Sin nueva directiva en Monómeros no renovarán licencia Ofac, alerta diputado

POLÍTICA · 3 JUNIO, 2022 16:03

Ver más de

Deisy Martínez


¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE
1
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

En una carta con fecha 25 de mayo, el Sindicato de Trabajadores de la empresa colombo-venezolana Monómeros, Sintramonómeros, solicitó con urgencia al embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story,  su mediación para que se evite «la toma hostil» de la compañía de fertilizantes y se renueve cuanto antes la licencia otorgada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (Ofac).

 «Señor embajador, la situación es urgente e impostergable, porque ya se están viviendo efectos de esta demora en la autorización de emisión de licencia, con negativas de su despacho y atención por parte de proveedores de bienes y servicios, anuncios de suspensión inminente de créditos y cobertura de seguros y advertencias de obligación de pagos compulsivos antes de la finalización del mes de junio», se alertó en la misiva.

 El presidente y el secretario general de Sintramonómeros, Víctor Antequera y Carlos Flórez López, respectivamente, señalaron además que la «demora» en la renovación de la licencia ha llevado a quienes ejecutan una «toma hostil» de la filial de Pequiven, a actuar «con mayor determinación» contra la empresa.

 Ante el reclamo de los trabajadores, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Macario González, advirtió que mientras no se proceda a designar una nueva directiva para el activo venezolano con sede en Barranquilla, previa contratación de una empresa independiente que seleccione al recurso humano que llene los perfiles de los cargos y no se realice una auditoría externa, no se renovará la licencia de la Ofac.

 «Hay unas condiciones que la Ofac puso para renovar la licencia que es un saneamiento en la conducción de la empresa con recomendaciones precisas, hechas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, para que haya transparencia en el manejo de los recursos y en el desempeño de la directiva», declaró el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, Macario González a Efecto Cocuyo.

Comisión de Contraloría vuelve a pedir destitución de directiva de Monómeros  

 Citada directiva de Pequiven para el 8 de junio

 Dichas medidas, subrayó González, permitirán que Monómeros restablezca conexión con el sistema financiero nacional e internacional y con los proveedores. Alerta que ante la falta de las acciones necesarias, el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior (después de Citgo) está en peligro porque los acreedores reclaman su parte.

 «Lo que demanda la Comisión de Contraloría es que se atienda a las condiciones de la Ofac para que la empresa pueda repotenciarse. Los requerimientos ya se conocen ahora lo que proceden son las medidas y hemos alertado al respecto», indicó González.

 La respuesta del presidente de la Comisión Delegada Legislativa y del Gobierno interino, Juan Guaidó, de acuerdo con González, es la misma: el tema de Monómeros se discute en la instancia conformada por la directiva de la AN de 2015 y los jefes de las fracciones políticas.

 Sin embargo, se esperaba que la presidenta de la junta directiva ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, diera a los diputados de Contraloría su versión acerca de la inacción sobre Monómeros, pero la funcionaria no asistió a la convocatoria de este jueves 2 de junio. Bracho notificó que a partir del 10 de junio podrá atender cualquier solicitud de los parlamentarios, pero fue citada nuevamente para el próximo miércoles 8 de junio.

 González señaló que para la semana que viene no solo ha sido llamada Bracho sino toda la directiva de Pequiven y que de faltar podrían incurrir en desacato y obstrucción de una investigación del Poder Legislativo.

 «La licencia de la Ofac no se ha vencido pero está por vencerse, Monómeros está en cuenta regresiva y en ese sentido nos dirigimos nuevamente al presidente Guaidó, señalándole que el tiempo corre contra la empresa y la licencia de la Ofac», añadió.

 Reclamos reiterados

 En junio de 2021, Sintramonómeros también denunció la contratación irregular por 15 años de la empresa panameña Lion Street. Se alertó que dicha compañía no contaba con experiencia en el área, no poseía actividad desde su creación y que además el tiempo de contratación excedía lo establecido en los estatutos de Monómeros.

 Dicha contratación forma parte de la diez denuncias que introdujo el diputado José Luis Pirela ante la Fiscalía de Colombia para que inicie una investigación y determine responsabilidades en los presuntos malos manejos administrativos de la empresa de fertilizantes.

 González apuntó que la Comisión de Contraloría rechaza que la directiva de Monómeros, encabezada por su gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, haya respondido a la solicitud de Pirela con una demanda «por causar pánico financiero».

 «Es totalmente absurdo porque la empresa está subordinada al Gobierno interino, sus directivos tienen derecho a la defensa pero no pueden amenazar a un diputado. Pirela tiene inmunidad parlamentaria de acuerdo con la Constitución y el deber y el derecho de solicitar una investigación ante hechos irregulares en el manejo de la cosa pública y lo puede hacer ante cualquier órgano competente», dijo.

 La Superintendencia de Sociedades destapó la olla

 La crisis de Monómeros se hizo pública cuando la Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció su intervención (agosto 2021) por incumplimiento de protocolos de transparencia para evitar blanqueo de capitales y otras irregularidades. Dicho organismo está adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia que se encarga de la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles.

 La medida de intervención SuperSociedades alertaba que la gerencia de Monómeros había incumplido algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

 La medida de SuperSociedades prendió las alarmas sobre supuestos malos manejos en el activo, bajo control del Gobierno interino desde 2019, al punto que en octubre del año pasado fue designada una comisión investigadora que integraba Pirela.

 El grupo viajó a Colombia para reunirse con trabajadores y directivos de Monómeros, además de funcionarios del Gobierno neogranadino y presentó un informe en el que se estableció «conspiración para tomar Monómeros, corrupción y politización» de la junta directiva. El informe generó diferencias entre los miembros, Pirela por ejemplo, advirtió que se omitían responsabilidades de los involucrados.

Conspiración para tomar Monómeros, corrupción y politización: las conclusiones de Comisión Investigadora

 

Previamente, la Comisión de Contraloría llevó a cabo una ronda de interpelaciones a funcionarios de Monómeros, entre ellos Rodríguez Laprea, quien negó los señalamientos y aseguró que la empresa no se perdería en manos de los acreedores.

 En dos oportunidades, octubre y noviembre de 2021, Guaidó intentó que la Delegada aprobara un decreto de reestructuración de la directiva de Monómeros. El decreto 38 fue frenado por parlamentarios de Primero Justicia y Acción Democrática, alegando falta de consulta.

 Desde entonces, el tema quedó relegado hasta que el 25 de mayo, Pirela acude a la Fiscalía colombiana para demandar la investigación, además de alertar que estaba por vencerse la licencia de la Ofac. Contraloría de la AN de 2015 por su parte, se propuso reactivar investigaciones e insistir en la necesidad de la reestructuración.

 Monómeros se defiende

 Desde Monómeros, proveedora de 40% de fertilizantes para el agro colombiano, se asegura que la situación financiera de la empresa es positiva. Mediante un comunicado, la directiva recalcó que no está en quiebra y que se alcanzó en 2021 «una utilidad neta de 58.000 millones de pesos, cifras récord en la mayoría de sus indicadores con respecto a los últimos cinco años».

 También se aseguró que se invirtieron 20.000 millones de pesos en la ejecución de programas de mantenimiento para garantizar la calidad de productos y la eficiencia de las plantas, algo que tanto los diputados de Contraloría como Pirela y el Sindicato de Trabajadores ponen en duda.