Entre deudas y default, la posibilidad de embargo sobre Citgo aumenta. La filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) pasa por dias cruciales ante la posibilidad de que sus acciones queden en manos de acreedores, prestamistas y transnacionales ansiosas de poseerlas.
Si bien su propiedad está protegida por la Orden Ejecutiva N° 13.850 del Gobierno de los Estados Unidos, un tribunal federal autorizó a la empresa minera candiense Crystallex cobrar una indemnización por $1.400 millones en activos de Citgo.
¿Qué pasará?
A continuación las claves del caso Crystallex-Pdvsa:
El origen de la demanda radica en el proceso de nacionalización de la mina de oro Las Cristinas llevado a cabo por el entonces presidente Hugo Chávez en 2008. En ese momento revocó la concesión de operación que tenía Crystallex, luego de que tan solo seis años antes, en 2002, él mismo autorizara la explotación de la mina por parte de la empresa canadiense.
Tres años después, en 2011, Crystallex introdujo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un órgano arbitral del Banco Mundial, una demanda en la que solicitó indemnización por los daños ocasionados por la expropiación gubernamental en Venezuela.
El documento se registró el 9 de marzo de 2011 y se extendió hasta el 4 de abril de 2016. Más de cinco años tardó el tribunal arbitral en aprobar y dictaminar a favor de la compañía canadiense el pago de $1.200 millones más intereses por la indemnización.
Un año después, en 2017, Crystallex introdujo una nueva demanda, en esta ocasión en la Corte de Delaware en EEUU, para que fuera la estatal Pdvsa la que asumiera la deuda contraída por el Ejecutivo nacional.
Luego, sin previo aviso, el Gobierno chavista cedió el caso a la petrolera nacional, mientras la empresa minera logró probar ante la corte que Pdvsa y la República eran la misma entidad jurídica.
Es falso que fui abogado en ese caso. En 2017, en mi condición de profesor universitario, actúe como testigo experto independiente de Derecho venezolano. De cualquier modo, al asumir las funciones de Procurador me separé oportunamente de todo lo relacionado con este caso.
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) July 31, 2019
Un acuerdo para pagar que no se cumplió
En noviembre de 2018, el Gobierno de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con Crystallex para pagar, por distintas cuotas, la indemnización.
En su momento, el arreglo suspendió la orden judicial que autorizaba a la minera canadiense hacerse con el control de Citgo.
Sin embargo, a pesar de que se canceló un pago inicial por 425 millones de dólares, de acuerdo con una presentación en la Corte de Justicia de Ontario, la administración chavista no realizó los demás pagos.
Tras el nuevo incumplimiento, Crystallex solicitó ante las autoridades estadounidenses el proceso de subasta de las acciones de Citgo, para así poder honrar el litigio de Pdvsa por $1.400 millones.
Pdvsa apeló la decisión, pero la corte federal la rechazó. Además, ratificó la sentencia con la cual autorizan a Crystallex hacerse con las acciones de la filial Citgo.
La economista Tamara Herrera explicó a Efecto Cocuyo que este no es el único litigio que compromete a Citgo. A ello se suman los acreedores del bono Pdvsa2020, con el que el gobierno de Nicolás Maduro ofreció el 100% de su propiedad como garantía de impago ante los mercado financieros internacionales.
Si bien dicho bono se ha cancelado a tiempo, para finales de este año corresponde el pago de capital por $937 millones. En medio de los choques entre la administración chavista y la del presidente (e) Guaidó, quedan dudas de si podrá pagarse en los próximos meses.
Dimes y diretes
Dos posiciones completamente distintas se desprenden del caso: mientras el chavismo culpa a los representantes de Juan Guaidó de querer “robarse” los activos del país, el presidente (e) afirma que busca protegerlos de los embargos.
El gobernante Nicolás Maduro acusó al abogado José Ignacio Hernández, procurador especial del país nombrado por Guaidó, de ser responsable de la acción de embargo contra Citgo.
Por su parte, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello los vincula con un “gran fraude” para presuntamente quedarse con $1.200 millones.
“Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para poner a salvo los activos del país”, respondió Guaidó.
Sus representantes, además, informaron sobre la autorización del Tribunal de Delaware para plantear nuevos alegatos en primera instancia sobre el caso de indemnización a la minera canadiense Crystallex.
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