La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, acusó al procurador especial designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, de favorecer a la petrolera estadounidense ConocoPhillips para que “se apodere” de Citgo.
En declaraciones que ofreció este jueves, 18 de junio, Rodríguez acusó a Hernández de desplazar a la minera canadiense Crystallex que tiene un juicio contra Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, para que “ConocoPhillips se quede con Citgo“.
Acompañada por el procurador de la República designado por Maduro, Reinaldo Múñoz, la funcionaria presentó audios donde Hernández es interpelado por diputados de la Asamblea Nacional (AN) para que explique los litigios que lleva adelante en defensa de Venezuela.
Dijo que Hernández en “connivencia” con el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, buscan que la estadounidense se quede con la filial de Pdvsa en territorio norteamericano.
Sobre Citgo pesa un proceso judicial que inició la minera canadiense Crystallex, en respuesta a la expropiación de la mina Las Cristinas en Bolívar, que decidió el entonces presidente Hugo Chávez en 2008.
En 2011 la canadiense introdujo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un órgano arbitral del Banco Mundial, una demanda en la que solicitó indemnización por los daños ocasionados por la expropiación gubernamental en Venezuela.
En 2016 el Ciadi aprobó el pago por 1.200 millones de dólares a Crystallex, que en 2017 demandó a Venezuela ante una corte en Delaware (EEUU) para que Pdvsa asumiera ese pago. La minera logró que esa corte reconociera a Pdvsa y el Gobierno de Venezuela como una misma entidad jurídica, lo que obligó al gobierno de Maduro a buscar un acuerdo con Crystallex.
Aunque lograron un convenio para el pago, ante el incumplimiento, la Corte de Delaware aprobó que la canadiense tomara el control de Citgo.
Sin embargo, esto no ha ocurrido porque el Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó los activos de la compañía en 2019 y reconoció la representación de Juan Guaidó y a José Ignacio Hernández para defender a la petrolera venezolana.
Proceso reabierto
No obstante, el pasado 22 de mayo un juez federal de la Corte de Delaware ordenó que continuara el proceso de venta de acciones de Citgo para que se cancela la indemnización a Crystallex.
Pero este jueves, Delcy Rodríguez afirmó que ahora Hernández, quien fue representante de ConocoPhillips, quiere que sea esta empresa la que tome el control de la filial de Pdvsa en EEUU.
A pesar de que el Comité de Arbitrajes del Ciadi no ha reconocido a Hernández como representante legal para Venezuela, el pasado 3 de abril el Comité de Anulaciones del Ciadi lo aceptó junto al representante de Maduro para una demanda de ConocoPhillips contra Venezuela.
“Debe abrirse una investigación contra el presidente del Banco Mundial, porque ha actuado en conchupancia con este usurpador (José Ignacio Hernández) para quedarse con Citgo y dársela a ConocoPhillips”, denunció Rodríguez.
Dos demandas de Conoco contra Venezuela
Conoco demandó a Venezuela por 1.500 millones de dólares tras la ruptura de contratos por extracción petrolera en el país. La empresa acudió a la Cámara de Comercio Internacional para exigir este monto, pero fallaron en su contra. Sin embargo, decidieron que debían pagarle 33,7 millones de dólares por el caso del proyecto Corocoro iniciado en 2005 para explotar petróleo criollo a mar abierto.
Además, la estadounidense acudió al Ciadi que en 2019 aprobó que le debían pagar 8.700 millones de dólares por la expropiación de sus instalaciones en Venezuela en el año 2007.
Los pagos serían por tres proyectos donde participó ConocoPhillips, que en 2018 incluso había logrado confiscar propiedades de Pdvsa en Aruba, Bonaire, Curazao y San Eustaquio, pero que después entregó al alcanzar un acuerdo con la Administración de Maduro.
Litigio de Pdvsa contra Morillo y Ramos D’Agostino
Delcy Rodríguez también presentó el caso de una demanda de Pdvsa contra 27 empresas en Panamá, Suiza y Miami, acusadas por la administración de Maduro de tener servidores espejos para robar información de la estatal petrolera y favorecer a este grupo de compañías.
En este caso que se demandó en Miami y Suiza son acusados Francisco Morillo y Ricardo Ramos D’Agostino, hijo del diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.
Volvió acusar a Hernández en este litigio; primero porque en Miami fue representante legal de las empresas acusadas y en Suiza intentó que la representación de Nicolás Maduro no fuese reconocida.
“Eso explica porque en tres oportunidades el señor Ramos Allup lleva a la Asamblea Nacional en desacato tres proyectos de acuerdo para que fuese desconocido el procurador de la República y fuese sancionado por EEUU”, aseguró.
Acusó al secretario general de Acción Democrática de pactar con Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, para que su hijo no fuese investigado a cambio de que AD no participase en procesos electorales.
“El hijo de Ramos Allup está involucrado y está demandado por haber participado en esta estafa durante años”, insistió Rodríguez.
Pero también responsabilizó a Guaidó, presidente de la AN y reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, de ser el jefe de “una banda criminal”.
“El presunto movimiento que preside Juan Guaidó es una organización criminal que busca apoderarse de los activos financieros de nuestro país y en el extranjero”, sentenció.
Y advirtió a López, Juan Guaidó y José Ignacio Hernández que la justicia venezolana actuará en su contra, al señalarlos de ser “una corporación criminal que ha pretendido robar, como en efecto se han apoderado de recursos financieros de Venezuela, pero Venezuela los derrotó a ustedes y los seguirá derrotando. La justicia va a llegar”.
Rodríguez solició a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Hernández y que se le retire su título de abogado “por los delitos que ha cometido contra la nación”.