La ONG Acceso a la Justicia informó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó que existe «inacción» de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela, y que son objeto del examen preliminar que desarrolla ese organismo desde 2018.
«Es la primera información que da la Fiscalía de la CPI sobre este punto. Ya, anteriormente, señaló que en Venezuela autoridades del Estado, en especial fuerzas de seguridad militares y policiales, habían cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad.
«Esto significa que en el caso conocido como Venezuela I ante la CPI solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución», aclaró Acceso a la Justicia.
El pasado 8 de agosto se hizo público el último documento que estaba pendiente por publicarse de parte de la Fiscalía de la CPI con motivo del recurso dilatorio del fiscal del gobierno de Nicolás Maduro Tarek Willian Saab.
En ese documento se confirma, dijo la ONG, que la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad: el mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI.
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Qué hay en el informe
“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan.
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La Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) – (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
El informe, fechado 15 de junio y publicado este martes, es parte de la última etapa del análisis preliminar de decidir o verificar si en Venezuela hay esa disposición para investigar los delitos de lesa humanidad.
Señala además que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.
Entre los delitos cometidos por las fuerzas del gobierno chavista el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
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Aparecen como responsables de estos crímenes, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzas de Acción Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Con las conclusiones de Fatou Bensouda, de acuerdo a lo adelantado por Acceso a la Justicia, queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución, para establecer la responsabilidad penal individual de los hechos de represión cometidos en Venezuela desde -al menos- abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados.