Delcy Rodríguez tendrá en sus manos la reforma del Sistema de Justicia

POLÍTICA · 15 JUNIO, 2022 16:20

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Ibis Leon | @ibisL


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El paquetazo legislativo que prepara la Asamblea Nacional de mayoría chavista, como parte de la prometida reforma judicial, incluye ahora la Ley del Sistema de Justicia.

El pasado 31 de mayo, el cuestionado Parlamento aprobó la reforma de esta normativa, en primera discusión.

El nuevo contenido, que introduce cambios en ocho artículos y una disposición transitoria, aumenta el control del Ejecutivo en la Comisión Nacional del Sistema de Justicia con la incorporación de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, como coordinadora.

También eleva el número de diputados (de dos a tres), de voceros del poder popular (de uno a dos) y de ministros (de uno a dos) que integrarán dicha instancia y suma a la inspectora general de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Delcy Rodríguez a la cabeza

De aprobarse la reforma, la Comisión Nacional del Sistema de Justicia quedaría integrada por Delcy Rodríguez (vicepresidenta de la República); tres diputados que deben ser designados en sesión plenaria; la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez; el fiscal Tarek William Saab; el defensor del pueblo Alfredo Ruiz y el procurador, Reinaldo Muñoz.

Aunque el fiscal, el defensor y el procurador pueden cambiar dada la intención manifiesta de la AN de designar a nuevos funcionarios a pesar de que no se le ha vencido el periodo a quienes detentan estos cargos.

Adicionalmente, estarán en la comisión el ministro para las relaciones interiores, justicia y paz, Remigio Ceballos; la ministra para el servicio penitenciario, Mirelys Contreras; la inspectora de tribunales, Gladys Requena; y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Guillermo Blanco Vásquez.

Esta comisión tiene una serie de atribuciones importantes, se puede afirmar que es la responsable de llevar a cabo la “reforma judicial”. Las competencias, establecidas en la ley vigente y la propuesta de reforma, son:

1️⃣ Generar las políticas requeridas para el funcionamiento del Sistema de Justicia.

2️⃣ Formular los lineamientos para la integración, coordinación y complementación de los órganos que conforman el Sistema de Justicia.

3️⃣ Analizar el contenido de los proyectos de presupuesto que correspondan a cada órgano que integra el Sistema de Justicia, antes de la presentación individual de ellos en el marco del proceso de elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto Anual, y hacer observaciones, así como recomendaciones.

4️⃣ Evaluar y hacer seguimiento al proceso de transformación de la organización y funcionamiento del Sistema de Justicia y los órganos que lo integran.

5️⃣ Evaluar los resultados, conclusiones y recomendaciones que cada uno de los órganos que integran el Sistema de Justicia presenten de su gestión.

6️⃣ Coordinar el registro, organización, funcionamiento y prestación de servicios de la jurisdicción especial indígena.

7️⃣ Registrar, supervisar y coordinar, la organización, funcionamiento y prestación de servicios de los medios alternativos de solución de conflictos.

8️⃣ Presentar anualmente un informe de la gestión del Sistema de Justicia ante la Asamblea Nacional.

9️⃣ Promover el estudio de la Constitución de la República y las leyes, para fortalecer el ejercicio libre y responsable de la ciudadanía, así como la democracia participativa y protagónica.

🔟 Contribuir con la transformación social del país a través de la participación de quienes laboran en el Sistema de Justicia, para lograr la suprema felicidad del pueblo.

1️⃣1️⃣ Promover los principios fundamentales que deben orientar la actuación de quienes laboran en el Sistema de Justicia, como los son: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la participación, el pluralismo político, la ética y la preeminencia de los derechos humanos, entre otros.

1️⃣2️⃣ Aprobar el programa básico de formación y capacitación de quienes prestan servicio a los órganos del Sistema de Justicia, así como promoverlos para las personas, los consejos comunales y las demás formas de organización y participación social, garantizando su efectivo cumplimiento.

1️⃣3️⃣ Aprobar los convenios relativos a los planes y programas de promoción, formación e investigación presentados como proyectos por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

En la reforma se restan seis funciones a la comisión que tienen que ver con la elección del coordinador (el cargo ya está asegurado para Delcy Rodríguez), la designación y remoción del secretario Ejecutivo que ahora pasa a ser competencia de Rodríguez, el desarrollo del reglamento de funcionamiento de la misma comisión y la posibilidad de crear comisiones especiales.

¿Guiño a la CPI?

Otro aspecto que destaca en la reforma es la incorporación de un nuevo artículo que tiene que ver con la asesoría técnica y la cooperación internacional.

“La Comisión Nacional del Sistema de Justicia contará con el apoyo de organizaciones, asesoras, asesores, expertas y expertos nacionales e internacionales, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas. Solo podrán ser asesoras y asesores, aquellas expertas o expertos de reconocido prestigio con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas.

La Comisión Nacional del Sistema de Justicia podrá contar con la cooperación técnica de organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral”, reza el apartado.

¿Es esto un giño a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país?

Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la respuesta es no. “La interpretación es que el gobierno no piensa gastar ni un bolívar en el sistema de justicia, busca que sea a través de organismos multilaterales que se hagan las inversiones que se necesitan”, afirma.

 El abogado recuerda que un proceso similar ocurrió a inicios de los 2000 cuando se creó el sistema informático de los tribunales, conocido como Juris 2000, con ayuda multilateral.

“Esto es preocupante porque la asistencia de las multilaterales está suspendida por las sanciones, ¿esto significa que en el corto plazo no se harán las inversiones necesarias?, el sistema de justicia está depauperado, hay tribunales que piden consignar hojas de papel para poder responder a las solicitudes que se hacen”, afirma Daniels.

Más control del Ejecutivo

Daniels opina que la reforma de ley “va a formalizar una situación de hecho que es que el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo y los jueces no juzgan, sino que cumplen órdenes”.

“En la conformación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia se le da mucho poder al Ejecutivo con la incorporación de la Vicepresidenta, de más ministros, entre otros. Hay una mayoría de miembros que no pertenece al Poder Judicial y esto va a comprometer más su independencia e imparcialidad”, apunta.

Además, el abogado argumenta que la Ley vigente nunca fue aplicada: “Se está reformando algo que nunca se ha aplicado, esa comisión nunca ha existido, aquí se pone en evidencia que el gobierno está hurgando entre los archivos más abandonados de la administración pública para ver qué puede cambiar. ¿Cómo se hace una reforma si no se sabe si la Ley vigente ha tenido efectos positivos o negativos?”.

El director de Acceso a la Justicia también destaca que la prometida reforma judicial no tiene mayor efecto en el proceso de investigación que lleva la fiscalía de la CPI.

El gobierno venezolano trató de inhibir la acción del fiscal presentando como avances las reformas de 12 leyes. Pero la respuesta del funcionario fue solicitarle autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar su investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos bajo el mandato de Nicolás Maduro.

“El fiscal no pide reformas legales, quiere que se defina a los responsables de los crímenes de lesa humanidad (…) Estas reformas no son más que una farsa institucional para hacer ver que el Poder Judicial cambia, pero no cambia; esto no lo digo yo, lo dice la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet”, concluye.