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Los llamados a la alta comisionada de DD. HH. de Naciones Unidas, Michell Bachelet, para que ratifique las violaciones de derechos humanos en Venezuela y emprenda acciones más contundentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) continúan en distintos ámbitos, a un año de la presentación de su informe.

Durante el foro Derechos Humanos en Venezuela a un año del Informe de Bachelet, diputadas y familiares de presos políticos manifestaron insatisfacción por las actuaciones de Bachelet y sus comisionados en el país y por el caso omiso a 23 recomendaciones del informe por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además cuestionaron que la alta comisionada, según se afirmó, insista en “aliviar” la responsabilidad del gobierno chavista en la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

“Las  violaciones de derechos humanos son sistemáticas y no hay justificación para que en el informe del 15 de julio esto no se mencione, debe señalar cada uno de los hechos denunciados y remitirlos a la CPI. No estamos satisfechos con el informe ni con los resultados, los DD. HH. en Venezuela son inexistentes”, cuestionó  la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento, diputada Delsa Solórzano.

En una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, el 2 de julio, Bachelet alertó que las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos al régimen chavista persisten. Aunque la alta comisionada también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de la administración de Maduro.

Al respecto, Solórzano ripostó que un informe así “no puede darle las gracias a un dictador”  y que el lenguaje diplomático no puede arropar lo atroz de las violaciones de tales derechos. La diputada estuvo acompañada en el foro por la parlamentaria Adriana Pichardo, la hermana del preso político Vasco Da Costa, Ana María Da Costa y la esposa del  capitán de corbeta asesinado, Rafael Acosta Arévalo, Waleska Pérez. Intervino además el comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky.

30 mil detenciones arbitrarias 

La diputada Pichardo recordó que hace un año Bachelet recomendó la libertad de todos los presos políticos, la necesidad de jueces y fiscales imparciales y en general la independencia del Poder Judicial, pero el gobierno chavista ha hecho caso omiso por completo. Denunció que en las audiencias contra adversarios al régimen, los jueces y fiscales siempre son los mismos y siguen el mismo libreto de irrespeto al debido proceso.

“Cuando visitó el país Bachelet (2019) nunca entró al Sebin, al Dgcim, solo fueron visitas guiadas a cárceles como las de Ramo Verde. Tampoco concuerdo en justificar la crisis del país con sanciones internacionales solo para aliviar las cargas del régimen. Sus acciones no han sido suficientes, queremos que el próximo informe sea transparente y apegado a la verdad”, exigió la legisladora.

Durante su participación, Pichardo reportó la detención arbitraria de 30 mil venezolanos desde el año 2014 y la existencia, a la fecha, de 529 presos políticos, de los cuales 494 son hombres, 35 mujeres, 241 militares, 527 adultos y dos adolescentes.

“Son 30 mil venezolanos víctimas de la persecución en 6 años,  tienen una hoja sucia por culpa del régimen, tienen abierto un expediente por delitos que no cometieron. No son números, son rostros, familias que igual sufren violaciones de DD. HH.”, fustigó.

Alertó igualmente que 17 presos políticos civiles están enfermos y que 20 militares en condiciones médicas graves. De la cifra total también resaltó que diez personas como Juan Márquez y Roberto Marrero, son cercanas al presidente interino Juan Guaidó y que cinco son diputados del Parlamento.

“El hacinamiento de los presos políticos no ha mejorado ni siquiera por la pandemia, sufren aislamiento e incomunicación, los familiares no saben sus condiciones, hay mala alimentación, los torturan y les niegan atención médica”, denunció.

Mencionó  como casos ejemplarizante el del buzo profesional Hugo Marino  (apresado por la Dgcim) que cumple un año y tres meses desaparecido y se desconoce  si está vivo o muerto. También  el del capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano quien, señaló, recibió descargas eléctricas en los testículos y a causa de ello perdió uno. Este militar lideró el ataque armado al Fuerte Paramacay en Carabobo, en 2017 y está recluido en el Sebin.

Vasco Da Costa y el capitán Acosta Arévalo

Ana María Da Costa y Waleska Pérez dieron su testimonio acerca de las detenciones arbitrarias y torturas sufridas por sus familiares. Rechazaron que los abusos no solo continúan contra otros presos políticos sino que se incrementan y que no haya respuesta de ningún organismo.

“Bachelet agradece la cooperación del Gobierno y yo me preguntó ¿será que llevaron a los comisionados de su oficina  a los sótanos de tortura del Dgcim en Boleíta y del Sebin? Estando de visita en el país torturaron y asesinaron a mi esposo,  no le respetaron su derecho a un juicio justo,  16 costillas  rotas, fractura del tabique nasal, latigazos y  a los involucrados solo los condenaron a seis años de prisión”, relató Pérez, visiblemente afectada.

Instó a la alta comisionada a ejercer su potestad y acudir a la CPI para denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, uno de ellos, cometido contra su esposo. Acosta Arévalo fue señalado de integrar un grupo de civiles y militares que planificaron un supuesto golpe de Estado contra el gobierno de Maduro. Fue detenido el 21 de junio de 2019 y el 29 del mismo mes murió bajo custodia de la Dgcim.

Por su parte Da Costa denunció que su hermano ha sido perseguido y detenido desde 2014 sin juicio abierto y sin la posibilidad de defenderse delante de un juez en un proceso justo. Fustigó que no contentos con torturarlo en la cárcel militar de Santa Ana (Táchira), su hermano fue maltratado en el Hospital Militar de Caracas, donde estuvo recluido hasta el 2 de julio por diversas patologías entre ellas, cáncer en un ojo.  Desde ese día, comentó Ana María, no sabe de él, solo que está en la cárcel de Ramo Verde, en los Teques.

Vasco Da Costa estuvo detenido entre 2014 y 2017 a raíz de las protestas convocadas por Leopoldo López. Fue apresado nuevamente el 16 de abril de 2018 tras llamar a la abstención en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

“Saco fuerzas del fondo del alma para seguir y ayudar no solo a mi hermano sino a otros presos, mientras más me dicen que me calle más siento la necesidad de hablar y denunciar. Me acostumbré a que me pusieran un fusil en la cara”, expresó