La oposición venezolana remitió un informe urgente a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia persecución, hostigamiento, detenciones y maltratos por parte de funcionarios de seguridad del Estado a miembros del equipo de Juan Guaidó.

Según el documento, al menos, 10 colaboradores del presidente de la Asamblea Nacional (AN) fueron detenidos, cinco de ellos en las últimas 72 horas, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes, cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana).

El informe denuncia, además, persecución de familiares de opositores, de disidentes, de defensores de los derechos humanos y activistas, así como de periodistas de medios independientes que desarrollan su labor informativa en el país.

“Es necesario mencionar que el círculo cercano del presidente Guaidó ha sufrido constantes amenazas, hostigamientos e intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como de los llamados colectivos armados actuando con amparo del propio régimen de facto”, reitera el documento entregado este sábado, 4 de abril.

Además, denuncia la persecución a Guaidó, a quien el fiscal general, Tarek William Saab, citó a comparecer en la sede del Ministerio Público tras ser señalado de participar en un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el líder opositor, esta citación forma parte de la “persecución” a la que lo somete el Gobierno de Nicolás Maduro “desde hace tiempo”.

El informe, que recoge dicha citación, señala que Guaidó no acudió porque el fiscal fue nombrado por “la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente“.

Por otra parte, el escrito hace especial hincapié en las “detenciones arbitrarias, acoso y otros tratos degradantes contra las novias o esposas” de miembros del equipo de Guaidó y a la práctica “de detener, golpear y amenazar sexualmente a las mujeres con la finalidad de obtener información”.

Otro de los patrones que se denuncia en el documento es “la posibilidad de que se usen despistajes de COVID-19” para acceder a los domicilios, pero “se tratan en realidad de operaciones encubiertas de inteligencia” contra Guaidó, su núcleo familiar, de trabajo y asesoría.

En varios casos han denunciado que previo a la detención, los funcionarios del Estado accedían a las viviendas diciendo que iban a hacer pruebas de despistajes para el nuevo coronavirus; así se denunció, por ejemplo, en el caso del periodista Darvinson Rojas, quien estuvo detenido durante 12 días.

Efe