Conozca qué contiene el informe final sobre Monómeros de la Comisión de Contraloría 2015  

POLÍTICA · 22 JULIO, 2022 21:20

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Deisy Martínez


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La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 dio por concluida su investigación sobre la situación de la empresa colombo-venezolana Monómeros, con la presentación de un informe final que ratifica los señalamientos sobre irregularidades detectadas en la administración de la filial de Pequiven, durante la gestión de la directiva actual.  

La instancia parlamentaria, presidida por el diputado de 2015 Macario González, consideró que existen elementos suficientes para que el pleno del Parlamento con mayoría opositora declare la responsabilidad política del gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, y de su superior jerárquico, la presidenta de Pequiven, Diana Bracho, ambos nombrados por Juan Guaidó.

 En vista de que a la fecha sigue sin producirse la demandada reestructuración de la directiva del activo venezolano con sede en Barranquilla, pese al acuerdo de la AN de 2015 que lo ordena (14 de junio), la Comisión de Contraloría vuelve a insistir sobre la medida, a pocas semanas de asumir el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien amenaza con devolver la empresa a la gestión de Nicolás Maduro.

A continuación algunas claves del informe aprobado este jueves 21 de julio por siete diputados (de 12 que conforman la Comisión) de Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT), Alianza Lápiz y Alianza Bravo Pueblo:

Responsabilidad política

 Por lesionar prestigio de la empresa. «Por estar incurso en actuaciones públicas, notorias, documentadas, que lesionaron el buen prestigio de la empresa, llevándola a una situación lamentable», la Comisión de Contraloría recomienda al pleno de la AN de 2015, declarar la responsabilidad política del actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea. También exigen su destitución «inmediata».

En el informe se le señala al ingeniero Rodríguez Laprea de:

.- Suscribir un contrato irregular con la empresa panameña de «dudosa reputación» LyonStreet, de la cual fue representante, por 15 años, por lo que hubo conflicto de intereses. El contrato establecía 60% de participación para la empres panameña y 40% para Monómeros.

.- Responsable por el «rudo golpe institucional» que creó la desconfianza de proveedores, banca nacional e internacional y de la Superintendencia de Colombia que optó por la intervención de Monómeros, desde agosto de 2021. La medida fue ratificada en diciembre de ese año.

.- Ocultar información requerida por la Comisión durante la investigación como por ejemplo la contratación por parte de Monómeros del bufete Global Strategic Initiative PLLC, ligada al diplomático estadounidense, Otto Reich.

Por omisión. La instancia parlamentaria solicita las mismas sanciones contra la presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, «puesto que no atendió con el debido celo y celeridad, la responsabilidad que su alto cargo le impone de velar por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la junta directiva de Monómeros. Esto, pese a diversas solicitudes del presidente (e) Guaidó.

«Las respuestas siempre fueron evasivas, solicitando plazos para cumplir las solicitudes que se le hicieron por la vía del presidente encargado, Juan Guaidó; lo que hace presumir a esta Comisión que no hubo ni intención ni disposición de producir los cambios demandados con urgencia en la referida empresa, para que todo quedara igual o peor, con severos daños a este importante activo de la República», refleja el informe.

Exonerados

 Libre de culpa. En el informe se libra de cualquier responsabilidad al presidente del Gobierno interino, Juan Guaidó, por cuanto «tuvo las manos atadas» a la hora de tomar medidas sobre la empresa, por causa de factores políticos en la AN de 2015. Ello no aparece expresamente en el documento pero fue expresado por los diputados antes y durante la reunión de este 21 de julio.

 Sí se señala en el escrito que Guaidó estuvo al tanto de la investigación (gestiones en búsqueda de información e interpelaciones) que se realizaba, a través de comunicaciones que le envió la Comisión de Contraloría.

Tampoco se aluden a responsabilidades directas de algún otro diputado o fracción política por la situación de la filial de Pequiven. Sin embargo, verbalmente, diputados como Ismael León de Alianza del Lápiz han señalado directamente a factores de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia y algunos diputados de VP y UNT de bloquear cualquier acción contra la directiva de Monómeros desde la AN de 2015.

De hecho se atribuye a AD la postulación para el nombramiento tanto de Rodríguez Laprea como de Bracho.

Insisten en reestructuración

 Reestructuración total. Los diputados de 2015 dejaron plasmada una vez más la solicitud de «reestructuración total» de la junta directiva de Monómeros, contratar una empresa «caza talentos» para la postulación de nuevos integrantes y que se le haga una auditoría interna a la empresa de fertilizantes.

Protección de activos. La Comisión solicita una vez más al Parlamento de 2015 en pleno que actúe legal y administrativamente para proteger los activos de la República, bajo el control del Gobierno interino desde 2019.

A la instancia le preocupa que continúe recayendo sobre la AN «legítima» y sobre la presidencia encargada la «descomunal campaña de desprestigio» por los hechos de corrupción detectados en la administración de Monómeros «que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos».

El origen

 Punto de partida. La Comisión de Contraloría explicó que la investigación en dicha instancia comenzó a raíz de la denuncia del Sindicato de Trabajadores de Monómeros (18 de junio de 2021) sobre la contratación irregular de la empresa LyonStreet por parte de Rodríguez Laprea.

«En el corto tiempo de indagación que hemos tenido, la información obtenida acerca de la empresa panameña con “vasta experiencia”, constituida en 2018, esta no tiene registrado aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad desde su creación», fue la alerta del Sindicato recogida en el informe.

Intervención de SuperSociedades. La Comisión resalta igualmente la medida de intervención de Superintendencia de Sociedades de Colombia mediante resolución No. 301-004466 por presuntas irregularidades en materia de Sistema de Autogestión del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esto como consecuencia directa de faltas como el contrato con LyonStreet que pese a que fue revocado causó daño reputacional.

Asimismo, por incumplimiento del Programa de Trasparencia y Ética Empresarial, ante ausencia de firmas en actas de la junta directiva, de orden administrativo en relación a las consecuencias patrimoniales del contrato suscrito entre Monómeros y LyonStreet, traslado de personal como represalia por desacuerdo con políticas del gerente general de Monómeros, entre otras irregularidades.

A juicio de la comisión tales señalamientos revelaron situaciones críticas de la empresa de orden económico, jurídico y administrativo que demandaba una investigación profunda y la toma de correctivos.

«¿Cómo pudo llegar una empresa tan potente a una situación que ameritara su intervención? La respuesta está en una gerencia que la involucró en «negocios jurídicos» de dudosa factura técnica y financiera de la cual no ha podido salir, según la opinión emitida por el representante de la Comisión de Empalme del Presidente Electo de Colombia con la empresa Monómeros, como resultado de su primera visita a la misma», señala el informe.

Limitaciones en la investigación

Rechazo. La Comisión también dejó por escrito su rechazo a la designación por parte de la AN de 2015, de una Comisión Especial de Control y Supervisión sobre la situación actual de Monómeros integrada por los parlamentarios Bibiana Lucas (PJ), José Luis Pirela (16 de Julio), Yorman Barillas, José Hernández (UNT) y Marco Aurelio Quiñones (VP). Advirtieron que la conformación de dicho grupo interrumpió y paralizó la investigación iniciada por Contraloría durante el mes de octubre de 2021.

«La dificultad principal antes señalada, nos llevó a concentrar nuestro trabajo sobre la responsabilidad de quienes tienen la titularidad de los más altos cargos de la empresa Monómeros y Pequiven» justificó la Comisión en cuanto a que en el informe solo se señalan responsabilidades de Rodríguez Laprea y Bracho.

Persisten irregularidades. En el informe se advierte igualmente que no han cesado las suscripciones de acuerdos y contratos que «incumplen con la normativa legal y los estatutos» Monómeros. Contraloría de la AN de 2025 alude a un acuerdo y contrato mercantil con la empresa Acepalma (plata de fertilizantes), perteneciente al grupo Daabon.

«Igualmente, se contrató a través de la empresa Monómeros el bufete DLA PIPER, generándose otro conflicto de intereses, puesto que el mencionado escritorio jurídico representa a las empresas a Smartmatic y Rosneft en reclamos o demandas contra la República», indica el documento.

Copia a Colombia. La Comisión de Contraloría informó que hará entrega del informe tanto a SuperSociedades de Colombia, que mantiene una medida de intervención sobre Monómeros desde 2021, como a la comisión de enlace entre el Gobierno saliente de Iván Duque y el equipo de Petro.

 

POLÍTICA · 10 AGOSTO, 2022

Conozca qué contiene el informe final sobre Monómeros de la Comisión de Contraloría 2015  

Texto por Deisy Martínez

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 dio por concluida su investigación sobre la situación de la empresa colombo-venezolana Monómeros, con la presentación de un informe final que ratifica los señalamientos sobre irregularidades detectadas en la administración de la filial de Pequiven, durante la gestión de la directiva actual.  

La instancia parlamentaria, presidida por el diputado de 2015 Macario González, consideró que existen elementos suficientes para que el pleno del Parlamento con mayoría opositora declare la responsabilidad política del gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, y de su superior jerárquico, la presidenta de Pequiven, Diana Bracho, ambos nombrados por Juan Guaidó.

 En vista de que a la fecha sigue sin producirse la demandada reestructuración de la directiva del activo venezolano con sede en Barranquilla, pese al acuerdo de la AN de 2015 que lo ordena (14 de junio), la Comisión de Contraloría vuelve a insistir sobre la medida, a pocas semanas de asumir el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien amenaza con devolver la empresa a la gestión de Nicolás Maduro.

A continuación algunas claves del informe aprobado este jueves 21 de julio por siete diputados (de 12 que conforman la Comisión) de Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT), Alianza Lápiz y Alianza Bravo Pueblo:

Responsabilidad política

 Por lesionar prestigio de la empresa. «Por estar incurso en actuaciones públicas, notorias, documentadas, que lesionaron el buen prestigio de la empresa, llevándola a una situación lamentable», la Comisión de Contraloría recomienda al pleno de la AN de 2015, declarar la responsabilidad política del actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea. También exigen su destitución «inmediata».

En el informe se le señala al ingeniero Rodríguez Laprea de:

.- Suscribir un contrato irregular con la empresa panameña de «dudosa reputación» LyonStreet, de la cual fue representante, por 15 años, por lo que hubo conflicto de intereses. El contrato establecía 60% de participación para la empres panameña y 40% para Monómeros.

.- Responsable por el «rudo golpe institucional» que creó la desconfianza de proveedores, banca nacional e internacional y de la Superintendencia de Colombia que optó por la intervención de Monómeros, desde agosto de 2021. La medida fue ratificada en diciembre de ese año.

.- Ocultar información requerida por la Comisión durante la investigación como por ejemplo la contratación por parte de Monómeros del bufete Global Strategic Initiative PLLC, ligada al diplomático estadounidense, Otto Reich.

Por omisión. La instancia parlamentaria solicita las mismas sanciones contra la presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, «puesto que no atendió con el debido celo y celeridad, la responsabilidad que su alto cargo le impone de velar por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la junta directiva de Monómeros. Esto, pese a diversas solicitudes del presidente (e) Guaidó.

«Las respuestas siempre fueron evasivas, solicitando plazos para cumplir las solicitudes que se le hicieron por la vía del presidente encargado, Juan Guaidó; lo que hace presumir a esta Comisión que no hubo ni intención ni disposición de producir los cambios demandados con urgencia en la referida empresa, para que todo quedara igual o peor, con severos daños a este importante activo de la República», refleja el informe.

Exonerados

 Libre de culpa. En el informe se libra de cualquier responsabilidad al presidente del Gobierno interino, Juan Guaidó, por cuanto «tuvo las manos atadas» a la hora de tomar medidas sobre la empresa, por causa de factores políticos en la AN de 2015. Ello no aparece expresamente en el documento pero fue expresado por los diputados antes y durante la reunión de este 21 de julio.

 Sí se señala en el escrito que Guaidó estuvo al tanto de la investigación (gestiones en búsqueda de información e interpelaciones) que se realizaba, a través de comunicaciones que le envió la Comisión de Contraloría.

Tampoco se aluden a responsabilidades directas de algún otro diputado o fracción política por la situación de la filial de Pequiven. Sin embargo, verbalmente, diputados como Ismael León de Alianza del Lápiz han señalado directamente a factores de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia y algunos diputados de VP y UNT de bloquear cualquier acción contra la directiva de Monómeros desde la AN de 2015.

De hecho se atribuye a AD la postulación para el nombramiento tanto de Rodríguez Laprea como de Bracho.

Insisten en reestructuración

 Reestructuración total. Los diputados de 2015 dejaron plasmada una vez más la solicitud de «reestructuración total» de la junta directiva de Monómeros, contratar una empresa «caza talentos» para la postulación de nuevos integrantes y que se le haga una auditoría interna a la empresa de fertilizantes.

Protección de activos. La Comisión solicita una vez más al Parlamento de 2015 en pleno que actúe legal y administrativamente para proteger los activos de la República, bajo el control del Gobierno interino desde 2019.

A la instancia le preocupa que continúe recayendo sobre la AN «legítima» y sobre la presidencia encargada la «descomunal campaña de desprestigio» por los hechos de corrupción detectados en la administración de Monómeros «que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos».

El origen

 Punto de partida. La Comisión de Contraloría explicó que la investigación en dicha instancia comenzó a raíz de la denuncia del Sindicato de Trabajadores de Monómeros (18 de junio de 2021) sobre la contratación irregular de la empresa LyonStreet por parte de Rodríguez Laprea.

«En el corto tiempo de indagación que hemos tenido, la información obtenida acerca de la empresa panameña con “vasta experiencia”, constituida en 2018, esta no tiene registrado aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad desde su creación», fue la alerta del Sindicato recogida en el informe.

Intervención de SuperSociedades. La Comisión resalta igualmente la medida de intervención de Superintendencia de Sociedades de Colombia mediante resolución No. 301-004466 por presuntas irregularidades en materia de Sistema de Autogestión del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esto como consecuencia directa de faltas como el contrato con LyonStreet que pese a que fue revocado causó daño reputacional.

Asimismo, por incumplimiento del Programa de Trasparencia y Ética Empresarial, ante ausencia de firmas en actas de la junta directiva, de orden administrativo en relación a las consecuencias patrimoniales del contrato suscrito entre Monómeros y LyonStreet, traslado de personal como represalia por desacuerdo con políticas del gerente general de Monómeros, entre otras irregularidades.

A juicio de la comisión tales señalamientos revelaron situaciones críticas de la empresa de orden económico, jurídico y administrativo que demandaba una investigación profunda y la toma de correctivos.

«¿Cómo pudo llegar una empresa tan potente a una situación que ameritara su intervención? La respuesta está en una gerencia que la involucró en «negocios jurídicos» de dudosa factura técnica y financiera de la cual no ha podido salir, según la opinión emitida por el representante de la Comisión de Empalme del Presidente Electo de Colombia con la empresa Monómeros, como resultado de su primera visita a la misma», señala el informe.

Limitaciones en la investigación

Rechazo. La Comisión también dejó por escrito su rechazo a la designación por parte de la AN de 2015, de una Comisión Especial de Control y Supervisión sobre la situación actual de Monómeros integrada por los parlamentarios Bibiana Lucas (PJ), José Luis Pirela (16 de Julio), Yorman Barillas, José Hernández (UNT) y Marco Aurelio Quiñones (VP). Advirtieron que la conformación de dicho grupo interrumpió y paralizó la investigación iniciada por Contraloría durante el mes de octubre de 2021.

«La dificultad principal antes señalada, nos llevó a concentrar nuestro trabajo sobre la responsabilidad de quienes tienen la titularidad de los más altos cargos de la empresa Monómeros y Pequiven» justificó la Comisión en cuanto a que en el informe solo se señalan responsabilidades de Rodríguez Laprea y Bracho.

Persisten irregularidades. En el informe se advierte igualmente que no han cesado las suscripciones de acuerdos y contratos que «incumplen con la normativa legal y los estatutos» Monómeros. Contraloría de la AN de 2025 alude a un acuerdo y contrato mercantil con la empresa Acepalma (plata de fertilizantes), perteneciente al grupo Daabon.

«Igualmente, se contrató a través de la empresa Monómeros el bufete DLA PIPER, generándose otro conflicto de intereses, puesto que el mencionado escritorio jurídico representa a las empresas a Smartmatic y Rosneft en reclamos o demandas contra la República», indica el documento.

Copia a Colombia. La Comisión de Contraloría informó que hará entrega del informe tanto a SuperSociedades de Colombia, que mantiene una medida de intervención sobre Monómeros desde 2021, como a la comisión de enlace entre el Gobierno saliente de Iván Duque y el equipo de Petro.