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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un primer mensaje, a través de su portavoz de la Casa Blanca, en el que ratifica que su meta es lograr una transición en Venezuela a través de elecciones libres. También reafirma que el multilateralismo será prioridad en su estrategia.

El internacionalista y miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) Iván Rojas considera probable que el nuevo mandatario presione a través de distintos mecanismos (sanciones e incentivos) a los aliados de Nicolás Maduro: China, Rusia y Cuba para que cooperen en la búsqueda de una transición política en Venezuela.

“La administración de Biden ya ha hablado de hacer sentir a los gobiernos que apoyan a Maduro la presión de las sanciones. No sirve de nada sancionar a Venezuela en un área si uno de sus socios ayuda al gobierno. Entonces se tiene que presionar efectivamente a los socios”, expone.

En su opinión, Cuba es uno de los actores clave porque presta apoyo a Venezuela en materia de inteligencia y seguridad nacional lo que ha permitido neutralizar cualquier disidencia en los componentes militares.

Estados Unidos puede ofrecer el relajamiento de las sanciones y la cooperación en algunas áreas al régimen cubano que atraviesa una compleja crisis económica y recibe cada vez menos auxilio de su aliado ideológico, señala Rojas.

“Las relaciones diplomáticas en el gobierno de Donald Trump eran más transaccionales, Biden va a asumir un enfoque más político y tratará de enlazar diferentes actores. Su política exterior hacia Rusia y China estará relacionada con Venezuela y no solo se basará en una competencia a nivel comercial y económica”, explica.

El analista internacional también integrante de Covri Eloy Torres comparte la opinión de que el presidente estadounidense implementará distintos mecanismos para lograr una acción conjunta que involucre a los aliados del chavismo gobernante.

“Biden tendrá que reevaluar las sanciones porque estas no son un fin en sí mismo sino medios para lograr distintos objetivos. Debe considerar si son la vía para lograr una cooperación de China, Rusia y Cuba. Su estilo posiblemente sea más diplomático y racional sin escándalos mediáticos como Trump”, argumenta.

Los problemas internos en estos países también son un factor a considerar. Torres subraya que el presidente ruso Vladimir Putin no la tiene fácil con los movimientos disidentes que reclaman un cambio de gobierno.

Política bipartidista

El mensaje emitido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki confirma que la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, Añade.

El internacionalista Iván Rojas también cree que la nueva administración comparte los mismos objetivos que la anterior aunque la estrategia será distinta. “El ahora secretario de Estado (Antony Blinken) hizo un gesto de continuidad en su audiencia ante el senado con su respuesta al senador Marco Rubio”, destaca.

Blinken en su comparecencia se refirió a Maduro como un “dictador brutal” y reiteró el reconocimiento al dirigente opositor Juan Guaidó y a la Comisión Delegada Legislativa.

“El objetivo de lograr una transición es el mismo, lo que cambia es cómo llegar a eso. Trump se enfocó más en su papel de máxima presión, en cambio Bien va a buscar más negociación”, sostiene.

Crisis de legitimidad

No solo el gobierno de Nicolás Maduro vive una crisis de legitimidad porque las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020 son desconocidas por una parte de la comunidad internacional, la oposición que lidera Juan Guaidó también perdió reconocimiento como Poder Legislativo.

La Unión Europea considera a Guaidó y al sector que lo acompaña como actores privilegiados más no como diputados y es Europa la que se perfila como el gran aliado de Estados Unidos.

“Lo que unificaba a la oposición era la legitimidad entorno a la Asamblea Nacional, no era una figura carismática ni un bloque de partidos sólidos, y esa legitimidad ahora está en entredicho, está en crisis, y esto tendrá costos políticos”, apunta Rojas.

Ambos analistas prevén un ajuste de las sanciones hacia Venezuela, lo que no implica un relajamiento de las mismas, pero sí su uso más «inteligente» y focalizado.