en Altamira en 2017) y otros ocurridos durante las masivas protestas contra el Gobierno hace cuatro años. Subrayó que estos delitos no prescriben.
“Hay otras víctimas y familias que exigen justicia. Señor Saab, la buena noticia hubiera sido que usted dijera que el régimen es el responsable de estos crímenes y otros”, dijo Belisario.