Constitucionalistas advierten que Contraloría hizo una investigación expedita contra Guaidó - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 28 MARZO, 2019 20:44

Constitucionalistas advierten que Contraloría hizo una investigación expedita contra Guaidó

Texto por Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24

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Este 28 de marzo, Juan Guaidó fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos. De acuerdo con constitucionalistas consultados, la investigación realizada por el órgano del Estado no cumplió con los lapsos legales. Aseguran que se trata de una decisión expedita contra el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.

Juan Carlos Apitz, coordinador Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría el proceso administrativo debe cumplir al menos 30 días desde que se abre la investigación. El contralor, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso aseguró que el 11 de febrero había iniciado la misma.

“Un mes tiene 20 días hábiles y entre febrero hasta la fecha se decretaron varios días no laborables. Las cuentas no dan”, calculó Apitz. Para que el proceso de la contraloría cumpliera los lapsos legales, la decisión tuvo que haberse tomado en la primera semana de abril. Desde el martes 26 de marzo al jueves 28 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro se vio obligado a suspender las actividades laborales por el megaapagón.

“Esta es la justicia venezolana, rápida para el enemigo y lenta para los amigos”, analizó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, ONG que hace seguimiento a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El constitucionalista destacó la ilegitimidad de Amoroso. “Este funcionario fue designado por un órgano inconstitucional: la ANC. Por tanto carece de legitimidad en sus actuaciones”, dijo.

Objeción de la CorteIDH

Daniels recordó que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogó como una violación a los derechos humanos y convenios internacionales la inhabilitación política y administrativa de un funcionario público sin consentimiento de un juez.

El director de Acceso a la Justicia se refiere a la sentencia del 12 de septiembre de 2012, en la que se trató el caso de la inhabiltiación política de Leopoldo López en 2008.

López fue sancionado primero por una donación que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dio en 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia y después por un traspaso de dinero de una partida a otra que autorizó en 2002 cuando era Alcalde de Chacao.

“En esa decisión la CorteIDH señaló que las leyes venezolanas que permitían inhabilitar solo por un ente administrativo y no judicial eran contrarias a la Convención Interamericana”, apuntó y catalogó la investigación del contralor venezolano como poco transparente.

Inhabilitación a futuro

Otra irregularidad observada por el constitucionalista Apitz es la falta de pertinencia de la investigación. “Cada año, los funcionarios públicos deben entregar una declaración jurada de sus bienes y es cuando la Contraloría puede llamar para verificar información. Como diputado Guaidó no maneja dinero público y su año como presidente de la Asamblea Nacional no ha terminado”, precisó.

Apitz recordó que las normas venezolanas determinan que los funcionarios inhabilitados pueden culminar su gestión para el periodo en el que fueron elegidos. Por tanto, Guaidó puede terminar su desempeño como presidente de la AN y diputado, aunque no pueda postularse para nuevos cargos públicos.

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